El discurso político del candidato presidencial Pedro Castillo y en particular, su intención de nacionalizar las empresas mineras va de la mano con una serie de conflictos sociales que han estado ocurriendo en el país en los últimos años. Como se sabe, la gran mayoría de dichos conflictos ocurren en zonas rurales y marginadas en donde los habitantes miran con suma sospecha muchas de las inversiones mineras en gran parte por la percepción que dicha inversión no revertirá en el beneficio de los habitantes de la zona.
Sorprendentemente, no existen estudios empíricos que ayuden a entender si los conflictos sociales en las zonas mineras pueden estar asociados con un desincentivo en mantener participación accionaria en las mismas. Esto se debe a la escasez de datos a nivel microeconómico, así como al hecho que es difícil conseguir una masa crítica de observaciones para hacer efectuar estudios empíricos suficientemente robustos.
Existen algunos estudios relacionados que son relevantes a nuestra pregunta. Por ejemplo, Henisz et al. (2014) muestra que los conflictos sociales afectan la habilidad de las empresas para levanta capital. Similarmente Steinberg (2019) indica que los conflictos sociales producen respuestas estratégicas en las empresas mineras, las cuales pueden resultar en impactos adversos en la economía local. Finalmente, Franks et al. (2011) argumenta que los conflictos sociales pueden reducir la productividad de las empresas a través del incremento tanto en los costos de producción como en los costos de oportunidad del capital invertido.
Junto con Paul Haslam, de la Universidad de Ottawa, utilizamos datos geo-referenciados y recolectados de 640 minas que además del Perú, incluyen a Argentina, Chile, Brasil y México. Para el caso específico de nuestro país, el número de minas consideradas son 136 y el número de conflictos sociales es de 48[1]. Nuestra muestra es de corte transversal e incluye observaciones en el período que va de 2010 al 2014.
Como mencioné anteriormente, nosotros analizamos si los conflictos sociales están negativamente asociados a la propiedad de minas. En particular, nos centramos en el dueño con mas acciones, es decir, la persona natural o jurídica de mayor participación accionaria. La razón para hacer esto es porque el accionista con el mayor número de acciones es típicamente responsable de mucho de los aspectos operacionales de la empresa, incluyendo además las relaciones comunitarias y temas relacionados con la visibilidad de la “marca” y relaciones públicas.
Con el fin de explorar nuestra pregunta, nosotros utilizamos tres indicadores de conflicto social: (i) presencia de conflicto en la mina; (ii) duración del conflicto en número de días e (iii) intensidad del conflicto (inexistente, bajo y alto)[2]. Empíricamente, estimamos la siguiente especificación a nivel de minas (i):
Propiedadi = β + α Conflictoi + δ Condicionesi + γ TipoMinai + εi
donde, como explicamos anteriormente, Propiedad se refiere a la persona natural o jurídica con el mayor número de acciones en la empresa minera[3]. Conflicto captura conflicto social de acuerdo a las tres categorías descritas anteriormente, éstas son, presencia, duración e intensidad del conflicto. Condiciones se refiere a características de los hogares, incluyendo acceso a agua y desagüe, mortalidad infantil, porcentaje de población indígena y edad. TipoMina se refiere a si el tipo de extracción de la mina es a tajo abierto, dado que las mismas podrían exacerbar conflictos dado su mayor potencial contaminador. Finalmente, e es un término de error. Las regresiones incluyen efectos fijos de país, mina, efecto fijo por tipo de mineral, y clusters a nivel de mina.
Utilizando este sencillo enfoque, encontramos que todas las variables que capturan conflicto social producen coeficientes negativos que son estadísticamente significativos a uno por ciento. En el caso específico del Perú hallamos que la presencia de conflictos sociales está asociado con una reducción de alrededor de 14 por ciento en la propiedad de acciones del dueño con mayor participación accionaria. Similarmente, encontramos que el incremento en un día adicional en la duración de conflictos está vinculado con una reducción de alrededor de 8 por ciento en propiedad de una empresa minera. La intensidad del conflicto también importa: a mas severo es el conflicto, mayor será la reducción accionaria del propietario con mayor número de acciones, la cual se estima entre cinco y ocho por ciento par el caso peruano.
Sin lugar a dudas, estos resultados son consistentes con el hecho que vender la participación accionaria está relacionada a una estrategia de diversificación en respuesta a las presiones creadas por el conflicto y son consistentes con los hallazgos Henisz, et al., (2014), Franks et al., (2014) y Steinberg (2019).
Nuestro resultado confirma una vez mas que dentro del contexto de la actual campaña presidencial, un discurso político que exacerbe potenciales conflictos sociales puede traer consecuencias particularmente negativas en términos de inversión.
Bibligrafía
Franks DM, Davis R, Bebbington AJ, Ali SH, Kemp D, Scurrah M (2014) Conflict translates environmental and social risk into business costs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America – PNAS 111(21): 7576-7581
Chong A. and P. Haslam (2020) “Social Conflict in Rural Regions and Firm Ownership: Evidence from The Mining Sector in Latin America”, December, Latin American Economic Review, 1-22.
Henisz W, Dorobantu S, Nartey, LJ (2014) Spinning Gold: The Financial Returns to Stakeholder Engagement. Strategic Management Journal 35: 1727-1748
Steinberg J (2019). Mining, Communities, and States: The Local Politics of Natural Resource Extraction in Africa. Cambridge University Press, Cambridge
Tabla 1
Estadísticas Descriptivas
| Promedio
|
Desviación Estándar | Min
|
Max | |
| Propietario mayoritario | 93.14 | 14.637 | 50 | 100 |
| Dummy de conflicto | 0.482 | 0.321 | 0 | 1 |
| Duración de conflicto | 69.35 | 43.25 | 1 | 198 |
| Severidad de conflicto | 1.323 | 0.242 | 0 | 2 |
| No agua potable en casa | 0.711 | 0.147 | 0 | 1 |
| Mortalidad infantil (%) | 0.358 | 0.242 | 0.165 | 0.835 |
| Poblacion indígena (%) | 0.902 | 0.125 | 0.795 | 0.984 |
| Agua con tuberías (%) | 0.464 | 0.363 | 0 | 1 |
| Edad 20-59 (%) | 0.535 | 0.261 | 0453 | 0.721 |
| Mina en subsuelo | 0.352 | 0.321 | 0. | 1 |
Fuente: Chong y Haslam (2020)
Tabla 2
Conflicto Social y Propiedad Privada
| Variable Dependiente
Propietario Mayoritario (%) |
|||
|
Presencia de Conflicto |
-11.717*** | ||
| (3.171) | |||
| Duración de Conflicto | -5.850*** | ||
| (1.786) | |||
| Intensidad de Conflicto | -3.292*** | ||
| (1.106) | |||
| Hogares sin Agua | 0.084 | 0.090 | 0.096 |
| (0.067) | (0.067) | (0.070) | |
| Mortalidad Infantil | -0.443** | -0.455** | -0.423** |
| (0.187) | (0.183) | (0.185) | |
| Población Indígena | -0.048 | -0.047 | -0.057 |
| (0.099) | (0.100) | (0.099) | |
| Edad 20-59 | 0.157 | 0.155 | 0.158 |
| (0.228) | (0.228) | (0.230) | |
| Mina en Subsuelo | 4.514** | 4.627** | 4.637** |
| (2.211) | (2.247) | (2.252) | |
| Constante | 92.664*** | 92.324*** | 90.327*** |
| (9.960) | (9.886) | (10.868) | |
| Pseudo R-squared | 0.119 | 0.110 | 0.100 |
| Test F | 2.827 | 2.794 | 2.509 |
| Observaciones | 363 | 363 | 363 |
(**) Estadísticamente significativo al cinco por ciento; (***) Estadísticamente significativo al uno por ciento. Las regresiones incluyen efectos fijos, efectos de vecindario y clusters a nivel de vecindario. Por razones de espacio, algunos controles han sido omitidos). Si bien el número total de minas georreferenciadas es de 640, la falta de datos reduce el total de observaciones a 363. Fuente: Chong and Haslam (2020)
* Basado en Chong y Haslam (2020)
[1] El numero total de conflictos en nuestra muestra es de 133.
[2] Esta ultima clasificación es hecha por nosotros en medios de comunicación escritos. En el caso especifico del Perú utilizamos diarios de circulación nacional (El Comercio y La Republica) e información de la Defensoría del Pueblo.
[3] Es importante señalar que tener el mayor número de acciones no necesariamente significa mas del cincuenta por ciento del total de acciones.
