Las políticas sociales en Chile han sido diseñadas bajo ciertos principios que son también los que inspiran la Constitución de 1980: seguridad privada e individual, Estado mínimo y subsidiario y privatización de la institucionalidad. En términos muy específicos esto implica que cada individuo debe prever como se asegura para tiempos difíciles (cada uno se cuida a sí mismo), como por ejemplo las cuentas privadas de ahorro, ayudas mínimas del Estado para quienes no pueden hacerlo, y una importante provisión del sector privado. Así, una de las consecuencias más importantes de esta crisis Covid-19 para la política pública será comprender lo injusto, poco pertinente e ineficiente de estos principios para enfrentar los riesgos de la vida en sociedad.
Aun cuando algunos defensores de estos principios entendieron que vivimos una catástrofe colectiva sin proporciones, la última propuesta de transferencia monetaria directa del gobierno se focaliza en un número reducido de hogares y dejando a muchos sin poder clasificar para las ayudas. La ciudadanía entendió el mensaje que se le transmitió: no habrá ayudas para todos, no alcanza, no se puede. Si ese es el mensaje ¿qué más queda? Lo lógico, el acceso a los ahorros previsionales. Nada nuevo, nada extraño, nada revolucionario. De hecho, Australia que tiene un sistema de pensiones de capitalización individual tempranamente dio acceso parcial a éstos. Las consecuencias no han sido devastadoras ni para la economía ni para la democracia.
Ahora bien, la escandalosa forma en la cual se ha llevado a cabo la discusión pública sobre el retiro del 10% en Chile, con cartas de gremios empresariales prediciendo el colapso de la democracia, titulares descontextualizados, parlamentarios amenazados, entre otras, son muestra también del gran conflicto no resuelto que tenemos en el sistema de pensiones hace muchos años. La ausencia de seguridad social con pensiones insuficientes, desiguales e inciertas, y al mismo tiempo cotizaciones de los salarios de los(as) trabajadores(as) que alimentan significativamente la economía administradas por empresas con rentabilidades aseguradas y excesivas, es simplemente un gran sin sentido.
Resolver el conflicto que tenemos en el sistema previsional es quizás más importante que el mismo proceso constituyente. De hecho, la encuesta Termómetro Social 2019 mostró que la demanda de pensiones es la principal demanda del estallido social. Si la ciudadanía no ve que el sistema que alimenta con sus ingresos genera el bienestar que merece nunca se sentirá comprometida a seguir contribuyendo. Necesitamos con urgencia hacer que las pensiones sigan una lógica de seguridad social, especialmente con el retiro del 10%, y que los ahorros previsionales estén dirigidos a aumentar el bienestar presente y futuro de los(as) trabajadores(as). La reforma de pensiones ya no aguanta más pequeñeces, se necesita un cambio estructural.
