Por Luis Felipe Céspedes y Andrés Velasco
La epidemia del Covid-19 ha causado una caída dramática en los ingresos de personas y empresas en todo el mundo. Si no reciben el apoyo necesario, el coronavirus causará no solo una contracción pasajera de la actividad económica sino también una pérdida permanente de capacidad productiva y de empleos. Para evitarlo se requieren acciones urgentes.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Chile para proteger el empleo vía fortalecimiento del seguro de desempleo, y postergar ciertos pagos de impuestos, son correctas. Lo mismo las transferencias a las familias de los trabajadores informales o por cuenta propia. Dichas transferencias deberán ampliarse y repetirse en la medida que la crisis se extienda, como parece probable.
Pero es indispensable fortalecer las medidas para facilitar la reprogramación de créditos y el acceso al capital de trabajo por parte de las empresas. A diferencia de la crisis de 2008-2009, cuyo origen fue financiero, en esta ocasión el golpe inicial está en la economía real. Hace una década, la prioridad era restablecer el funcionamiento del sistema financiero; hoy, la primera necesidad es lidiar con el impacto de una brutal contracción en la actividad económica en los flujos de caja de las empresas y los ingresos de los hogares.
Esa ayuda se justifica por razones altruistas, pero también de estabilidad económica. Sin medidas financieras urgentes, la crisis de la economía real bien puede transformarse en una crisis financiera y social. Podemos enfrentar un congelamiento en el flujo de crédito que termine con la quiebra masiva de personas y empresas, lo que a su vez puede devastar los balances de los bancos y los otros intermediarios financieros, restringiendo aún más el crédito y destruyendo empleos. Al final perdemos todos. En Latinoamérica la crisis de la década de los ochenta partió con la quiebra masiva de empresas, siguió con la intervención del sistema financiero, y terminó con una cesantía masiva y una tremenda dislocación social. Por algo la recordamos como la década perdida.
Hoy no enfrentamos una desaceleración económica como en otras ocasiones. Enfrentamos un desafío único. Y por lo mismo la respuesta de política económica debe ser única.
Un componente clave es un plan agresivo de garantías y de fondeo al sistema financiero por parte del Estado. El objetivo debe ser que los intermediarios financieros refinancien los créditos a las empresas que lo necesitan y les entreguen nuevos créditos de capital de trabajo, con períodos de gracia significativos. Los mecanismos de financiamiento de emergencia deben incluir a las empresas de mayor tamaño. No es el momento de dogmas. Las empresas grandes emplean cientos de miles de trabajadores y les compran sus insumos a decenas de miles de empresas medianas y pequeñas. Para asegurar su acceso al crédito, las garantías deberán ser proporcionalmente mayores en el caso de PYMES, pero si las grandes de van de espalda, también se irán de espalda las pequeñas. Necesitamos mantener a todo el sistema funcionando.
No basta con cruzarse de brazos y esperar que automáticamente la banca haga su trabajo. En situaciones de crisis, cada banco tiene buenas razones para adoptar políticas conservadoras de crédito a la espera de que otros bancos mantengan a los hogares y empresas a flote. Pero como cada banco hace el mismo cálculo, al final puede ser que nadie preste y el sistema se venga abajo. La política pública debe superar ese problema de coordinación. Hay tareas de sobra para el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Corfo, BancoEstado y por supuesto el Fisco.
Resulta especialmente relevante asegurar el funcionamiento de sectores estratégicos de nuestra economía. Estos son sectores cuyos encadenamientos productivos son claves para la productividad y la generación de empleos. Ejemplos de sectores estratégicos especialmente afectados por esta crisis incluyen el transporte de carga y de pasajeros, la cadena logística y el turismo. El apoyo a grandes empresas en sectores estratégicos que enfrenten severas dificultades financieras debe ser condicional a que entreguen capital accionario a cambio del financiamiento, de modo que el Estado se quede con parte de la propiedad transitoriamente a través de Corfo. Una vez superada la crisis, el Estado podrá vender esas acciones y recuperará con creces los fondos aportados por los contribuyentes.
El populismo autoritario y la demagogia en el mundo se han alimentado de la percepción de que las democracias son indolentes e incapaces de enfrentar efectivamente las crisis que amenazan la vida y el bienestar de las personas. Hoy enfrentamos una crisis sin precedentes. Mientras algunos líderes populistas en América Latina siguen empeñados en negar la amenaza de la pandemia, otros de talante conservador creen que basta con las mismas recetas de siempre. Ambas posturas son erradas. Los chilenos, trabajando juntos, podemos demostrar que existe un camino distinto.
