En 2014 el gobierno nacional lanzó el programa Ser Pilo Paga con el fin de ampliar el acceso a educación superior de alta calidad a jóvenes que provienen de hogares económicamente vulnerables. Cerca de seis años después de iniciado el programa, la evidencia sugiere que el impacto ha sido positivo y grande: Londoño et al. (2017) mostraron que SPP duplicó la probabilidad de ingreso a educación superior entre jóvenes elegibles (ver resumen acá). Más aún, la probabilidad de ingresar a una institución de educación superior de alta calidad aumentó en 182% para los jóvenes “pilos” de familias de estrato 1, y en 97% para jóvenes de familias de estrato 2, lo que representa un avance sin precedentes hacia una mayor equidad en el acceso a educación superior (ningún otro programa en Colombia ha demostrado efectos similares en cuanto a cierre de brechas en tan corto tiempo).
El estudio de Londoño y colegas también mostró que SPP redujo en un 18% la probabilidad de deserción en el primer año. Si bien no hay estimaciones de impacto en deserción cuatro o cinco años después, las cifras disponibles sugieren que ha habido también un resultado positivo: según cifras del Ministerio de Educación Nacional, publicadas por Semana, 1,962 jóvenes beneficiarios de SPP habían abandonado sus estudios a Septiembre de 2019. Esto representa 4.9% de deserción, lo cual no es despreciable, pero es 10 veces menos que el promedio de deserción en educación superior en Colombia. Es decir, que no se puede afirmar que el programa ha sido un fracaso como lo han querido insinuar algunos. Todo lo contrario, la evidencia disponible hasta el momento sugiere que los beneficios sociales superan los costos (claro, tendremos que esperar unos años más para tener información sobre su situación laboral, ingresos, estado de salud, etc., pero por el tamaño de los efectos tanto en ingreso a educación superior de alta calidad como en disminución de la deserción todo parece indicar que los beneficios serán mayores que los costos). Es decir que, si los efectos positivos se mantienen, sería una manera de generar movilidad social en menos de una generación y romper de alguna manera con la maldición de la “lotería de la cuna” (Garcia et al., 2015) para un número importante de jóvenes.
El programa también ha traído externalidades positivas al permitir una mayor diversidad en las universidades privadas, enriqueciendo la vida universitaria dentro y fuera el aula de clase, de lo cual se benefician (nos beneficiamos) tanto profesores como estudiantes. Estos efectos positivos seguramente se mantendrán con el nuevo programa Generación E, bajo el componente de Excelencia (el cual consiste también en becas condonables para jóvenes con alto desempeño académico proveniente de hogares en condiciones de vulnerabilidad). A pesar de los resultados positivos del programa, hay dos “alarmas” que se han comenzado a prender y a las que debe prestarse atención: el costo que deben asumir los estudiantes que desertan, y el alto riesgo que corren aquellos que están rezagados.
Según las reglas del programa SPP (y del componente de Excelencia programa Generación E[1]), aquellos jóvenes que suspendan los estudios por más de dos periodos académicos, pierden los beneficios del programa de manera definitiva (no reciben más desembolsos) y pasan a ser deudores del ICETEX por un monto total al número de desembolsos que hayan recibido (es decir, el número de semestres cursados). En otras palabras, el costo de desertar se traslada completamente al estudiante. Esta regla puede parecer totalmente razonable bajo un escenario en el cual es el estudiante, quien por decisión propia, no invierte el suficiente tiempo y esfuerzo en estudiar o simplemente cambia de opinión y decide que no quiere estudiar más. Sin embargo, la “decisión” de desertar de la educación superior es compleja y muchas de sus causas tienen origen en aspectos que están por fuera del control del estudiante. Se sabe que dos de los determinantes más importantes de la deserción en educación superior son el rendimiento académico y los ingresos en el hogar (Sánchez & Márquez, 2013). Estos dos factores no necesariamente están ausentes en la población de beneficiaros de SPP o Generación E. Si bien son estudiantes que sobresalen por su buen desempeño en las pruebas Saber, en algunos casos entran a la Universidad con vacíos importantes en áreas como la lectoescritura, las matemáticas o inglés, lo cual puede limitar su desempeño académico. Adicionalmente, estos estudiantes, sobretodo quienes no cuentan con una red de apoyo en la ciudad donde estudian, se enfrentan a dificultades económicas para sufragar los gastos diarios que implica asistir a una universidad y en algunos casos ayudar a sus familias (si bien el programa cuenta con un apoyo de manutención, no siempre el monto otorgado alcanza para sufragar gastos de transporte, vivienda y alimentación). A esto se suma la ansiedad que puede generar para algunos el vivir lejos de su familia. En suma, para un grupo de estudiantes, desertar no necesariamente es una decisión, sino el resultado de desventajas acumuladas. Agregar a estas desventajas una deuda millonaria puede representar para estos jóvenes una trampa de inmovilidad social difícil de superar; todo lo opuesto a lo que el programa buscó en primer lugar.
Un segundo grupo al que debe ponerse atención, y que aún no está dimensionado, son los estudiantes que están rezagados y que por ello no van a culminar sus estudios en el número de semestres estipulados por el programa. Bajo las reglas actuales, los beneficiarios que deban cursar semestres adicionales (por rezago o por cambio de programa) deben asumir el costo de esos semestres, y acudir a otros mecanismos de financiación para culminar sus estudios. Esto suena razonable, pues incentiva a que los estudiantes aprovechen la beca y se gradúen a tiempo. Sin embargo, la regla ignora dos limitaciones. Primero, al igual que con el grupo de desertores, muchas veces el rezago se da por razones que están totalmente fuera del control del estudiante y que, en ausencia de algún tipo de acompañamiento, pueden terminar incluso en la deserción del programa. Segundo, para asumir el costo, los estudiantes deben acudir a créditos para los cuales les piden un codeudor. La mayoría de estos jóvenes, precisamente por pertenecer a hogares en condición de vulnerabilidad económica, no cuentan con redes de apoyo que sean elegibles para servir de codeudores, y por lo tanto, les es difícil conseguir un crédito para poder culminar sus estudios. Es decir que se genera un círculo vicioso, pues al aumentar más el rezago, aumenta también la probabilidad de desertar.
Lo anterior plantea una pregunta: ¿quién asume el riesgo de no culminar exitosamente un programa? La respuesta hasta ahora ha sido que ese riesgo lo asume el estudiante (y su familia). Sin embargo, si sabemos ex-ante que los jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad están en mayor riesgo, imponer un costo sobre ellos por desertar o por rezagarse (por razones fuera de su control) es cuestionable. Una posibilidad es hacer algún tipo de “pooling” del riesgo, y que éste se comparta entre el estudiante y su familia, el Estado, y las universidades. Dado que es un grupo minoritario (hasta ahora se ha visto que la mayoría no desertan y al parecer se graduarán a tiempo), podría tener sentido hacerlo, y a la larga resultará menos costoso para ellos y para la sociedad hacer el esfuerzo adicional para que logren graduarse.
Actualmente no hay a la vista una solución más allá de un “plan de alivios” anunciado por el Ministerio de Educación. En el corto plazo, como mínimo, deben buscarse los mecanismos para que aquellos estudiantes que estén rezagados tengan acceso al sistema financiero sin codeudor (con la promesa de pagar su deuda una vez graduado). En el mediano plazo, es importante fortalecer los mecanismos de seguimiento a los estudiantes, de manera que se detecten aquellos que están en mayor riesgo de entrar en rezago y reciban los apoyos necesarios (académico, emocional o económico), evitando así que entre en el círculo vicioso de endeudamiento y potencial deserción.
Para muchos beneficiarios de Ser Pilo Paga y Generación E (quizás la mayoría), llegar a la universidad puede convertirse en la oportunidad de movilidad social esperada. Sin embargo, para algunos, las condiciones de la beca sumado a rezagos acumulados (que en parte se atribuyen a condiciones iniciales no elegidas por el individuo) hacen que la llegada a la educación superior reste en lugar de sumar. Generar alertas tempranas y apoyar a los jóvenes para que culminen con éxito debe ser una prioridad para garantizar un cierre de brechas definitivo.
Referencias
García, S., Rodríguez, C., Sánchez, F., & Bedoya, J.G. (2015) La lotería de la cuna: la movilidad social a través de la educación en los municipios de Colombia. Documento CEDE No 31.
Londoño-Vélez, J., C. Rodríguez y F. Sánchez (2017) “The Intended and Unintended Impacts of a Merit-Based Financial Aid for the Poor: The Case of Ser Pilo Paga”, Documento CEDE, 24. Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
Sánchez Torres, Fabio & Márquez Zúñiga Juliana (2013). «La Deserción en la Educación Superior en Colombia durante la Primera Década del Siglo XXI: ¿Por qué ha aumentado tanto?,» En Orozco (Ed) La educación superior: retos y perspectivas. Bogotá: Universidad de los Andes.
[1] Artículo 19, Reglamento Operativo Ser Pilo Paga 4; Artículo 29, Reglamento Operativo Generación E Componente de Excelencia.
