Intereses ocultos

Un connotado diputado UDI no incluyó en su declaración de intereses 32 de las sociedades donde tiene participación. Un colega DC ocupa el segundo lugar, con 11 omisiones. En total, los parlamentarios optaron por no declarar 101 de las 297 sociedades en que tienen intereses. Los parlamentarios UDI, DC y PRSD son los que tienen las tasas de omisión más altas (en torno al 40%), mientras que las tasas menores son de sus pares PS y RN (12,5 y 15,1%, respectivamente).

Inteligentes y creativos

La información anterior se encuentra en el sitio web Inspector de Intereses, creado recientemente por la Fundación Ciudadano Inteligente. Se trata de una de las iniciativas ciudadanas más innovadoras en mucho tiempo. Fuentes de financiamiento internacionales (principalmente, la Fundación Sociedad Abierta de George Soros) le dan total libertad respecto de grupos de interés nacionales.

La fundación promueve «la participación activa y responsable de la ciudadanía por la vía de nuevas tecnologías y el acceso a información». La juventud y desparpajo de sus miembros traen aire fresco a nuestra vida pública. No adscriben a ninguna tendencia política, lo que, en sus palabras, les permite «promover políticas públicas de calidad e iniciativas que transversalmente mejoren el desarrollo democrático».

Para construir el Inspector de Intereses cruzaron información pública del Diario Oficial, del SII y del boletín comercial de Equifax, para determinar las sociedades donde los parlamentarios tienen participación. Luego cotejaron la información obtenida con las declaraciones de intereses de nuestros parlamentarios.

Por qué importa

Las declaraciones de intereses y patrimoniales constituyen uno de los pilares en que se basan las estrategias que siguen los países desarrollados, para evitar el enriquecimiento ilícito de sus autoridades y la influencia indebida de grupos corporativos sobre las decisiones de éstas. Los restantes pilares dicen relación con transparentar el financiamiento de la política y el lobby.

Monitorear la declaración patrimonial de una autoridad a lo largo del tiempo, permite detectar incrementos patrimoniales sustanciales alertando a la opinión pública sobre eventuales acciones dolosas.

Mitigar el riesgo de captura de la agenda pública por grupos de interés plantea un desafío aún mayor. Cuando los intereses personales de una autoridad entran en conflicto con el interés general, existe un conflicto de interés.

Declaraciones de intereses de fácil acceso son claves para que la ciudadanía pueda monitorear a sus autoridades. Sin embargo, no basta con que las autoridades declaren sus intereses y la ciudadanía conozca sus conflictos de interés. La complejidad de muchas decisiones en el ámbito público no siempre permitirá a la ciudadanía evaluar cuáles intereses primaron. Es por eso que la Ley 19.653 de 1999, sobre probidad administrativa, exige que las autoridades publiquen una declaración de intereses y además, se abstengan de tomar decisiones en ámbitos donde tienen conflictos de interés. Si no se abstienen existirá un manto de duda respecto de las decisiones tomadas y se afectará la reputación y confianza de la ciudadanía en la institución desde la cual emana la decisión.

Deficiencias actuales

La legislación vigente sobre declaraciones de intereses y patrimoniales tiene cuatro deficiencias serias. La primera es que no garantiza un acceso expedito a dichas declaraciones. Un proyecto de ley ingresado por el actual gobierno en mayo de 2011 exige que estas declaraciones estén disponibles en la web.

El segundo problema es la falta de fiscalización. Si no fuera por el Inspector de Intereses no nos habríamos enterado de que más de un tercio de las sociedades donde participan parlamentarios no fueron incluidas en sus declaraciones de intereses. El proyecto de ley propuesto recientemente por el Ejecutivo, establece que la Contraloría fiscalice las declaraciones de las autoridades del Poder Ejecutivo.

Es comprensible que la Contraloría no puede fiscalizar al Poder Legislativo, ya que esto violaría la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, otros países fiscalizan las declaraciones de sus parlamentarios, ya sea mediante un ente fiscalizador dependiente del propio Parlamento, pero dotado de la autonomía necesaria, o con un comité de ética con personas no parlamentarias de conocido prestigio e independencia. Nada de esto hay en el proyecto del gobierno.

Un tercer problema de la legislación es que las sanciones contempladas por incumplimiento son bajas o inexistentes. Así, por ejemplo, no hay sanciones si un parlamentario no actualiza sus declaraciones patrimoniales y de intereses, lo cual hace imposible en la práctica detectar casos que sugieren enriquecimiento ilícito. El proyecto del actual gobierno subsana el problema anterior, pero no incorpora sanciones serias para quienes omiten intereses en su declaración.

Una última falencia y, posiblemente, la más importante, es el contenido de las declaraciones actuales. En una economía moderna, las personas muchas veces poseen su patrimonio a través de sociedades intermedias o personas relacionadas. Es por ello que se requiere modernizar la legislación, haciendo exigible también la información respecto de las sociedades en que se participe o del patrimonio que se posea a través de personas relacionadas. Esta es la única forma de determinar cuáles son los verdaderos intereses privados del declarante.

Así, por ejemplo, el tema de ministros del actual gobierno que tuvieron o todavía tienen intereses en universidades privadas, ha sido un tema polémico durante las protestas estudiantiles recientes. La falta de información acerca de las sociedades cerradas con que varios ministros manejan sus intereses hace imposible determinar si éstas son dueñas de las sociedades inmobiliarias relacionadas con universidades privadas.

También, columnas recientes de Jorge Navarrete y de quien escribe, publicadas en este diario, sugieren que parlamentarios del PDC y la UDI serían particularmente sensibles a los intereses del sector pesquero, explicando que el gobierno pareciera querer licitar los derechos pesqueros. Nuevamente, las declaraciones patrimoniales y de intereses actuales no permiten confirmar ni descartar que sociedades donde participan parlamentarios tengan acciones de empresas del sector pesquero.

Para estar a la altura

Chile debe mejorar su legislación sobre declaración de intereses y patrimonio para cumplir con los estándares de probidad y transparencia establecidos en la Ocde, el selecto grupo de países avanzados al cual ingresamos recientemente.

Entre las orientaciones de la Ocde destacan el servicio del interés público, la promoción del escrutinio público y la generación de una cultura organizacional que no tolera los conflictos de intereses. Tal como lo ilustra el Inspector de Intereses, el proyecto propuesto por el gobierno es un paso en la dirección correcta que se queda corto. Chile puede mucho más.