Impulsada por los altos precios del oro, la inexistente supervisión de los gobiernos regionales y la prórroga de los plazos de vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la minería ilegal se ha venido incrementando notablemente en todo el territorio nacional, especialmente en Madre de Dios, Puno, Arequipa y la sierra de la Libertad.
La minería ilegal es aquella que se realiza en zonas prohibidas (cuerpos de agua, reservas naturales, áreas de amortiguamiento) o la que llevan a cabo pequeños mineros o mineros artesanales que no cumplen con el proceso de formalización ordinario, cuyas autorizaciones al amparo del REINFO no se encuentran vigentes, o aquellos que, teniendo registros vigentes, operan por fuera de las coordenadas autorizadas.
Si bien no se cuenta con datos exactos respecto del número de mineros en esa condición, se estima que estos podrían bordear los 120-300 mil, incluyendo a casi 60 mil mineros (de un total de 88 mil) con REINFO vencidos debido a incumplimientos normativos. Estos operan sin RUC, ni instrumentos de gestión ambiental, sin acreditar títulos habilitantes (propiedad de los derechos mineros o contratos con los propietarios de los mismos), e incumpliendo las más elementales normas de seguridad y salud en el trabajo.
Los devastadores efectos de la minería ilegal sobre el medio ambiente son especialmente notorios en la Amazonía, especialmente en Madre de Dios, región en la que se sindica a esta actividad de ser directamente responsable de la depredación de más de 2,6 millones de hectáreas de bosques (2001-2020), además de la contaminación con mercurio de cuerpos de agua y ríos[1]. Según un estudio realizado por el Carnegie Institute, el 77% de la población de Puerto Maldonado registra niveles de este metal pesado, usado para amalgamar el oro, por encima de los límites máximos permisibles, situación que resulta especialmente nociva para los niños, cuyo desarrollo cognitivo se ve de esta manera seriamente comprometido[2]. Anualmente se arrojan se arrojan al ambiente más de 180 TM de mercurio en la región.[3]
Un reciente estudio de V&C Analistas[4] da cuenta del creciente peso económico de esta actividad que, en los últimos años, se ha convertido en la principal generadora de recursos ilícitos en el país, superando al narcotráfico. En efecto, la minería ilegal, fundamentalmente aurífera, genera más de $4 mil millones anuales en ingresos. Los reportes de operaciones sospechosas emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a estas actividades superan a los generados por el narcotráfico.
Las exportaciones de los mineros ilegales representan casi el 40% del total de nuestras ventas internacionales oro.
Violencia en Ascenso
Inicialmente contratados durante la pandemia como protección por mineros ilegales en sus conflictos con otros mineros con los que se disputan el territorio, la presencia de bandas criminales se ha vuelto dominante en varias de las zonas productivas, donde el Estado ha tenido, en el mejor de los casos, una presencia marginal. Se estima que seis de estas organizaciones operan en la sierra de La Libertad (principal productor aurífero del país), incluyendo el Tren de Aragua, cuyo accionar delictivo en Venezuela también ha estado muy asociado a la minería ilegal.
Los grupos criminales rápidamente pasaron de prestar servicios de protección y seguridad a participar directamente en la extracción ilegal y hurto de oro, desplazando a los mineros artesanales o aliándose con ellos para explotar operaciones existentes. Del mismo modo, mediante labores clandestinas, estos grupos interceptan labores de empresas formales, apropiándose violentamente de sectores en explotación y atentando contra la seguridad e integridad del personal, al que amedrentan y amenazan.
En el distrito de Pataz, en la sierra de La Libertad, estos grupos son responsables de haber realizado más de 70 incursiones graves, en las cuales seis trabajadores mineros formales perdieron la vida. De otra parte, en Caravelí, Arequipa, una de las zonas con mayor concentración de mineros ilegales, un enfrentamiento entre grupos armados tuvo como saldo 15 muertos y 12 desaparecidos, además de 30 detenidos por los actos violentos[5].
La incidencia de la criminalidad vinculada a la minería ilegal ha crecido de forma alarmante, convirtiendo a las zonas donde se desarrolla esta actividad en las más violentas y peligrosas del país. Esto se manifiesta a través de la proliferación del sicariato y la extorsión, trata de personas, explotación sexual y peores formas de trabajo infantil (30% de los parqueros detenidos son menores de edad) [6].
Impactos de la ilegalidad
Parte del mineral extraído ilícitamente es transportado largas distancias en volquetes, pasando sin problemas distintos controles policiales y aduaneros, para ser procesado en molinos en Trujillo, Huarmey, Lima, Nazca y Arequipa. No solo se trata de plantas ilegales sino también, en algunos casos, de operaciones formales que procesan sin realizar una debida diligencia respecto de los vendedores y sus fuentes. En el caso del oro aluvial, el procesamiento es artesanal y se realiza en las zonas cercanas a los lugares de extracción, amalgamando el mineral con mercurio para después volatilizarlo.
En los últimos 3 años se han desplazado desde la sierra de La Libertad más de 24 mil volquetes transportando mineral valorizado en $2,400 millones, equivalentes a más de $400 millones en impuestos que el fisco dejó de recaudar como resultado del trasiego ilícito.
A las pérdidas fiscales hay que añadir los mayores costos que las mineras formales incurren como consecuencia del accionar de los ilegales: menor actividad productiva e ingresos, menores transferencias por canon, menor generación de empleo y contracción en la compra y contratación de bienes y servicios locales. Las empresas han tenido que redoblar sus esfuerzos para contener la delincuencia, intensificando sus políticas de protección patrimonial y labores de bloqueo para impedir y recuperar zonas tomadas, todo lo cual ha aumentado dramáticamente los costos operativos, restándoles competitividad.
El mismo estudio (V&C Analistas) calcula los costos para el país asociados a las actividades de la minería no formal en $6 mil millones anuales.
Actuación Congresal y penetración política
El Congreso ha extendido los plazos del REINFO en 4 ocasiones durante la última década, desnaturalizando su excepcionalidad y generando incentivos perversos para que los mineros cumplan el proceso de formalización (el nuevo plazo vence en diciembre del 2024). Es importante precisar, en ese sentido, que el solo registro en el REINFO autoriza a los titulares a seguir laborando, independientemente de que cumplan o no las medidas de formalización.
Mas recientemente, se han presentado tres propuestas en la Comisión de Energía y Minas que buscan no solo extender nuevamente la fecha límite, sino reabrir el proceso para incluir a un mayor contingente de mineros ilegales.
La red de minería ilícita ha tendido sus tentáculos en distintos ámbitos de la vida pública, corrompiendo funcionarios y penetrando el sistema político. Recientes investigaciones del ministerio público llevaron a desarticular una banda de ilegales que operaba en el norte de La Libertad, con el apoyo de un grupo de policías encabezados por el coronel responsable de la unidad de orden público de la región y un ex jefe de la dirección regional de minería[7]. Situaciones similares se han vivido en Madre de Dios.
De otra parte, los acercamientos entre los mineros informales e ilegales y el poder político han venido en ascenso e incluyen la llegada de varios de ellos y a sus asesores a puestos de elección popular[8]. De otra pare, llama la atención el acercamiento entre las organizaciones gremiales representativas de ilegales e informales y distintos partidos políticos, como sucedió durante el proceso electoral del 2016, cuando uno de los candidatos a la presidencia suscribió un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada en Puno[9].
Conclusiones
Urge que el Ejecutivo y el Legislativo tomen conciencia plena de las amenazas que representa la minería ilegal en el país, no solamente por lo que esta plantea para la estabilidad institucional del país sino por los nexos que mantiene con la criminalidad organizada y otras actividades ilícitas, y su creciente penetración del aparato público y el sistema político.
En ese sentido, resulta fundamental evitar que los plazos de vigencia del REINFO vuelvan a extenderse o que la inscripción en el mismo se reabra, fortaleciendo en su lugar el régimen ordinario para lograr una mejor articulación y supervisión de la pequeña minería y minería artesanal, asegurando su formalización y el cumplimiento de los necesarios estándares de seguridad y cuidado ambiental.
[1] Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP)
[2] Luis Fernández, Mercurio en Madre de Dios, Carnegie Institute for Science (Marzo, 2013)
[3] https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/mercurio-madre-dios-mineria-noticia-551751-noticia/
[4] Abordaje de la Minería Informal e Ilegal en el País, V&C Analistas.
[5] https://www.infobae.com/america/peru/2022/06/09/arequipa-15-muertos-y-12-desaparecidos-deja-brutal-matanza-en-corredor-de-mineria-informal/
[6] https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/trata-personas-delito-conexo-mineria-ilegal-pampa-noticia-609007-noticia/
[7] https://www.infobae.com/peru/2023/10/07/seis-policias-acusados-de-integrar-la-organizacion-criminal-la-gran-fa-con-delitos-de-sicariato-y-mineria-ilegal/
[8] https://ojo-publico.com/politica/lobby-intenso-por-iniciativas-favor-la-mineria-ilegal
[9] https://cooperaccion.org.pe/opinion/la-mineria-ilegal-y-la-politica/
