El interés que generan en los jóvenes el emprendimiento y la innovación es de tal intensidad, que vale la pena reflexionar sobre lo aprobado en la Convención acerca de la libertad para emprender. Después de todo, este debiera ser uno de los asuntos que más mueva a la juventud.
Una manera de aproximarse al tema es comparando la Constitución vigente con el texto propuesto. Las diferencias son indicativas de la dirección de los cambios y del ambiente que espera a las generaciones futuras de emprendedores. La Constitución actual establece (arts. 21 y 22), básicamente, dos principios: existe libertad para desarrollar cualquier actividad económica, y el Estado no podrá discriminar de manera arbitraria a través de leyes y regulaciones en contra de alguna actividad en particular.
La norma propuesta mantiene el primer principio y elimina el segundo. Esto no es inocuo. Las regulaciones entre sectores no tienen por qué ser idénticas, pero esas diferencias deben obedecer a condiciones objetivas y no discriminatorias. A su vez, es una mala idea que el Estado pueda privilegiar la actividad pública por sobre la privada sin mayor justificación. Si puede decidir a su antojo a quiénes les da zanahoria y a quiénes visita con el garrote, el espacio para la ineficiencia y el amiguismo crece exponencialmente.
La eliminación del principio de no discriminación arbitraria no parece ser accidental. Otros artículos establecen esta definición para el trato del Estado con entidades territoriales y para el trato del Estado con diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad del país. Sobre el trato no discriminatorio a los emprendedores o a la actividad económica privada, nada.
El texto propuesto por la Convención, en cambio, incorpora nuevos principios que regulan o limitan la libertad de emprendimiento. Uno de los más llamativos es que “el contenido y los límites a este derecho (a emprender) serán determinados por leyes, las que deberán promover el desarrollo de empresas de menor tamaño y asegurarán la protección a los consumidores”.
Que el emprendimiento tenga como límite la promoción de las pequeñas empresas es una contradicción en los términos. Se entendería si el objetivo fuese fomentar pequeños negocios, pero si se trata de empujar la creatividad en grande, el asunto va por otro lado. La libertad para emprender debe dar rienda suelta a soluciones novedosas que puedan desplazar a los incumbentes, revolucionar mercados y transformarse en grandes empresas. Más que reglas inciertas o un velado impuesto al éxito, los emprendedores necesitan un Estado predecible y comprometido con la libre competencia.
