Por Felipe Valencia Caicedo, Profesor Asistente, Vancouver School of Economics, University of British Columbia, Canadá @felipev84
Con la muerte reciente de John Williamson, quien acuñó el famoso “Consenso de Washington” quizás sea tiempo de pensar en un nuevo decálogo para la región, esta vez pensado desde—y para—la misma (ver para la formulación inicial Williamson, 1990, para una extensión crítica Rodrik, 2002, para una historia sobre el Consenso Williamson, 2004, para una reevaluación crítica, Birdsall, de la Torre y Valencia Caicedo, 2011 y para una alternativa latinoamericana Ocampo, 2020). La carga ideológica del Consenso es innegable, tildado de neoliberal por muchos, surgido al final de una durísima Crisis de la Deuda, y cuando caía el Muro de Berlín. Como en 1989, el autor quiere recoger tres décadas después algunas propuestas claves que ya circulan ampliamente en círculos académicos y de políticas públicas, consciente de los sesgos propios de toda antología, y las limitaciones inherentes de un decálogo.
Justamente la semana pasada salía en el último número del Journal of Economic Perspectives (JEP) un especial de cuatro artículos sobre el célebre Consenso. Iniciaba la reflexión, el Nobel de Economía Michael Spence, repasando la experiencia asiática de crisis y crecimiento. Seguía una reflexión bastante optimista inspirada en el influyente Secretario del Tesoro de la época James Baker, enfocada en el crecimiento económico y la inflación, dos obsesiones originales que de cierta medida todavía nos acompañan. Menos optimista era el análisis latinoamericano, liderado por el ex Presidente del Banco Central brasileño Ilan Goldfajn, enfocado en Brasil, Chile y México, donde las cifras de productividad han sido desalentadoras. Terminaba el ejercicio, con más optimismo, el análisis del caso africano en general y de Nigeria, Uganda y Etiopía en particular, liderado por Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra de finanzas de Nigeria y actual Directora General de la Organización Mundial del Comercio.
Se da por sentado del primer consenso, más allá de las ideologías y de los estudios de caso regionales, la importancia de la estabilidad y disciplina macroeconómicas casi como una precondición, especialmente en momentos de baja de inversión para algunos países (como es el caso mexicano) y donde siguen latentes y manifiestas las amenazas populistas (como en el Perú, Brasil, Nicaragua y Venezuela, ver Irwin, 2020). Pero a diferencia del primer consenso, solamente un punto, el cuarto, podría caracterizarse como macroeconómico, al menos en el sentido clásico formulado por Williamson.
Cabe resaltar el contexto inmediato, de colapso institucional en algunos países, de crisis sanitarias y largas cuarentenas por cuenta del COVID, aunadas a verdaderas crisis económicas, sociales y humanitarias, en gran parte precipitadas—o al menos exacerbadas—por la pandemia (considero, al margen, que la dimensión psicológica de la misma no ha recibido la suficiente atención). Pero también es importante extender el horizonte de tiempo hacia el pasado y pensar sobre una convulsionada historia común que deja como triste producto una de las regiones, si no más pobres, sí más desiguales y violentas del mundo. Sin más preámbulo, estos serían, a mi modo de ver, los diez puntos de este nuevo consenso regional:
- Reducción de la desigualdad. Este fue uno de los puntos claves que quedó excluido del consenso original y que parece fundamental rescatar para estos tiempos. Las cifras de desigualdad de ingreso y riqueza regionales hablan por sí solas (ver Figura 1). Sería importante reorientar el gasto y los programas sociales hacia este eterno problema, exacerbado por la pandemia (ver acá y acá).
- Reducción de la pobreza. De la misma manera, es prioritario tener la lucha contra la pobreza como norte de cualquier agenda socioeconómica, especialmente cuando la epidemia ha borrado logros que duraron décadas en conseguirse (Figura 2). Como en los años ochenta, estamos tristemente, ante otra década perdida.
- Reforma educativa. La educación pública de calidad es fundamental para reducir las desigualdades económicas y para dinamizar el crecimiento a largo plazo. Debe aumentarse no solamente la cobertura, sino también la calidad de la misma. La educación es también una de las víctimas principales de esta pandemia (Figura 3), y sus costos a largo plazo serán enormes.
- Reforma fiscal. Para poder costear los puntos de gasto social de la agenda, es fundamental pensar sobre su financiamiento. Defendería un sistema tributario redistributivo, y de carácter permanente—“estructural” dirían algunos—donde sean los que más tienen, quienes más contribuyan a disminuir las brechas sociales (otra gran diferencia con el consenso original, que abogaba más bien por expandir la base contributiva).
- Reforma de salud y pensional. Igualmente, es crucial seguir expandiendo la cobertura y la calidad de los sistemas de salud regionales. La salud (física y mental) debe verse como un derecho básico fundamental. De la misma manera, es necesario pensar sobre la sostenibilidad y equidad de los precarios—y muchas veces inequitativos—sistemas de pensiones existentes, una bomba de tiempo en una región que envejece.
- Reforma institucional y lucha contra la corrupción. El escándalo de Odebretch (ver Campos et al., 2011, JEP) ayudó a destapar la compleja red de corrupción estatal regional, pero esto es simplemente la punta del iceberg. En una región donde los recursos escasean, estos deben manejarse con eficiencia y transparencia, y no al revés, como muchas veces es el caso. Los niveles de impunidad son descorazonadores. Este punto contrasta con un consenso original que básicamente ignoró toda consideración de economía política y a duras penas hablaba de derechos de propiedad, antes de la revolución institucional en economía.
- Reforma policial y seguridad ciudadana. Con una historia de dictaduras, guerrillas, crimen e inseguridad ciudadana, es clave pensar también sobre el papel de las fuerzas militares y la policía, que, en algunos casos, desafortunadamente no se ha caracterizado por proteger a sus mismos ciudadanos. Mantener el monopolio de la fuerza y recuperar la confianza en estos agentes públicos es esencial, no solamente en países que están en escenarios de post guerra, donde estos problemas son incluso peores.
- Medio ambiente. En una región mega diversa en términos naturales, con la cuenca amazónica, la cordillera andina y acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, cualquier agenda de desarrollo tiene que tener en cuenta la sostenibilidad del mismo, otra falencia del consenso original, y una preocupación global primordial.
- Infraestructura y vivienda. El estado, también debe proveer bienes básicos de infraestructura y servicios públicos, especialmente pensando en mayor conectividad dentro y fuera de sus barreras nacionales, un punto que lamentablemente ha estado manchado por escándalos de corrupción, descritos anteriormente. Debería primar la inversión social en vivienda, en países donde reina la informalidad urbana.
- Tecnología y competitividad. Finalmente, como una agenda del Siglo XXI, es primordial pensar en mayor conectividad—cuya necesidad, falencia e inequidad han sido evidentes durante la pandemia—así como el desarrollo de habilidades técnicas y tecnológicas, en tándem con el punto 3, sobre educación (ver Maloney y Cusolito, 2018). Se deberían aumentar y no reducir los presupuestos de I+D enfocados en investigaciones desde y para la región, si queremos llegar a niveles de desarrollo como los observados en Asia, analizados por Spence.
Como toda agenda, esta es sin duda incompleta. Faltan, por ejemplo, enfoques importantes y también de consenso, como los de género, juventud y niñez, así como nuevas preocupaciones como una población que envejece. Faltan también reformas importantes, como la laboral, donde parecieran existir menos consensos. Y como todo decálogo, este tampoco ahonda en cómo desarrollar cada uno de los puntos, pero al menos marca una posible hoja de ruta. También cabe destacar que existen variaciones regionales importantes, como una nueva y promisoria Constitución en Chile, algo quizás desaconsejable en Colombia con la Carta del 91, que sigue vigente. Para los interesados, incluyo algunas referencias claves, pero más que nada, esta es una invitación a académicos, hacedores de políticas públicas y ciudadanos a sumarse al debate y proponer sus propios puntos. Entre todos podemos aportar a pensar sobre el presente y el futuro de nuestra región, en un escenario mundial de post pandemia y, ojalá, recuperación socioeconómica.
Figura 1. Fuente: Panorama Social de América Latina 2020. CEPAL. Agosto, 2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
Figura 2. Fuente: Panorama Social de América Latina 2020. CEPAL. Agosto, 2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
Figura 3. Fuente: Informe COVID-19. CEPAL-UNESCO. Agosto, 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
Referencias
Birdsall, Nancy, Augusto De la Torre, and Felipe Valencia Caicedo. «The Washington consensus: assessing a damaged brand.» Center for Global Development Working Paper 213 (2010).
Campos, Nicolás, et al. «The Ways of Corruption in Infrastructure: Lessons from the Odebrecht Case.» Journal of Economic Perspectives 35.2 (2021): 171-90.
Cusolito, Ana Paula, and William F. Maloney. Productivity revisited: Shifting paradigms in analysis and policy. World Bank Publications, 2018.
Journal of Economic Perspectives—Volume 35, Number 3—Summer 2021, P 133-156. https://www.aeaweb.org/issues/646
Rodrik, Dani. «After neoliberalism, what?» Remarks at the BNDES seminar on New Paths of Development, Rio de Janeiro, September. 2002.
Williamson, John. «The strange history of the Washington consensus.» Journal of Post Keynesian Economics 27.2 (2004): 195-206.
Williamson, John. What Washington means by policy reform. Routledge, 2018.
