Por María Montoya Aguirre (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), maria.montoya-aguirre@undp.org
Desde antes de la pandemia de COVID-19, las mujeres continuaban enfrentando retos estructurales para acceder a trabajos dignos y tener independencia económica; con los impactos económicos y sociales de la crisis, su sustento económico se ha vuelto aún más vulnerable. En un informe de política publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mis colegas Eduardo Ortiz-Juarez, Aroa Santiago y yo sintetizamos los motores de este resultado para entender cómo interactúan con las características de la crisis derivada de la pandemia, proponer un Ingreso Básico Temporal para mujeres en el mundo en desarrollo y discutir la ruta hacia compromisos de largo plazo en términos de protección económica e igualdad de género.
Para esto analizamos los datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre el estado de los mercados laborales en el mundo a partir del inicio de la pandemia, evidencia secundaria sobre las desigualdades de género preexistentes y otros documentos de UNDP como el Gender Response Tracker.
Los ingresos de las mujeres siguen quedándose atrás de los hombres a pesar de una considerable reducción en la brecha de género de capital humano en los últimos años.[1] Un elemento crítico para explicar la situación desfavorable de las mujeres en la fuerza laboral es la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que asumen. Esto es problemático no solo por la ausencia de compensación económica para un sector esencial para la subsistencia humana y la acumulación de capital humano como es el trabajo doméstico y de cuidados, sino también porque dificulta la participación en el mercado laboral en igualdad de condiciones.
Para las mujeres en el mercado laboral, un aumento en las responsabilidades del hogar como tener hijos o cuidar parientes enfermos debilita significativamente sus ingresos, hasta 51% según algunos estudios.[2] La participación laboral de las mujeres ha ido en declive en los países en desarrollo, el trabajo no remunerado siendo la principal razón por la que las mujeres salen de la fuerza laboral, aunque la mayoría preferiría trabajar por paga.[3]
La prevalencia de normas sociales explica esta situación de vulnerabilidad económica impuesta a las mujeres solo parcialmente. También importan las decisiones de política que no solucionan la falta de oportunidades para conciliar el trabajo no remunerado ni distribuirlo de forma más equitativa; tampoco abordan el problema de la segregación vertical y horizontal en el mercado laboral donde las mujeres están sobrerrepresentadas en ocupaciones con menores salarios.
Estas desventajas preexistentes aunadas a las características de la crisis han creado la tormenta perfecta para afectar los ingresos y bienestar de las mujeres. Por un lado, el cierre de algunos sectores de la economía para contener el virus ha sido principalmente en aquellos con mayor proporción de empleo femenino como hospitalidad, comercios, educación, y trabajo doméstico remunerado. Por otro lado, el cierre de escuelas y guarderías ha aumentado la demanda de servicios de cuidado, desplazando trabajo de la economía remunerada a la no remunerada y a las mujeres de la fuerza laboral al trabajo de cuidado no pagado.
La mayoría de la respuesta de los gobiernos a la crisis no ha sido sensible al género: no ha atendido el problema del trabajo de cuidado no remunerado y las medidas fiscales no están dirigidas a los sectores dominados por mujeres. Un Ingreso Básico Temporal para mujeres reconocería los efectos desproporcionados de la crisis en un grupo de población que enfrenta vulnerabilidades en varias dimensiones. Un instrumento así no es solo una medida de emergencia de acción afirmativa, sino una potencial contribución a un bien público del que se puede beneficiar toda la sociedad: la igualdad de género.
Lograr la igualdad de género sostenida en el largo plazo es un reto multidimensional que requiere de un gran número de intervenciones: cambios en normas sociales complejas, legislación en diversos frentes y una clara visualización del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado en cuentas nacionales. Aunque algunas de estas políticas significarían una cantidad importantes de recursos y coaliciones difíciles de lograr ahora, hay espacio para implementar políticas a bajo costo para reconocer la responsabilidad compartida del trabajo de cuidados y otorgar mayor flexibilidad en el mercado laboral para hombres y mujeres.
[1] Ver por ejemplo, Blau, F.D., and Kahn, L.M. (2017). “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations.” Journal of Economic Literature, 55(3): 789-865; Carrillo, P., Gandelman, N., and Robano, V. (2014). “Sticky Floors and Glass Ceilings in Latin America.” Journal of Economic Inequality, 12(3): 339-361; ILO. (2019). Women in Business and Management: The Business Case for Change. Geneva: ILO; and, Marchionni, M., Gasparini, L., and Edo, M. (2019). Brechas de género en América Latina. Un estado de situación. Caracas: CAF.
[2] Ver por ejemplo, Aguilar-Gomez, S., Arceo-Gomez, E., and De la Cruz Toledo, E. (2019). “Inside the Black Box of Child Penalties.” Preprint available at SSRN; Berniell, I., Berniell, L., de La Mata, D., Edo, M., and Marchionni, M. (2019). “Gender Gaps in Labor Informality: The Motherhood Effect.” Working Paper 247, CEDLAS-Universidad Nacional de La Plata; and, Stampini, M., Oliveri, M. L., Ibarrarán, P., Londoño, D., Rhee, H.J., and James, G.M. (2020). “Working Less to Take Care of Parents? Labor Market Effects of Family Long-Term Care in Four Latin American Countries.” IZA Discussion Papers 13792, Institute of Labor Economics (IZA).
[3] Addati, L., Cattaneo, U., Esquivel, V., and Valarino, I. (2018). Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. Geneva: ILO.
