Una nueva campaña electoral terminó ayer. Una vez más los aportes privados que recibieron los candidatos de derecha y centro-derecha fueron mucho mayores que aquellos recibidos por los de izquierda y centro-izquierda. Pero a diferencia de lo que sucedía antes de los cambios legales de 2016, ahora conocemos las identidades de los principales financistas, los montos que donaron y las candidaturas que beneficiaron.
No obstante lo anterior, los limites de gasto y aportes siguen siendo demasiado altos. Una reducción de estos límites es prioritaria para emparejar la cancha electoral. Esto se traducirá en menos recursos privados para financiar campañas, por lo cual debiera ir acompañado de más recursos públicos.
En la elección de diputados de 2017, un 47% del financiamiento electoral fue con recursos fiscales, comparado con un 35% en la elección de diputados de 2013 (Lupa Electoral, Espacio Público, 2018). La tendencia va en la dirección correcta, pero la componente fiscal debiera ser mucho mayor que la mitad. Porque a diferencia de los aportes privados, los aportes fiscales son proporcionales a los votos obtenidos, contribuyendo a campañas donde los proyectos de sociedad y propuestas específicas compiten en igualdad de condiciones.
Los cambios legales aprobados en 2018 también significan que los riesgos que corren los candidatos que reciben financiamiento ilegal y cometen cohecho son mucho mayores. Por ejemplo, con la legislación vigente hoy, todos los políticos que recibieron financiamiento irregular mientras ocupaban cargos públicos a propósito de los casos Penta, SQM y Corpesca, habrían sido condenados por cohecho y arriesgarían penas de cárcel efectiva, no solo la ex diputada Isasi y el ex senador Orpis. Esto pues ya no es necesario probar que hicieron algo para favorecer al financista.
Pese a los avances anteriores, los plazos de prescripción de los delitos electorales siguen siendo bajos. Además, la experiencia reciente sugiere que la limitación de que exista denuncia o requerimiento del Servel para que el Ministerio Público pueda investigar estos delitos no se justifica.
También es necesario revisar la opacidad que existe respecto de los avales de los créditos que piden los candidatos para financiar sus campañas. No se conoce su identidad y ni cuándo terminan pagando las deudas del candidato. Los avales podrían ser una fuente de financiamiento encubierto no sujeta a los limites legales. Por lo mismo, el incremento de los llamados “aportes propios” en la componente privada del financiamiento de campañas en elecciones recientes (pasó de 5 al 21% entre las elecciones de diputados de 2013 y 2017, Lupa Electoral, Espacio Público) debiera haber alertado al Servel para que tomara cartas en este asunto.
En resumen, en materia de financiamiento electoral estamos mucho mejor que hace tan solo cinco años y, al mismo tiempo, hay temas pendientes que se deben abordar.
