Por Iván López Cruz (Sabanci University) y Gustavo Torrens (Indiana University)
Los trabajos empíricos que estudian la efectividad de diversas estrategias para combatir el crimen suelen concluir que concentrar efectivos en zonas especialmente peligrosas (hotspots) es beneficioso (ver, por ejemplo, Johnson et al., 2014). La idea es que los delincuentes escogen su área de operación en función de la facilidad que ésta ofrece para extraer rentas ilegales. Cuando las autoridades bloquean las áreas de operación usuales, los criminales, de mudarse a otras zonas, no tendrán las mismas facilidades que antes para cometer delitos (ver Bar y Pease, 1990). De este modo, a mayor presencia policial en los hotspots, menor incidencia delictiva total. Un supuesto importante detrás de este resultado es que los delincuentes no tienen gran capacidad para reinventarse o relocalizarse para aprovechar nuevas fuentes de riqueza ilícita. Si relajamos este supuesto, la historia puede ser muy distinta.
El crimen organizado cuenta con múltiples recursos económicos. Sería equivocado pensar que su capacidad para reconfigurarse y buscar rentas alternativas a las bloqueadas por las autoridades es baja. Lo natural es pensar que las organizaciones criminales busquen suplir los ingresos perdidos ejerciendo otras actividades delictivas, probablemente en áreas distintas a sus puntos de operación tradicionales. Entonces, es esperable que un ataque frontal de las autoridades al crimen organizado desencadene episodios de diversificación criminal acompañados de un componente de difusión geográfica del crimen. Más aún, la migración de las organizaciones criminales hacia nuevas actividades puede generar choques entre las mismas, esparciendo la violencia por el territorio.
En un trabajo reciente (López Cruz y Torrens 2021), mostramos mediante un modelo teórico que los mecanismos arriba señalados pueden hacer que una campaña contra el crimen organizado conlleve consecuencias no deseadas. En concreto, perseguir el desmantelamiento de organizaciones criminales sin contar con capacidad suficiente para erradicarlas puede motivar a las mismas a extender su abanico de operaciones ilícitas y a luchar por el control de las nuevas rentas, generando así una ola de violencia en todo el territorio. En el trabajo también aplicamos estos resultados teóricos para entender algunos de los efectos de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano desde finales de 2006.
Como es de público conocimiento, la guerra contra el narcotráfico en México consistió en una serie de incursiones militares en los territorios controlados por el narcotráfico. El objetivo era debilitar a los cárteles mediante la eliminación o arresto de sus líderes (la llamada kingpin strategy). Nuestro análisis muestra que, a partir de 2007, el número de tomas clandestinas a lo largo de la red nacional de oleoductos creció significativamente (ver Figura 1). Además, la violencia registrada en los municipios atravesados por oleoductos experimentó un alza notable (ver Figura 2). Finalmente, encontramos que la violencia aumentó tanto en municipios con alto valor estratégico para el narcotráfico como en aquellos menos atractivos (ver Figura 3). Todo esto sugiere que los cárteles de la droga mexicanos respondieron a las intervenciones del gobierno diversificando sus actividades hacia el robo indiscriminado de combustible y que la consecuente competencia por el control de los oleoductos esparció la violencia a sitios anteriormente pacíficos y poco interesantes para el narcotráfico.
Figura 1. Cantidad de tomas clandestinas detectadas.
Fuente: López Cruz y Torrens (2021)
Figura 2. Violencia a lo largo de la red de oleoductos.
Panel A. Promedio de tasas de homicidios antes de 2007 en la red de oleoductos.
Panel B. Promedio de tasas de homicidios posteriores a 2007 en la red de oleoductos.
Fuente: López Cruz y Torrens (2021)
Figura 3. Tasas de homicidio en municipios valiosos y no valiosos para el narcotráfico.
Fuente: López Cruz y Torrens (2021)
Un análisis más detallado de los datos también apunta a que la distribución del conflicto a lo largo de la red de oleoductos no fue uniforme. De hecho, mostramos que las tasas de homicidio fueron sensiblemente más altas en regiones alejadas de las plantas de procesamiento de hidrocarburos. Muy probablemente esto de deba a que los cárteles no pueden competir por el monopolio sobre puntos de la red petrolera donde el gobierno ejerce un control más efectivo del territorio. En efecto, las plantas de procesamiento representan instalaciones estratégicas que ameritan mayor protección policial y militar. De esta forma, solamente aquellos sitios relativamente menos protegidos fueron propicios para el establecimiento de monopolios criminales.
El trabajo contiene numerosas pruebas de robustez y validación que refuerzan la credibilidad de nuestros resultados empíricos. Por ejemplo, estimamos diversos modelos espaciales para descartar que la posible cercanía entre la red de oleoductos y los municipios valiosos para el narcotráfico sea la fuente de mayor violencia en la red. Asimismo, detectamos que los choques entre militares y criminales anteceden a la aparición de tomas clandestinas en las inmediaciones, lo que refuerza la idea de que, ante la presión del gobierno, los cárteles se aprestaron a robar combustible. Otros procedimientos descartan que aumentos en el precio de los combustibles, o choques negativos al mercado de trabajo hayan impulsado el robo de hidrocarburos.
Desde una perspectiva de políticas públicas, nuestros hallazgos sugieren que los programas diseñados para abatir la incidencia de crímenes ejecutados por individuos en solitario no pueden trasladarse en forma automática al ámbito del crimen organizado. Si bien el modelo clásico de Becker (1968) señala que aumentar el costo esperado del crimen reduce la comisión de delitos, nuestro trabajo muestra que cuando las actividades ilegales emanan de organizaciones criminales, existen riesgos palpables de desencadenar procesos de diversificación criminal y expansión de la violencia. En concreto, atacar las estructuras criminales organizadas sin contar con la capacidad necesaria para destruirlas completamente, puede acarrear más violencia, nuevos delitos, y la propagación de la violencia a zonas previamente pacíficas.
Referencias
Becker, G.S., 1968. Crime and punishment: an economic approach. J. Polit. Econ., 76 (2) (1968), pp. 169-217.
Johnson, S.D., Guerette, R.T. and Bowers, K. 2014. Crime displacement: what we know, what we don’t know, and what it means for crime reduction. Journal of Experimental Criminology 10(4): 549-571.
López Cruz, I. and Torrens, G., 2021. Hidden Drivers of Violence Diffusion: Evidence from Illegal Oil Siphoning in Mexico. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3470787.
