Cada cierto tiempo aparecen en la prensa escándalos -o al menos tensiones- en el aparentemente apacible y lucrativo mundo de los notarios. Ahora está en la palestra el caso de una innovadora notaría de Santiago que introdujo tecnología biométrica para autorizar de manera no presencial firmas en documentos privados. En la etapa de implementación del sistema, un notario competidor y hermano de un congresista, burló el software con una máscara para pedir lo que parecería una inocente declaración de inhabilidades. Al mismo tiempo, un socio tecnológico de la asociación de notarios (a la que se ha visto muy energética), utilizó un video de su persona para unos trámites que requerían ser firmados ante notario.
Lo que parecería gracioso, e incluso infantil, terminó en algo que algún creativo llamó “apagón notarial”. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió por mayoría, a principios del mes, instruir a todos los notarios que se abstuvieran, hasta que se estudie el asunto en profundidad, de utilizar sistemas computacionales para autorizar instrumentos privados. Para ello se tuvieron en cuenta artículos de un código antiguo, sin atender a lo dispuesto en las recientes leyes electrónicas ni las normativas dictadas con motivo del Covid-19 para evitar aglomeraciones. Hace unos días, la Corte tuvo que reunirse nuevamente y precisar que con su decisión no estaba afectando el sistema de firma electrónica avanzada, sino que a todo sistema computacional remoto de reconocimiento de identidad de usuarios.
No creo que este evento tenga la fuerza para asustar a los notarios, y no se trataría más que un “lirio cortado” del poema Walking Around de Pablo Neruda. Lo que me imagino los debe tener con la guardia arriba es la tramitación del proyecto de ley presentado por el gobierno, que los haría perder ciertos privilegios y les inyectaría competencia. Ese proyecto ya fue aprobado por la Cámara y ahora se encuentra empantanado en el Senado a pesar de 15 solicitudes consecutivas de suma urgencia. Hasta ahora nunca se había podido avanzar tanto en una reforma a las leyes de notarios. Curiosamente, todos los proyectos anteriores -y hay varios- no se llegaban a tramitar.
Una diferencia entre este proyecto y los anteriores es que los parlamentarios y la ciudadanía en general cuentan con información de calidad obtenida del estudio de mercado elaborado por la Fiscalía Nacional Económica. El interés de la FNE en esta materia surgió de dos vertientes. Por un lado, de que la actividad notarial está sujeta a intensas regulaciones, tanto para ser nombrado notario (Presidente de la República de una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones), el precio de los servicios (fijados por un decreto del Ministerio de Justicia de 1998), la cantidad y ubicación de las notarías, así como por la fiscalización de las cortes. Por otro, no había información pública sobre los procesos de concursos para notarios, los cobros efectivos realizados por los servicios notariales, la calidad de los mismos o la metodología para abrir nuevas notarías. Se hacía, pues, necesario contrastar las reglas con la realidad y establecer cómo se estaba produciendo la competencia en este mercado.
Ese informe, que tardó un año en confeccionarse, implicó contratar una encuesta que realizó la U. de Chile a 77 notarías, solicitar las boletas a un subgrupo de notarios, requerir al SII información sobre sus rentas, pedir información sobre los concursos a las Cortes y visitar notarías. Asimismo, se contó con la asesoría de distinguidos abogados y economistas (Enrique Barros, Felipe Bulnes, Eduardo Engel y Claudio Agostini) e incluso de un profesor europeo experto en derecho notarial y de un chileno avezado en temas tecnológicos.
El estudio arrojó interesantes resultados. Los concursos para los cargos han sido opacos, a pesar de que habría un evidente interés en postular. Normalmente el precio máximo establecido por la regulación no se cumple (por ejemplo, una declaración jurada no debiera valer por decreto más de $500 y en los hechos cuesta mucho más). La competencia se da por calidad de servicio (rapidez en la atención) y no por precio. Los servicios más demandados son 17 (entre ellos, finiquitos laborales y fotocopias autorizadas), la mayoría de los cuales no requiere pericia jurídica sustantiva alguna. Sobre el 80% de quienes requirieron los servicios notariales no presenciaron al notario. Hay un número significativo de leyes -al menos la FNE contó 205 y puede haber más- que establecen trámites o gestiones que requieren la intervención de notarios. Existe regulación anacrónica sobre la forma en que se prestan los servicios (“tinta fija y pasta indeleble”) para un mundo de bits con costos marginales cercanos a cero, al punto que una declaración jurada digital no debiera costar más de $50. Las rentas promedio que obtienen los notarios llegan a $14 millones por mes, y si el notario está ubicado en el centro de Santiago, ese número sube a 24 millones, cifras no despreciables si además se considera que el cargo se ostenta en algunos casos vitaliciamente y en otros hasta que se cumple 75 años. No está mal, ¿no?.
La encuesta también mostró una evaluación positiva del servicio por parte de los usuarios y aceptables niveles de confianza, algo que escasea en nuestro país y que hay que preservar. Cierta ritualidad notarial, la escrituración de los compromisos complejos y la necesidad de contar con registros confiables son valores necesarios para el tráfico jurídico y no parecería prudente, por ejemplo, reemplazar este sistema por un único organismo público a cargo de tales labores, modelo que podría traer más males que beneficio en el mediano y largo plazo.
En base a estas informaciones y otras adicionales que constan en el informe, la FNE determinó que las notarías gozaban de rentas monopólicas o supra competitivas, arrastraban ineficiencias productivas y generaban altos costos para la ciudadanía, en especial en lo que dice relación con el tiempo y los costos de transporte de cada uno de nosotros. Había que realizar una reforma global, así se dijo, que inyectara aire fresco a este mercado de privilegios decimonónicos.
El gobierno no se hizo esperar. Unos meses después de publicado el informe presentó un sustantivo proyecto que se hacía cargo de parte importante de las anomalías detectadas y que, entre otros, contemplaba nuevos concursos y autoridades que eligen a los funcionarios, nuevo sistema de fiscalización a cargo de la Fiscalía Judicial e introducción de tecnología al negocio. Y, a mi juicio, lo más relevante: nueva competencia a través de la figura del fedatario y el establecimiento de un mecanismo ágil de desnotarización de las gestiones y trámites que, de acuerdo con las leyes, exigen la concurrencia de uno de ellos.
El fedatario sería, según el proyecto original, un ministro de fe con competencia nacional, abogado de profesión (¿será necesario ser abogado para desempeñarse en este trabajo?), que tiene como función certificar cuestiones mecánicas que no requieren conocimiento jurídico relevante ni registro y que pueden ser nombrados sin restricción en su número ni ámbito geográfico, como sucede con los notarios.
En la Cámara de Diputados se discutieron múltiples temas y, a mi juicio, por desgracia se limitó el radio de acción y número de fedatarios y se eliminó la facultad del presidente para desnotarizar las leyes. Habrá que ver qué suerte le depara al proyecto en el Senado y si se pueden enderezar estos temas esenciales o si se entrampa aún más el proyecto gracias a argumentaciones que logren en definitiva hacer imperar el “peso de la noche”.
Ojalá el gobierno logre acelerar el tranco en esta reforma y que los políticos “se anoten un poroto” con este cambio estructural, que será más que bienvenido por la ciudadanía, mostrando su independencia, lo que podría pasar por dar a conocer sus inhabilidades y transparentar sus potenciales conexiones con los notarios. Luego de eso, habrá tiempo para que la academia estudie este mercado como una posible situación con elementos de capitalismo clientelista, si así fuese el caso.
