El 1 de septiembre, a propósito de una notaría que tuvo la osadía de arriesgarse a innovar, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que “todos los notarios de la jurisdicción (…) se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado en sus oficios para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”.
Esta decisión significa un “apagón digital” de las notarías de Santiago, planteando un retroceso significativo en materias de modernización y digitalización de los procesos notariales. Recordemos que en un estudio desarrollado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el año 2018, del cual fuimos parte, quedó claramente establecido que las prácticas y procesos notariales requerían de una modernización urgente. De seguir las recomendaciones de dicho estudio, los costos y tiempos necesarios para realizar los trámites notariales se reducirían, en promedio, en un 95%. Son pocas las reformas con ganancias de productividad de esta magnitud. Poco más de la mitad de estos ahorros viene del uso de tecnologías de información robustas; el resto, de reducir las barreras de entrada y falta de competencia que explican las cuantiosas rentas monopólicas que estimó la FNE. Estas reformas resultarían en mayor seguridad y mejor trazabilidad que el sistema actual y la posibilidad de realizar muchos trámites en forma remota.
Más allá de la argumentación jurídica de la Corte de Apelaciones, sobre la cual no nos pronunciaremos, sus aspectos técnicos confunden los conceptos de presencialidad y digitalización. Ambos no son sinónimos. Es perfectamente compatible un proceso que requiere presencialidad con un moderno soporte digital basado en documentos y firma electrónica. En efecto, en tal caso todo el circuito del proceso se sustenta en documentos electrónicos y flujos automatizados (digital de punta a punta) y, al mismo tiempo, es firmado con firma electrónica de manera presencial, manteniendo los atributos de seguridad, trazabilidad y no repudiación de este tipo de documentos.
Los procesos de modernización de los servicios notariales requieren considerar dos dimensiones: presencialidad versus virtualidad y el soporte papel versus el soporte digital. Respecto de la presencialidad, llama la atención que se defienda a rajatabla, dado que en muchas ocasiones esto no se cumple en el sistema actual. Como documenta el Informe de la FNE, un 82% de los usuarios de notarías declara no haber visto al notario, una realidad que la Asociación de Notarios ignora en su carta del 5 de septiembre. Este es un hecho que confirma lo que cualquier persona que haya asistido a una notaría sabe: los trámites se hacen ante funcionarios de la notaría que no han sido nombrados ministros de fe. Además, la incorporación de tecnologías que hagan más eficiente el proceso corre por un carril distinto al de la presencialidad y no vemos cómo el apagón digital impuesto por la corte y celebrado por la Asociación de Notarios va a contribuir en esta urgente modernización.
A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite legislativo un proyecto de ley que permite y promueve el uso masivo de tecnologías de información y comunicación en las notarías. Este proyecto también plantea un proceso más transparente de nominación de notarios, reduciendo el rol que tienen en la actualidad las cortes en este proceso. Además, busca aumentar la competencia muy relevantemente, introduciendo la figura del fedatario, y también reducir el uso de métodos arcaicos en las notarías.
Esperamos que esta desafortunada resolución sea un aliciente para que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo aceleren la discusión del proyecto de ley, el cual se halla detenido en el Senado desde enero, pese a encontrarse con suma urgencia, y así podamos contar con un sistema notarial acorde con el siglo XXI.
