Michael Weintraub, Profesor Asociado de la Escuela de Gobierno y Director del Área de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), Universidad de los Andes
Juan Sebastián Franco Mora, Investigador, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), Universidad de los Andes
En los últimos años han salido cerca de 5.2 millones de personas de Venezuela, de las cuales casi el 70% se han establecido en Colombia, Perú, Chile, Ecuador o Brasil (R4V, 2020). Esta situación hace que el éxodo de migrantes venezolanos sea comparable en su magnitud a algunos de los fenómenos migratorios más intensos de las últimas décadas, como el producido por la guerra civil siria que, de acuerdo con los datos de la respuesta interagencial de Naciones Unidas, indujo entre 2011 y 2020 a aproximadamente 5.6 millones de personas a huir de su país de origen (Syria Regional Refugee Response, 2020).
En el marco de un proyecto financiado por The International Development Research Centre (IDRC) y liderado por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS) de la Universidad de los Andes, escribimos un documento que revisa la relación compleja entre la migración venezolana y las condiciones de seguridad ciudadana de los países receptores. Aquí resumimos las principales conclusiones sobre percepciones de (in)seguridad, los efectos causales de la migración sobre la seguridad, y estudios sobre la victimización e instrumentalización de migrantes en la región.
Empezamos con el impacto sobre percepciones de seguridad, que nos preocupa principalmente porque las actitudes de las poblaciones locales en países receptores pueden contribuir a la xenofobia e, incluso, a la victimización de la población migrante. Ejercicios realizados en varios países del hemisferio norte reflejan que los encuestados tienen una mayor preocupación por los efectos sobre el delito que por aquellos relacionados con la pérdida de empleos o el aumento de impuestos como resultado de mayores presiones a la seguridad social (Fasani et al., 2019; Bell & Machin, 2013; Simon & Sikich, 2007). En términos de la migración en América Latina existen algunos ejercicios aislados para cada país. El Programa Mundial de Alimentos (WFP) encuestó virtualmente a personas de comunidades receptoras en Colombia, Perú y Ecuador en 2019. Este ejercicio evidenció que los efectos sobre el empleo y la inseguridad son las dos principales preocupaciones de la ciudadanía local en estos tres países. Un sondeo similar realizado por Oxfam (2019) en el mismo año reveló que en estos tres países más del 60% de los encuestados considera que la migración aumenta la delincuencia. De manera similar, la encuesta Espacio Público-Ipsos (2019) realizada en Chile reflejó que cerca del 59% de los encuestados consideraba que el aumento de la inseguridad, el consumo de drogas y la delincuencia era la principal preocupación respecto a la llegada de inmigrantes.
A pesar de esta percepción predominantemente negativa, los estudios que han examinado el efecto que ha tenido la migración sobre la seguridad en Europa y EEUU no han encontrado un resultado concluyente o generalizable. Por ejemplo, mientras que algunos no encuentran ninguna relación entre migración y criminalidad (Ousey & Kubrin 2018, Maghularia et al. 2019), otros encuentran efectos leves sobre hurtos y tráfico de estupefacientes (Bianchi et al., 2012; Bell et al. 2013; Spenkuch 2014). Adicionalmente, parece que las políticas de regularización son importantes en mitigar o exacerbar los potenciales efectos de la migración sobre la seguridad (Fasani 2018; Freedman et al. 2018).
Para el caso de migrantes venezolanos en Latinoamérica hay aún menos evidencia empírica: en Colombia, Franco Mora (2020) mostró que existe un efecto pequeño entre los flujos de migración irregular y los hurtos a persona y a comercio. Adicionalmente, este estudio presentó evidencia que sugiere que la regularización en 2018 tuvo algunos efectos positivos como los documentados por la literatura mencionada anteriormente. De manera similar, análisis de la Fundación Ideas para la Paz (2018, 2019) han encontrado que la correlación entre flujos migratorios medidos en la frontera y las tasas de algunos delitos no es significativa. Para el resto de los países de la región, simplemente no existen análisis robustos.
Adicionalmente, los países receptores de migrantes enfrentan el desafío de proteger a los migrantes venezolanos de situaciones de victimización e instrumentalización. La mayoría de la evidencia sobre estos fenómenos vienen de fuentes periodísticas. Por ejemplo, en Brasil y Perú se han documentado crímenes violentos contra venezolanos por xenofobia (The Intercept 2019; El Comercio 2020). Aunque aún no existen datos sobre ataques xenófobos a población migrante en Colombia, se ha encontrado un aumento significativo de homicidios de migrantes venezolanos – y no de colombianos – en los municipios cercanos a la frontera con Venezuela (Knight & Tribin 2020). Al mismo tiempo, se ha documentado la vinculación de migrantes por parte de grupos armados en Colombia a la recolección de coca, el contrabando y la minería ilegal (MMC 2019; FIP 2020), igual que violencia sexual y de género contra las mujeres migrantes y explotación sexual de mujeres venezolanas en Perú y Colombia (Banco Mundial 2019; FIP 2019).
El colapso de la economía venezolana, junto con la represión estatal del régimen de Nicolás Maduro, ha implicado grandes retos para múltiples países de América Latina. En el tema específico de seguridad ciudadana en los países receptores, hay mucho que todavía no sabemos. No entendemos bien, por ejemplo, cuál es el efecto que tienen los medios de comunicación sobre las percepciones de la ciudadanía en la región. Como se mencionó anteriormente, no hay estudios causales robustos más allá de Colombia para aislar el efecto de la migración. Creemos que hay oportunidades para colaboraciones entre ONGs, gobiernos locales y académicos para estudiar cómo sistemas de protección para migrantes pueden cambiar la participación en actividades criminales o el riesgo de sufrir victimización o instrumentalización en los países de la región. Finalmente, la escasez de datos sobre la migración (ni mencionar sobre el delito) impide la producción de conocimiento que, a su vez, hace imposible la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
A pesar de que en los países receptores se percibe un riesgo de delincuencia por parte de los migrantes venezolanos, la evidencia existente no es robusta en comprobar dicha relación. El reto ahora consiste en cómo atender a las necesidades de esta población vulnerable y evitar los discursos xenófobos en una coyuntura de cada vez mayores restricciones fiscales.
Referencias
Banco Mundial (2019) Una Oportunidad para Todos: Los Migrantes y Refugiados Venezolanos y el Desarrollo del Perú. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32816
Bell, B., & Machin, S. (2013). Immigration and crime. In International handbook on the economics of migration. Edward Elgar Publishing.
Bell, B., Fasani, F., & Machin, S. (2013). Crime and immigration: Evidence from large immigrant waves. Review of Economics and statistics, 21(3), 1278-1290.
Bianchi, M., Buonanno, P., & Pinotti, P. (2012). Do immigrants cause crime?. Journal of the European Economic Association, 10(6), 1318-1347.
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Espacio Público-Ipsos (2019) Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión. Disponible en https://www.ipsos.com/es-cl/encuesta-espacio-publico-ipsos
Fasani, F., Mastrobuoni, G., Owens, E., & Pinotti, P. (2019). Does Immigration Increase Crime?: Migration Policy and the Creation of the Criminal Immigrant. Cambridge: Cambridge University Press. FIP (2019) Seguridad y migración.
Franco Mora, Juan Sebastián. (2020). “¿Los sospechosos de siempre? Efectos de la migración irregular en la criminalidad.” Documento CEDE, Universidad de los Andes. #8.
Freedman, M., Owens, E., & Bohn, S. (2018). Immigration, employment opportunities, and criminal behavior. American Economic Journal: Economic Policy, 10(2), 117-51.
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Fundación Ideas para la Paz (2020) ¿Qué hacer con el ELN? Opciones para no cerrar la puerta a una salida negociada. Disponible en http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1808
Knight, B. G. & Tribín, A. (2020). “Immigration and Violent Crime: Evidence from the Colombia-Venezuela Border.” NBER Working Paper No. 27620.
Maghularia, R., & Uebelmesser, S. (2019). Do Immigrants Affect Crime? Evidence from Panel Data for Germany.CESIfo Working papers, 7696.
Mixed Migration Centre (2019) Waning welcome: the growing challenges facing mixed migration flows from Venezuela: A field assessment study in Colombia and Peru. MMC Research Report.
Ousey, G. C., & Kubrin, C. E. (2018). Immigration and crime: Assessing a contentious issue. Annual Review of Criminology, 1, 63-84.
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Spenkuch, J. L. (2013). Understanding the impact of immigration on crime. American law and economics review, 16(1), 177-219.
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