A seis semanas de la firma de un marco de entendimiento para construir un “Plan de Emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del Empleo, al alero de un marco de convergencia fiscal de mediano plazo”, los avances han sido más bien tímidos.
De las 12 reformas legales que forman parte de este plan, tres han sido aprobadas en el Congreso, tres se encuentran en tramitación, y seis aún no han comenzado su discusión. De las 10 medidas administrativas y de gestión que ahí se acordaron, tampoco se conocen detalles del grado de avance de cada una de ellas. Varias de estas medidas no son de implementación inmediata, por lo cual se requiere avanzar en cada una de ellas con celeridad.
Para refrescar la memoria. Los tres ejes del acuerdo son: 1) Marco Fiscal por 24 meses y consolidación fiscal a posteriori, 2) Protección de los ingresos de las familias y 3) Plan de reactivación económica y del empleo.
Si bien el primer eje del acuerdo plantea un marco fiscal de gasto adicional por US$ 12.000 millones para los próximos 24 meses, lo que coloca un límite al aumento de la deuda bruta hasta un nivel en torno a 45% del PIB, iniciativas parlamentarias tales como el retiro del 10% de los fondos de pensiones que se traducen en un aumento del gasto que deberá financiar el fisco por medio del Pilar Solidario de nuestro sistema de pensiones, imponen nuevamente mayores presiones de gasto.
En cuanto a las medidas de protección de ingresos de las familias se ha avanzado en casi todo lo acordado, pero aún no se ha podido mejorar el programa de protección del empleo en los términos establecidos en el acuerdo. Este mes de atraso en su legislación tiene un efecto directo en quienes hoy dependen del seguro de cesantía.
Así, por ejemplo, una persona que suspendió su relación laboral a partir del mes de mayo, en julio está recibiendo un 45% de su remuneración anterior, mientras que de haberse aprobado el proyecto hoy en trámite, estaría recibiendo un 55%. Quizás para algunos un 10% adicional no es suficiente como para agilizar la tramitación de esta reforma, será que no tiene el interés estratégico del “otro” 10%.
El tercer eje, el plan de reactivación económica y del empleo, consiste en siete modificaciones legales y siete medidas administrativas y de gestión. De las siete modificaciones legales sólo UNA se ha presentado al Congreso – Incentivos tributarios para fomentar la inversión privada-, y después de ya un mes de tramitación, aún no ha sido aprobada. Las restantes seis aún no comienzan su discusión en el Congreso. Entre ellas destacan las medidas para ampliar los programas de subsidio a la contratación – que fue resaltada por el Presidente Piñera en su reciente cuenta pública-; modificaciones a nuestra legislación laboral, al menos transitorias, de forma tal de permitir que los trabajadores puedan adaptar su jornada laboral y tareas a desarrollar cumpliendo con las nuevas normas sanitarias; y facilitar el acceso al crédito por parte de empresas de menor tamaño y también para grandes empresas que hoy no son cubiertas por el actual FOGAPE-Covid, así como el apoyo a empresas estratégicas.
En cuanto a las reformas administrativas, no se tiene mayor detalle en cuanto al avance de cada una de ellas, pero la mayoría implicarían mejorar la gestión y reducir la burocracia estatal en distintas áreas.
Resulta indispensable contar con una cartera de proyectos definida y lista para ser ejecutada tanto por parte del Ministerio de Obras Públicas como del de Vivienda, así como también agilizar la “permisología” estatal. Diagnósticos ya hay suficientes respecto de esto último, la Comisión Nacional de Productividad en su informe de septiembre pasado ya levantó la información necesaria para trabajar sobre ello.
Hoy, uno de cada cinco ocupados a junio del año pasado no tienen empleo. Y de los actuales ocupados, una parte significativa ha sufrido una baja en sus ingresos. Con varias regiones y comunas ya comenzando un proceso de desconfinamiento, se debe acelerar la tramitación e implementación de las medidas a favor de la reactivación. Sólo así podremos pasar de los actuales programas transitorios de transferencias de recursos, a programas que fortalezcan la única fuente de ingreso sostenible y digna en el tiempo para las personas, el trabajo.
El tiempo corre, y de lo acordado el 14 de junio por ahora se sigue ignorando parte importante de LA LETRA GRANDE.
