La discusión en torno al caso Cencosud y la Ley de Protección del Empleo es una buena muestra de cómo nuestro debate público y legislativo ha ido perdiendo profundidad. Un exceso de voluntarismo a la hora de legislar —con leyes y discusiones que anteponen la voluntad a la razón— afecta seriamente la efectividad de las políticas públicas.
Esto no es nuevo. Por años, discusiones importantes sobre impuestos, regulación ambiental y, en este caso, mercado del trabajo, han estado basadas más bien en cómo quisiéramos que fueran las relaciones económicas, sin prestar demasiada atención a cómo las personas y las empresas —los agentes económicos— responden a los incentivos.
No se trata de desmerecer el análisis normativo, sino más bien distinguir entre el deber ser y el ser. En el caso del supermercadista, las consideraciones sobre los esfuerzos que las instituciones debieran hacer en esta coyuntura o sobre la prudencia con que debieran actuar, sobre la estética, son todas legítimas y valiosas. Pero no necesariamente son una buena receta para legislar.
El problema se produce cuando las leyes desconocen sus efectos y se basan casi exclusivamente en una visión normativa del mundo. ¿El costo? Mucho ruido, pocas nueces. Nos guste o no nos guste, una ley que establece fuertes restricciones para poder acceder a este programa llevará a que menos empresas se acojan. En este caso, con tal de evitar que las empresas grandes (el nuevo gran enemigo) puedan verse beneficiadas —directa o indirectamente— con la nueva legislación, se han puesto restricciones que desincentivan acceder al programa. Y en algunos casos, hacerlo será imposible.
Más que una ley cuyo objetivo es cuidar el empleo, la última versión se transformó en una ley que desincentiva la protección del empleo en sociedades anónimas. ¿No debiera ser la efectividad un criterio dominante a la hora de votar en el Congreso? La tentación de no reconocer los incentivos es una gran amenaza. En los meses venideros, vendrán propuestas para promover la contratación de trabajadores desempleados. Ello será necesario, especialmente en segmentos jóvenes, donde el desempleo cundirá con fuerza. Pero si nuestra legislación llena de restricciones a las empresas que usen estos incentivos, el resultado será un escuálido aumento del empleo.
El problema de anteponer en el debate público una visión voluntarista por sobre la evidencia de lo que funciona o no, es viejo y puede ser muy lucrativo en la arena política. Si cerráramos un poco el espacio a nuestros propios sesgos y lo abriéramos a una visión más pragmática y científica de las cosas, podríamos salir mejor parados de esta crisis.
