Buena parte de los residentes en Chile se encuentra en cuarentena, una medida sanitaria que busca contener el alza de los contagios del covid-19. La efectividad de esta medida depende de manera importante de las políticas económicas que la acompañen.
En efecto, la adhesión de la ciudadanía a la cuarentena está influida por sus expectativas respecto de si tendrán recursos suficientes para financiar sus gastos básicos mientras duren las medidas sanitarias, un período cuya extensión es incierta. Las familias se encuentran en situaciones diversas respecto de esta capacidad. Algunas no han perdido sus ingresos, por ejemplo, porque han podido acogerse al trabajo a distancia, mientras que otras sí, ya sea porque han enfrentado despidos o porque sus miembros trabajan por cuenta propia y no han podido comercializar sus bienes y servicios.
En una emergencia como la actual, es el Estado el que debe proteger a las personas, tanto para facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias como para minimizar sus costos sociales y económicos. ¿Qué apoyos han recibido las familias a la fecha?
Uno de los primeros anuncios fue la Ley de Protección del Empleo que permite que trabajadores formales cuya relación laboral ha sido suspendida, por mandato de la autoridad o por acuerdo con sus empleadores, accedan al Seguro de Cesantía (SC). En el primer mes, los trabajadores reciben el 70% de su salario, fracción que decrece en el tiempo hasta llegar al 30% en el sexto mes.
Al mismo tiempo, se legisló el Bono Covid-19, que entrega $50 mil por una vez, por carga o por hogar, según su composición, a familias vulnerables con ingresos informales.
Luego se anunció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Después de una difícil discusión en el Congreso, el bono entregará hasta $65 mil por persona el primer mes, algo más de $55 mil el segundo, y unos $45.500 el tercero, a hogares cuyos ingresos provienen principalmente de fuentes informales y que están en el 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
Finalmente, la semana pasada se anunció un plan para apoyar a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. A ellos se les entregarán recursos para compensar en un 70% la reducción que hayan observado en sus ingresos, con un cierto tope y por a lo más tres meses.
Varios factores llaman la atención de este conjunto de medidas. El primero, ya ampliamente discutido, es que los beneficios del SC y del IFE decrecen en el tiempo. Este diseño, en el caso del seguro, busca motivar a los desempleados a buscar un nuevo empleo. Pero eso es razonable en tiempos normales. En las condiciones actuales, no solo es deseable que se queden en sus hogares: para muchos es un mandato que deben cumplir por motivos sanitarios. Por lo demás, por más esfuerzo que pongan en la búsqueda, lo más probable es que hoy no encuentren un nuevo trabajo.
Algo similar sucede con el Ingreso Familiar de Emergencia. Un motivo que pudo tener en mente el Ejecutivo para este diseño es que bastaría con un mes de confinamiento para contener los contagios, y que la actividad económica se retomaría rápidamente, cosa que no ha sucedido.
Otro factor que se ha discutido es la suficiencia de los montos. En particular, los beneficios entregados para las familias más vulnerables es inferior a lo que requiere una familia del primer quintil para financiar sus gastos más necesarios (alimentación, alojamiento y servicios básicos, entre otros).
Asimismo, el conjunto de medidas deja fuera a grupos relevantes de familias que también necesitan ayuda, en particular aquellas que están sobre el 60% del RSH y cuyos ingresos son mayormente informales. Ello, a pesar de que otras familias en su misma situación de vulnerabilidad sí reciben ayuda por el hecho de percibir ingresos formales.
Un último factor es el bajo gasto que realiza el Estado en estos apoyos. Los beneficios del SC se financian con los ahorros de trabajadores y empleadores. El Gobierno ha comprometido agregar hasta US$ 2.000 millones en caso de ser necesario. Los recursos del seguro son abundantes hoy; de hecho, alcanzan para pagar más de cuatro meses de beneficios a la totalidad de los cotizantes (esto es, a casi 5 millones de personas), con las reglas actuales. Así, es posible que el Estado no necesite aportar estos recursos, que por lo demás la ley exige que el sistema devuelva al fisco más adelante. Algo similar ocurre con los bonos a quienes extienden boletas de honorarios: deben devolver los recursos al Estado cuando sus ingresos mejoren.
Al final, los únicos gastos en las familias son los casi US$ 170 millones que costó el Bono Covid-19, y los US$ 2.000 millones comprometidos para apoyar a familias vulnerables, que por lo demás se financian con reasignación de gastos. Esto es, se ha comprometido un 0,7% del PIB.
La dinámica de los contagios sugiere que la ayuda a las familias deberá ser complementada prontamente. Para darle tranquilidad, sería bueno que la ciudadanía conozca luego qué alternativas está considerando el Gobierno para los distintos escenarios que pueden venir. Sería mejor aun si el Ejecutivo discute y acuerda esas medidas con el Legislativo con tiempo, con una mirada más integral sobre la situación de las distintas familias en el país.
