Dependiendo de nuestras obligaciones, dudo que algún profesional leyendo estas líneas evite realizar planes, sea para el día, la semana, el mes o los próximos años. En algún punto en los últimos treinta años, planear o planificar dejó de ser una actividad interesante para varios gobiernos de América Latina. Mi inspiración para esta reflexión es el Perú.
¿Por qué aquello que aparentemente es útil para un individuo es considerado inútil para una colectividad?
Recuerdo con claridad la idea que las finanzas públicas no pueden ser manejadas con la lógica del ama de casa, es decir, que un gobierno puede ser keynesiano. Por lo menos en este nivel simplificado de pensamiento, es claro que aquello que resulta correcto para el individuo, no lo es para el gobierno. ¿Será lo mismo para la planificación?
Mi respuesta es un rotundo NO. De hecho, el postulado es que vamos a ser capaces de crear más riqueza aprovechando mejor a los mercados si planificamos, aunque sea un poquito.
El péndulo que nos llevó al extremo opuesto del estatismo de la década de los sesenta y setenta, se fundamentó en una fe casi ciega en que los mercados y la iniciativa privada nos llevarían muy rápidamente a una asignación eficiente de los recursos. Ello requería, además, una mínima intervención del Estado, el que debía jugar un rol regulador, es decir, el papel de establecer las reglas de juego para que los privados, en el pleno ejercicio de sus libertades, asignaran los recursos a sus usos más valiosos.
En los momentos de las reformas pro-mercado, varios Estados latinoamericanos venían de diversas experiencias lindantes con el colapso. Su ámbito de acción territorial había disminuido -si solo en el Perú, los datos de un tercio de las entidades subnacionales no recogidos en el Censo Económico Nacional de 1994- y la Administración Pública había sido reducida a su mínima expresión.
Con las reformas, en primer lugar, se priorizó la modernización de la Administración Tributaria, claramente imprescindible si de hablar de mínimas funciones públicas se trata ya que, de otro modo, no se contaría con los recursos necesarios. De a pocos, también, los diversos gobiernos que se sucedieron fueron modernizando la administración del Estado, privatizamos ineficientes empresas públicas, desarrollamos instituciones para dar soporte a las actividades creadoras de riqueza del sector privado (sea la sanidad agropecuaria o la protección al consumidor o los procedimientos concursales), nos embarcamos en APP para desarrollar nueva infraestructura y, llegado el punto, también comenzamos a aumentar los recursos para los sectores sociales.
Estos procesos fueron acompañados de la formulación de planes estratégicos, que es lo más cercano a planeamiento o planificación a lo que se acercó la Administración Pública. Cada sector cuenta con un plan estratégico: Misión, visión, objetivos estratégicos, POA y demás, suelen estar muy desarrollados, pero raramente cuentan con una visión de planificación nacional o territorial o simplemente intersectorial.
Y aquí es precisamente donde comienzan los problemas ya que, por más que se quiera, la vida de las personas no se desarrolla en compartimientos estanco sectoriales.
Un ejemplo sencillo puede contribuir a ilustrar el problema. El buen estado de salud de una persona depende, en gran medida, del entorno higiénico en que viva y de su alimentación. Un elemento fundamental es el agua bebible y la disposición de residuos, así como la disponibilidad de una dieta balanceada. ¿Saben cuántos sectores y niveles de la administración pública están involucrados en estas 42 palabras? Salud, Agricultura, Saneamiento, Transportes, Economía y los tres niveles (nacional, regional, local).
Aquí surgen dos problemas. De un lado, está la especialización que tiene la dimensión positiva que se aprovecha el conocimiento específico para lograr eficiencias. Pero también puede tener un aspecto altamente perturbador ya que las especializaciones se encuentran acompañadas de posiciones gremiales o corporativas: médicos de administradores públicos porque nadie más entiende de provisión eficiente de servicios médicos; agrónomos de administradores porque nadie más entiende del campo; ingenieros de administradores porque nadie más entiende de provisión eficiente de rutas o vías de transporte, etc.
De otro lado, se encuentra el problema de la falta de coordinación intersectorial y entre niveles de gobierno. ¿Cómo medir la eficiencia de campañas de vacunación si no logramos contar con agua potable? Solo para contar con agua potable en el Perú requerimos al gobierno local, pero también a la Autoridad del Agua, que depende del Ministerio de Agricultura. Y, no puedo olvidarme de Economía y Finanzas para contar con los recursos de las transferencias del Tesoro Público en un Estado centralizado.
Otro ejemplo puede encontrarse en el diseño de APP. Nuestros colegas Eduardo Engel, Ronald Fisher y Alexander Galetovic (2014) postulan con claridad que es poco recomendable implementarlas allí donde se requiere importantes esfuerzos de coordinación. En el Perú, hemos implementado formas de APP para el Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima (SIT). Una urbe con aproximadamente diez millones de habitantes se encuentra en proceso de implementación de un SIT que tiene un concesionario por línea. A esto se une que los concesionarios de las carreteras también son distintos y la interoperabilidad de los sistemas es inexistente. Cada uno ha implementado peajes electrónicos por lo que los usuarios debemos contar con tres diferentes terminales (chips) de registro.
Los ejemplos abundan y podríamos seguir con varios más. Lo cierto es que, en términos de la política pública y el bienestar de los ciudadanos, mayor coordinación y planeamiento tienen el potencial de crear más riqueza y lograr desarrollarnos.
Referencia:
Engel, E., R. Fisher, y A. Galetovic, Economía de las Asociaciones Público-Privadas, Fondo de Cultura Económica, 2014
