Por Noelia Bernal y William Fernandez[*]
Desde el año 1981 en adelante, los antiguos sistemas de pensiones de los países Latinoamericanos (por lo general de reparto público) fueron cambiando hacia sistemas de capitalización individual. Bajo este régimen, cada trabajador ahorra en cuentas personales para su vejez. Estas cuentas privadas son administradas por una empresa especializada que invierte dichos recursos en diversos instrumentos financieros. Por hacer este servicio, estas empresas cobran una comisión administrativa que puede ser cargada de diferentes formas. El primer país en realizar dicha transición fue Chile (1981), seguido de Perú (1992), Colombia (1993) y México (1997). En aquel entonces, se sugería que este tipo de reformas incrementaba el nivel de ahorro y crecimiento económico del país, al mismo tiempo que promovía el desarrollo de los mercados financieros y de anualidades (World Bank, 1994).
Sin embargo, luego de varias décadas de haber implementado los sistemas de capitalización individual, no existe mucha literatura que permita identificar el impacto que podrían tener los diferentes esquemas de comisiones sobre el ahorro acumulado en la vejez (que determina el valor final de las pensiones) ni sobre el bienestar de los individuos inscritos en dichos sistemas. Un simple cambio en la manera cómo se cobran las comisiones puede generar importantes variaciones en los ahorros acumulados o niveles de pensiones que reciben los trabajadores. Por ello, simular el impacto de un cambio a largo plazo en las comisiones es algo relevante, en especial para los países de nuestra región en los que los trabajadores se encuentran obligados a contribuir al sistema de pensiones.
Reforma del Sistema Privado de Pensiones Peruano
En julio del 2012, se publicó Ley No. 29903 en Perú, o Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP). En dicha legislación, entre otras reformas, se estableció el cambio de un esquema de comisiones a otro. En concreto, se estableció que las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) pasen de cobrar la comisión como un porcentaje del salario mensual del individuo (“comisión por flujo o por remuneración”), a cobrarla como un porcentaje del dinero que se empiece a acumular en el fondo de pensión de cada individuo (“comisión por saldo o de balance”). Sin embargo, se previó que dicho cambio no sea abrupto, sino gradual, y se determinó que durante 10 años (2013-2023) se cobre una “comisión mixta” donde un porcentaje se cobra como flujo y otro porcentaje como saldo. El porcentaje de flujo irá decreciendo en el tiempo y, a partir del año 2023, sólo existirá la comisión por saldo.
Si bien es cierto esta reforma fue acompañada de otras medidas que, en teoría, procuraban que las AFP tuvieran incentivos de bajar sus comisiones y maximizar la rentabilidad de los fondos (dado que ahora su ganancia depende de qué tan grandes son los saldos de los afiliados), al momento de su publicación, no había mucha evidencia que indicara que, efectivamente, esta reforma tendría impactos positivos sobre el ahorro futuro, los niveles de pensión o sobre el bienestar de los trabajadores. Cuando se estableció el cambio de comisión (operativamente comenzó en febrero de 2013), los trabajadores que ya se encontraban afiliados al SPP tuvieron cinco meses para elegir con la información disponible entre los dos esquemas de comisión. Después de este tiempo, aquellos que no manifestaron su decisión de quedarse en la antigua comisión por flujo (elección activa) fueron asignados por defecto a la comisión por saldo (opción por default). Esta importante decisión o asignación es irreversible según la reforma. Todos los trabajadores que se afiliaron desde febrero de 2013 en adelante también son asignados por defecto a la comisión por saldo.
En Bernal y Olivera (2019), Javier Olivera y uno de nosotros investigamos el impacto de esta reforma sobre el ahorro futuro y el bienestar de los trabajadores. Utilizamos una base de microdatos administrativos provista por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que cuenta con información acerca de 64,588 trabajadores que se encuentran afiliados al SPP en el 2016. Con esta data, simulamos el valor final del saldo (a los 65 años) en el fondo de pensión de cada individuo (utilizando ciertos supuestos[†]) bajo dos escenarios: i) el esquema de comisión que eligió o fue asignado y, ii) el esquema de comisión contrafactual (ahorro que hubiera obtenido si hubiera elegido la otra opción). Así, podemos estimar el nivel de las ganancias o pérdidas en el ahorro acumulado de cada trabajador, conociendo el esquema de comisión bajo el cual se encuentra y el escenario contrafactual correspondiente.
Para evaluar el efecto de cada tipo de comisión sobre el saldo acumulado al momento del retiro, hacemos uso del charge ratio. Esta medida es utilizada por diversos autores (Whitehouse (2001), Tapia y Yermo (2008), Murthi et al. (1999), Aguila et al. (2014)) e indica qué proporción del saldo acumulado representan las comisiones pagadas a lo largo del ciclo de vida bajo cada esquema. Entonces, el tipo de comisión que más le conviene al trabajador es aquella que presenta un menor valor de charge ratio (o, dicho en otras palabras, que pierde menos dinero por las comisiones administrativas bajo dicho esquema). En este sentido, encontramos que el cambio en el esquema de comisión beneficia únicamente al 36.2% de los trabajadores de la muestra (ganadores); mientras que perjudica al 63.8% restante (perdedores). De este último grupo, el 40.4% fue asignado al esquema de comisión por saldo, o decidió no hacer nada durante los cinco meses que tuvo para cambiarse de esquema; y el 23.4% restante hizo una mala elección al quedarse en el esquema de comisión por flujo. En la Tabla 1, se aprecia el número de trabajadores que se encuentra en cada uno de los grupos (perdedores o ganadores).
Tabla 1. Número de perdedores y ganadores bajo cada esquema de comisión
Como se observa, el cambio en el esquema de comisiones es perjudicial para casi dos tercios de los trabajadores de la muestra, por lo que quisimos explorar un poco más sobre la intensidad de las pérdidas y ganancias. Haciendo un análisis por grupos de edad, encontramos que los individuos jóvenes (menores de 40 años) que se encuentran asignados a la comisión por saldo son los grandes perdedores de la reforma, al igual que los trabajadores pertenecientes a los quintiles de ingresos más bajos. Estos resultados coinciden con el análisis de bienestar[‡] que realizamos: los trabajadores más jóvenes alcanzaban niveles de utilidad mayores bajo el esquema de comisión por flujo que por saldo.
¿Hasta qué punto tendría que bajar la comisión por saldo para reducir el número de perdedores? Si se asumiera un nivel de comisión por saldo menor que el inicial, por ejemplo, 1%, la proporción de perdedores que se encuentra en el esquema por saldo se reduce de 40.4% a 36.5%. Inclusive, si bajamos la comisión por saldo a un nivel de 0.75%, se encuentra que esta proporción de perdedores se reduce a tan solo 27.4%. Sin embargo, no todo son buenas noticias, puesto que, bajo estos escenarios, la proporción de perdedores entre los trabajadores que eligieron activamente quedarse en la comisión por flujo aumenta de 23.4% a 31.2% y, luego, a 46%. Con ello, el porcentaje total de perdedores aumenta a 67.7% y 73.4%, respectivamente.
En conclusión, lo que observamos es que, al momento de plantear esta reforma no hubo mucha evidencia disponible como para que los trabajadores tomaran una buena decisión. Los resultados de esta investigación permiten dar un primer alcance sobre el impacto de esta reforma. El caso peruano es bastante ilustrativo, puesto que permite evaluar el impacto a largo plazo de un cambio aparentemente menor en la manera cómo las AFP cobran las comisiones administrativas. Este análisis puede ser útil para otros países de la región que se encuentren evaluando realizar algún cambio en los esquemas de comisiones que se cobran en sus diferentes sistemas de pensiones.
Referencias
Aguila, E., M. Hurd, y S. Rohwedder. «How do management fees affect retirement wealth under Mexico’s personal retirement account system?» Latin American Policy 5, nº 2 (2014): 331-350.
Bernal, N., y J. Olivera. «Choice of pension management fess and effects on pension wealth .» Department of Economics KU LEUVEN. Discussion Paper Series , 2019.
Murthi, M., M. Orszag, y P. Orszag. Administrative costs under a decentralized approach to individual accounts: Lessons from the United Kingdom. World Bank, 1999.
Tapia, W., y J. Yermo. «Fees in individual account pension systems: A cross-country comparison .» OECD Working Papers on Insurance and Private Pensiones 27 (2008).
Whitehouse, E. «Insurance and Private Pensons Compendium for Emerging Markets.» En Administrative Charges for Funded Pensions: Comparison and Assessment of 13 countries, 2-50. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2001.
World Bank . Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth. Oxford University Press, 1994.
[*] Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.
[†] Se asume la comisión por flujo que cada AFP cobraba a diciembre de 2016 y una comisión por saldo promedio de 1.23%. Ambas comisiones permanecen constantes para toda la simulación. También se toma como supuesto que todos los trabajadores se jubilan a la edad de 65 años, una tasa de retorno de los fondos de pensión del 5%, y una tasa de crecimiento del nivel de ingresos constante para todo el horizonte de simulación (diferenciada por género, quintil de ingresos y grupo etario).
[‡] Se utilizaron funciones de utilidad del tipo CRRA (Constant Relative Risk Aversion), y se asumió información sobre las preferencias por tiempo y riesgo de los individuos, así como una tasa de retorno de los fondos de pensión constante. Se utilizaron las probabilidades de muerte de las mismas tablas de probabilidad que se utilizan en el SPP, y se estableció la edad máxima de supervivencia en 120 años.
