En el período 1986-2013, Chile experimentó una gran transformación económica y social. Detrás de esta transformación estuvieron un conjunto de reformas políticas e instituciones que contribuyeron a la estabilidad macrofinanciera, a integrar a Chile a la economía mundial, a incrementar el rol del mercado en la asignación y el uso de los recursos, y a avanzar en resolver problemas de pensiones, salud e infraestructura. Todo esto se hizo sin descuidar la focalización de los subsidios del Estado en los más necesitados.
La estabilidad macrofinanciera sentó las bases para extender el horizonte de los negocios promoviendo la inversión. La apertura externa le permitió a Chile, una economía pequeña, aprovechar las economías de escala y especializarse de acuerdo con sus ventajas comparativas, aumentar la competencia en el mercado interno y acceder al flujo de ideas, conocimientos y tecnologías provenientes desde el exterior. En el proceso, esto permitió generar ganancias en eficiencia y dar un gran salto en productividad. La apertura benefició también a los consumidores, ampliando la disponibilidad y variedad de bienes y servicios disponibles y redujo sus precios relativos, especialmente los de los bienes durables (automóviles y electrodomésticos). La apertura redujo además el precio relativo de los bienes de capital, contribuyendo así a impulsar la inversión.
Los resultados de estas reformas fueron espectaculares en términos de expansión del ingreso y el bienestar. En el período 1986-2013, el crecimiento promedio anual alcanzó un 5,4%. Entre esos años, destaca la década 1986-1997, cuando el crecimiento alcanzó una tasa promedio anual del 7,3%. El alto crecimiento contribuyó a dar un gran salto en PIB per cápita, lo que permitió acortar la distancia en este aspecto entre Chile y los países avanzados, y a mejorar un amplio espectro de indicadores sociales.
En efecto, el PIB per cápita (en paridad de poder de compra) pasó de 3.440 dólares en 1980 a 22.610 en 2013 (en 2018 habría alcanzado los 25.978 dólares), y la mejora en indicadores sociales abarca caídas en la mortalidad infantil y en la tasa de pobreza, así como un notable incremento de la esperanza de vida al nacer, indicador en que Chile se ubica hoy por encima de Estados Unidos. Como resultado, a pesar de sus carencias en la calidad de la educación, Chile avanzó significativamente en el índice de capital humano del Banco Mundial, ocupando hoy el primer lugar en América Latina.
Sin embargo, el crecimiento se ha reducido en forma importante en los últimos años. Así, en el período 2014-2017, el crecimiento promedio anual fue de solo 1,8%. Detrás de este magro desempeño estuvo la combinación de los efectos del fin del superciclo de precios del cobre y el deterioro del ambiente de negocios, como resultado de una serie de reformas estructurales que afectaron la rentabilidad y el riesgo de la inversión, lo que incrementó el costo de hacer negocios y redujo la inversión, la productividad y el crecimiento potencial. Entre estas reformas se encuentran las reformas tributaria y laboral.
En estas circunstancias no es sorprendente que hoy la discusión de cómo retomar tasas de crecimiento sostenibles del 4% (o superiores) vuelva a estar en la palestra. Cifras de ese orden son necesarias para satisfacer las demandas por mejores empleos y salarios, y también para recaudar los recursos para financiar, en forma sostenible, las demandas de la sociedad por mejoras en la seguridad interna, los servicios de salud y las pensiones.
En períodos largos de tiempo, el crecimiento del PIB está determinado por el crecimiento potencial (el que se estima hoy en torno al 3% anual), que a su vez depende de la expansión sostenible de los factores productivos (trabajo ajustado por la calidad de la fuerza de trabajo y capital físico) y de la productividad con que ellos se usan en el proceso productivo. En el largo plazo, son los aumentos sostenidos de la productividad los que generan aumentos significativos en el nivel de producto per cápita.
En palabras del premio Nobel de Economía Paul Krugman, “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”. Esto se puede ilustrar en el caso chileno. En la década de mayor crecimiento, 1986-1997, cuando estábamos en pleno proceso de recuperar posición relativa en producto per cápita, cerca de la mitad de este se puede atribuir a la mejora de productividad. La contribución de la productividad se redujo a un poco menos de un cuarto en los períodos 1996-2000 y 2001-2005, y fue negativa en el período 2005-2015 (Comisión Nacional de Productividad). Cabe destacar que la caída de la productividad ha sido especialmente notoria en la minería, lo que ha estado asociado, en gran medida, a una baja en la ley de los minerales extraídos.
En productividad no hay receta única, sino que una búsqueda continua de áreas de mejoras. Sin embargo, para seguir avanzando en un proceso de convergencia a los niveles de PIB percápita de los países avanzados, es necesario preocuparse de factores que son más relevantes en esta etapa, como el capital humano, el desarrollo empresarial y la adaptación tecnológica, entre otros (Acemoglu, en Corbo y González editores, 2014).
Distintos estudios de autores locales y extranjeros, entre estos últimos el Banco Mundial, el BID y la OCDE, como también el informe reciente del Acuerdo Nacional para el Desarrollo Integral, identifican distintas áreas donde hay oportunidades para aumentar la productividad, especialmente en las áreas de competencia, mercado laboral y capital humano. Entre las primeras, destacan el aumentar la competencia en servicios, tales como notarios y conservadores; prácticos de puertos; cabotaje de carga marítima y transporte terrestre; suplir las carencias de la infraestructura de transporte urbano, puertos y ferrocarriles.
En la parte laboral, la modernización de la rígida regulación laboral que limita la movilidad del trabajo hacia actividades más productivas, y la modernización de las regulaciones e incentivos a la capacitación laboral que hoy no prepara a los trabajadores para las realidades del mercado laboral. En capital humano, numerosos estudios, incluyendo la OCDE, Education at a Glance (2017), muestran las grandes carencias en calidad del sistema educacional, las que terminan afectando al capital humano, incrementando la desigualdad de oportunidades y de ingresos, y limitando la innovación. Lamentablemente, la reforma educacional reciente comprometió cuantiosos recursos en educación universitaria gratuita, descuidando la calidad de la educación en los niveles previos y el fortalecimiento de la investigación. La gratuidad está llevando incluso al debilitamiento del sistema universitario.
Chile también tiene un problema de rápido envejecimiento de la población, lo que limita la tasa de crecimiento sostenible del empleo ajustado por la calidad de la fuerza de trabajo. Por esta razón, se requiere de una política migratoria que facilite la absorción de inmigrantes y una política de formación de capital humano para la fuerza de trabajo actual y futura.
Por último, la caída en la inversión, que se dio por cuatro años consecutivos en el período 2014-2017, no solo afectó al producto potencial, sino que también limitó la incorporación de nuevas tecnologías. En inversión y desarrollo empresarial lo que se requiere es modernizar el sistema tributario, para que sea más amigable al ahorro, reduzca la discriminación contra los emprendedores, la inversión y el crecimiento. La integración del sistema junto con medidas compensatorias para no afectar la solvencia fiscal debieran ser parte integral de esta modernización. Además, como lo señala un estudio reciente de la Comisión Nacional de Productividad, Chile tiene una serie de leyes y regulaciones de larga data que afectan el proceso de aprobación y ejecución de proyectos, y con ello afectan también la inversión.
No cabe duda de que retomar el crecimiento sostenido es una gran y difícil tarea, pero necesaria para que nuestra sociedad siga progresando y sus frutos sean compartidos por todos, es decir, sea cada vez más inclusiva. Para ello, se requiere avanzar en las dimensiones identificadas previamente. Sin duda, se requiere de un buen diagnóstico. Ya tenemos muchos que apuntan en la misma dirección, pero lo que se requiere ahora es mucha más cooperación de la clase política para poner el crecimiento con inclusión en el lugar que se merece.
