Los diálogos de Paz en Colombia comenzaron en 2012. Desde entonces hasta el año 2017 la tasa de homicidios se redujo año a año. No obstante, en el año 2018 la tasa de homicidios tuvo un nuevo repunte. ¿Se acabaron las ganancias del proceso de paz en términos de homicidios? ¿Es el comienzo de una nueva escalada de violencia?
Diez años atrás, hubo otro proceso de negociación que coincidió con una caída pronunciada en la tasa de homicidios. Entre 2002 y 2006 el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) adelantaron negociaciones de paz tendiente a la desmovilización de los paramilitares. Durante el periodo de negociación hay una caída pronunciada en la tasa de homicidios. Aunque dos años después la tasa de homicidios presenta un leve incremento, después de este repunte la tasa de homicidios continuó cayendo.
Este aumento en la violencia que se presenta después de las negociones de paz es conocido en la literatura como “violencia del postconflicto” y ha sido padecida por diferentes naciones incluidas Guatemala, el Salvador y Nicaragua. La llamada violencia del postconflicto suele estar asociada a falta de garantías del estado y debilidad institucional, que no permiten copar los espacios dejados por grupos armados, impiden la cohesión social y, hacen difícil conseguir el monopolio de la fuerza.
En este contexto, la exitosa implementación del proceso de paz y las posibilidades de una paz estable y duradera dependen, al menos parcialmente, de la acción de los líderes sociales y de la operación de economías ilícitas. Los líderes pueden facilitar la comunicación entre el gobierno y las comunidades, ayudar a la construcción de estado, a la formación de capital social y a la formación de confianza en las instituciones. En el otro extremo, las economías ilegales surgen y sobreviven en entornos con una institucionalidad débil donde las comunidades no suelen ver al gobierno como una autoridad legítima.
Dos trabajos de tesis de la Universidad de los Andes abordan el problema de la violencia y su relación con el proceso de paz. El primero, de Tatiana Martínez, estudia el efecto de los cultivos ilícitos sobre la violencia y como cambia esta relación a partir del proceso de paz. El segundo, de Catalina de interés y el asesinato de líderes en el país.
Violencia y cultivos de coca.
La figura 1 ilustra la evolución de la tasa de homicidios entre 2004 y 2016. La tasa de homicidios en los municipios con cultivos de coca cayó radicalmente en la última década, pasando de 74.6 por cada 100 mil habitantes en 2006 a una tasa de 36.4 en 201. Los municipios cocaleros aún sostienen una tasa mayor a los que no tienen cultivos, pero la diferencia parece haberse acortado desde 2012.
Figura 1.
Figura 2.
La figura 2 ilustra la evolución de la tasa de homicidios junto con cultivos de coca entre 2007 y 2016. Los datos sugieren que el reciente aumento de los cultivos de coca no generó una escalada en la tasa de homicidios. No obstante, entre 2016 y 2017, la era del postconflicto, mientras en los municipios con cultivos de coca la tasa de homicidios aumentó en 14%, en los municipios sin coca se redujo en 15%.
Martínez (2018) estudia la relación entre cultivos de coca y violencia y el posible cambio de comportamiento del efecto causal después del inicio de los diálogos para los Acuerdos de Paz. Para esto, construye un índice de violencia que incluye una batería de variables además de la tasa de homicidios (desplazamiento, secuestro y extorsión, entre otros). Martínez realiza el análisis empírico usando tres metodologías diferentes (PSM, diferencias en diferencias y panel espacial) y realiza una serie de pruebas para garantizar que sus resultados son robustos.
Entre los resultados encontrados se destacan dos: (i) en promedio, la presencia de cultivos de coca en el periodo 2000-2016 genera un incremento de 13% en el índice de violencia y (ii) este impacto se hace mayor después del Proceso de Paz de 2012. Este último resultado puede sorprender dado el comportamiento de la tasa de homicidios en municipios cocaleros. Por esto, es prudente resaltar que el índice de violencia recoge otros indicadores diferentes a la tasa de homicidios y aclarar que la intensificación del efecto se puede dar en un contexto de caída general de la violencia si esta cae mucho más rápidamente en municipios no cocaleros.
Al estudiar uno a uno los delitos que tienen mayor influencia sobre el índice de violencia se observan, que, aunque l tasa de homicidios cae para municipios con y sin coca, los secuestros y los desplazamientos forzados en zonas cocaleras crecen. Estos crímenes han sido usados para obtener control y crear un entorno favorable para sus negocios. Con la salida de las FARC, otros han buscado establecerse las zonas cocaleras y, para esto, usado como herramientas de control el secuestro y el desplazamiento.
Asesinato de líderes
Los incentivos económicos de grupos de interés pueden ser la causa del incremento en el asesinato de líderes. En primer lugar, los líderes de procesos de restitución de tierras constituyen una amenaza para el poder económico de distintos actores violentos. En segundo lugar, los líderes en procesos de sustitución de cultivos ilícitos amenazan con destruir un negocio altamente rentable.
Merizalde y Ucrós (2018) realizan un estudio o de las características municipales que influyen en el asesinato de líderes usnado un modelo PROBIT y una regresión de panel. El modelo PROBIT permite identificar las características que afectan la probabilidad de que haya asesinatos de líderes sociales en los municipios. El segundo modelo, permite identificar las variables que influyen en el número de asesinatos de líderes a lo largo del tiempo y ver si los coeficientes cambian después del proceso de paz.
Los resultados indican que, la presencia de coca, la cantidad de ingreso tributarios, la restitución de tierras y la presencia de puestos de salud tienen una correlación robusta con el asesinato de líderes sociales.
En el periodo 2012-2014, la presencia de las FARC tiene una correlación positiva y significativa con e asesinato de líderes. En este periodo, ni la presencia de coca, ni la presencia estatal (ingresos tributarios o sedes de salud publica) tiene una correlación estadísticamente significativa con el asesinato de líderes. En el periodo 2015-2017, la presencia de coca y mayor presencia estatal (ingreso tributario) tienen una correlación positiva con el asesinato de los líderes sociales.
Implicaciones
Uno de los retos más importantes que tiene el gobierno actual es la protección de los líderes sociales. Dar prioridad y fortalecer la protección en municipios cocaleros y donde hay procesos de restitución importantes es una necesidad porque los líderes de estas zonas corren mayores riesgos. Asimismo, es deseable en la medida en que la acción de estos líderes es instrumental para la implementación del proceso de paz.
Otra tarea mayor es el control territorial amplio de las zonas cocaleras. Esta es una tarea riesgosa en la medida en que los grupos involucrados en negocios ilícitos usan la violencia como mecanismo para controlar mercado y para defender su posición dominante.
