El proyecto sobre inclusión en colegios privados -«ley Machuca» lo llamaron, siguiendo una idea que de manera inexplicable se le ocurrió a Felipe Kast- tiene la virtud de poner en tensión el debate público ayudando, de esa forma, a explorar las razones que subyacen a cada una de las posiciones en juego.
En síntesis, el proyecto dispone que el 30% de la matrícula de los colegios particulares pagados (The Grange, Santiago College, Redland, etc.) se reserve para estudiantes del 40% más pobre.
Si usted supone que el tema del financiamiento está resuelto, por ejemplo con cargo a rentas generales como ha ocurrido en materia de educación superior, ¿tendría razones -razones, no motivos; argumentos, no emociones; puntos de vista, no intereses; reflexiones, no humores- para oponerse a ese proyecto?
Usted que es educado debe considerar el asunto con atención.
Una razón que podría esgrimir es que esos colegios agrupan a las familias en torno a un proyecto educativo específico, un proyecto peculiar construido en derredor de un ideal -religioso o de otra índole- que no todos comparten. Las familias que se agrupan en esos colegios, podría usted decir, buscan que sus hijos e hijas se formen en un cierto ideal de vida buena que los padres deben cultivar. Si usted obliga a esos colegios a admitir un estudiante cuya familia no adhiere a ese ideal, lesionaría el proyecto educativo. ¿Hay entonces que rechazar la «ley Machuca»? No, porque, como es fácil darse cuenta, esa no sería una razón para oponerse a ella, sino una razón para exigir que quienes provengan de ese 40% adhieran al ideal educativo del colegio en cuestión.
Así entonces, en vez de rechazar el proyecto, habría que modificarlo haciéndolo extensivo a quienes, perteneciendo al 40% más vulnerable, adhieran al proyecto educativo del colegio particular al que decidan ingresar.
Así las cosas, ¿subsistiría alguna razón para rechazarlo?
Usted, aguzando su imaginación, podría decir que no es correcto admitir a alguien en un colegio privado y pagado solo en razón de su pobreza. Quienes asisten a un colegio particular pagado han sido seleccionados -podría argüir usted como partícipe imaginario del debate- en razón de las destrezas que poseen y no es seguro, podría concluir, que el mero hecho de ser alguien pobre asegure la posesión de esas destrezas. Pero, al igual que en el caso anterior, esta tampoco parece una razón para rechazar la idea de legislar en el sentido de la «ley Machuca». De nuevo parece una razón para mejorar el proyecto, disponiendo, por ejemplo, que el estudiante que pertenezca al 40% más pobre deba acreditar las mismas y notables destrezas que poseen quienes, pagando, son admitidos a él.
¿Alguna otra razón para oponerse?
No, no parece haberlas.
Un proyecto como ese -con las modificaciones sugeridas por ese interlocutor imaginario- debiera entonces concitar el consenso universal. Algunos de los mejores colegios del sistema escolar, mejores incluso que los liceos de excelencia que el gobierno impulsa, estarían abiertos al talento de todos sin que la renta familiar fuese un obstáculo. ¿Acaso no sería esta una forma en que el ideal meritocrático -incluso definido como mero rendimiento en una prueba estandarizada- pueda poco a poco realizarse expandiéndose hasta los últimos intersticios?
El Presidente Piñera, no cabe duda, hijo de un funcionario público como gusta recordar, le prestará su apoyo.
Pero de todos los partícipes del debate, los partidarios del mercado son los que con más fervor impulsarán un proyecto como el que se indica. Después de todo, independizar la elección de colegio de la fortuna familiar no tiene nada de dirigismo estatal ni de ningún fantasma semejante. Todos los proyectos podrían seguir existiendo, solo que todos estarían abiertos al menos para el 40% más vulnerable, sin perjuicio de que poco a poco ese porcentaje se expandiera.
Es seguro entonces que los defensores de la educación con patines, los ideólogos de la ley de Admisión Justa y para qué decir la Ministra Cubillos -todos, según han declarado, deseosos de premiar a las familias que se esfuerzan por sus hijos- serán fervientes partidarios de la «ley Machuca» con las modificaciones que se acaban de sugerir.
Y es que no hay razones para oponerse a una regla como esa.
Salvo -pero, por supuesto, es poco probable- que haya quienes deseen que la escuela sea una forma de reproducir una ventaja heredada, una manera de crear el sucedáneo de un linaje, un simple privilegio de clase.
Pero no, en Chile nadie piensa así.
El reciente debate público sobre la llamada Admisión Justa -donde la palabra justicia abunda, y donde la palabra mérito sale por todas partes- prueba que, por fin en Chile, todos son partidarios de poner a disposición de las familias, las pobres y las ricas, las mejores experiencias educativas.
