En el Perú, solo el 38.7% de la población de 60 años a más está afiliada a un sistema de pensiones —público o privado—, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este escenario se explica, por lo menos en parte, porque la gran mayoría de quienes están afiliados a un sistema de pensiones cuenta con un empleo formal. Y únicamente alrededor del 30% de la población económicamente activa (PEA) tiene una relación laboral formal.
Las cifras de afiliación varían según localidades. Así, mientras en el área metropolitana de Lima, la capital peruana, el 57.2% de la población está afiliada al sistema de pensiones, en el resto del área urbana lo están el 39.1%, y, en el área rural, únicamente el 7%.
En el Perú tenemos básicamente dos sistemas previsionales coexistiendo en paralelo: los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), del Estado peruano. Mientras el primero se basa en fondos individuales que acumulan intereses en el tiempo, la segunda consolida un fondo común con los aportes de todos los afiliados para cubrir los pagos a los pensionistas. Mientras el primero exige a sus afiliados costos que están por encima del promedio de América Latina comparando las comisiones por remuneración, la segunda es incapaz de hacer frente a todas las obligaciones de pensiones usando solo los aportes de sus afiliados, por lo que debe recurre al tesoro público. Peor aun, ante la condición necesaria de 20 años de aporte mínimo para recibir pensión, más de la mitad de los afiliados no recibe pago alguno.
Un problema adicional a la poca penetración de los sistemas previsionales en el Perú, es que estos ofrecen pensiones muy bajas. La pensión para los jubilados del SPP asciende a unos S/ 1042 al mes (USD 315, el equivalente al 39% del salario promedio de un trabajador formal en el país). En tanto, las pensiones del sistema público tienen un límite superior e inferior de S/ 857 (USD 260) y S/ 415 (USD125), respectivamente.
Actualmente, el 11.4% de los peruanos de 60 a más años están afiliadas al SPP, el 18.8% a la ONP, el 5.1% cuenta con una pensión por cédula viva y 3.5% tiene otro tipo de afiliación. El envejecimiento de la población mundial y los cambios en el mercado laboral plantean enormes desafíos para los Estados de todo el mundo. Los hacedores de políticas públicas deben poder brindar seguridad financiera a sus jubilados pero, a la vez, preservar el equilibrio y la sostenibilidad de la economía. En el Perú, necesitamos revisar no solo la tasa de contribución al sistema, sino también la forma como los recursos son invertidos, el fomento del ahorro previsional voluntario y la creación de incentivos apropiados. El futuro está a la vuelta de la esquina, y nuestro sistema previsional no está preparado para hacerle frente. Repensémoslo en serio. Hoy.