Cada vez que se revelan las cifras de cultivos de coca en Colombia, se da una discusión acerca de la estrategia antinarcóticos del país, crece el escepticismo con respecto a las posibilidades de lograr una paz definitiva, aumenta la percepción de fracaso y toman fuerza propuestas represivas. Infortunadamente, en el debate son comunes argumentos de autoridad, análisis lineales de equilibrio parcial e inferencias basadas en tres o cuatro observaciones. Asimismo, por las caracteristicas propias del negocio de la cocaína, la información con la que cuentan los analistas y los responsables de política es incompleta, lo cual dificulta la elaboración de un diagnóstico completo.
Con el fin de contribuir a un debate informado, el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED) ha realizado una serie de investigaciones sobre el tema. Desde una descripción de las difencias entre municipios con coca y municipios sin coca hasta una análsis de los efectos no deseados de los esfuerzos de erradicación, pasando por calculos de efectividad y eficiencia de diferentes medidas de política, el CESED ha producido evidencia útil para guiar las desiciones de política.
En las siguientes líneas, describo algunos de los resultados encontrados en las investigaciones mencionadas.
¿Cómo son los municipios cocaleros? ¿De qué sirve saberlo?
Para tratar de entender las razones por las cuales hay cultivos de coca, la primera tarea es identificar las diferencias entre municipios cultivadores y municipios no cultivadores. Este ejercicio arroja resultados claros: Los municipios cocaleros son, en promedio, más pobres que el resto de municipios del país, tienen ingresos tributarios más bajos, menores niveles de conectividad, menor cobertura de servicio públicos y menores niveles de desarrollo institcional[1]. En estas circunstancias, el poder real de las autoridades legítimas es bajo y la implementación de planes de sustitución decultivos el difícil. Además, la relación entre producto legal de algunos municipios cocaleros y los ingresos de la coca es tan baja que erradicar por completo la coca generaría una caída importante en los ingresos de las comunidades (Zuleta, 2017). Desde un punto de vista geográfico, los municipios con coca son más grandes, están a una menor altura, son más húmedos, tienen una mayor proporción de población es rural y se encuentran más lejos de los centros urbanos y económicos. Por último, en los municipios cocaleros hay una mayor presencia del conflicto (Moreno, 2018).
Una vez identificadas las características de los municipios productores de coca, es posible buscar determinantes y opciones de política.
¿Es robusta la correlación entre desarrollo y cultivos ilícitos? Marroquín (2018) parte de un marco conceptual en donde la decisión de cultivar coca depende tanto de la rentabilidad de este cultivo como de su costo de oportunidad y estima el efecto de diferentes indicadores de desarrollo sobre el area cultivada a nivel municipal. Los resultados indican que la correlación entre indicadores de desarrollo y cultivos ilícitos es robusta a la inclusión de diferentes variables de control. Infortunadamente, existe un potencial problema de endogeneidad que Marriquín no resuelve. No obstante, estsos resultados invitan a intervenciones de política localizadas que permitan realizar una evaluación de impacto y determinar con precisión que tan efectivas son diferentes políticas de desarrollo para reducir los cultivos de coca.
La caracterización de los municipios cocaleros también sirve para hacer frente al llamado Efecto Globo. El Efecto Globo hace referencia al fenómeno de desplazamiento de cultivos desde las regiones en las cuales hay políticas de reducción de cultivos localmente exitosas hacia otras zonas. Para que las políticas de reducción de cultivos sean realmente efectivas es necesario identificar los municipios susceptibles a las consecuencias del Efecto Globo, es decir, los municipios que son potencialmente cocaleros. Moreno (2018) utiliza una metodología basada en técnicas de aprendizaje de máquinas (machine learning) para construir un modelo de predicción que ayude a identificar municipios potencialmente cocaleros. Con esta metodología identifica 36 municipios vulnerables al Efecto Globo[2].
La identificación de los municipios vulerables deber servir para que las estrategias de sustitución basadas en el desarrollo se apliquen también en los municipios que no tienen coca pero son vulnerables.
Coca, glifosato y desarrollo
Dentro del marco del Plan Colombia, el principal instrumento para la reducción de la oferta fue la aspersión aérea de herbicidas sobre cultivos de coca. Los resultados de este esfuerzo son conocidos: El número de hectáreas cultivadas se redujo de 160.000 a 80.000 entre el año 2000 y el año 2005. No obstante, en este mismo periodo la producción potencial de cocaína se mantuvo estable y la reducción en el área cultivada en Colombia coincidió con un aumento en los cultivos de países vecinos (Mejía, 2011). Además, de acuerdo con los cálculos de Mejía, Restrepo y Rozo, (2015), la erradicación aérea es ineficiente por cuanto el costo de erradicar una hectárea de coca utilizando aspersión aérea es ordenes de magnitud mayor que el precio de mercado de la hoja de coca sembrada en esa hectárea.
Además de los problemas de eficiencia, las asperciones de glifosato generan problemas para las comunidades que habitan zonas de cultivos. En particular, las asperciones tienen efectos nocivos sobre salud y educación.
Camacho y Mejía (2017) estudian el efecto causal de la fumigación con glifosato sobre la salud. Para esto usan las variaciones en la fumigación aérea en el tiempo y el espacio en Colombia y un panel de registros de salud individuales para estudiar los efectos causales de la fumigación aérea de herbicidas (glifosato) en la salud. Los resultados muestran que la exposición al herbicida aumenta el número de consultas médicas relacionadas con enfermedades dermatológicas y respiratorias, así como la cantidad de abortos espontáneos.
Por su parte, Rodíguez (2018) evalúa las consecuencias de la asperción con glifosato sobre el trabajo infantil y la educación de los niños campesinos. Para instrumentar la erradicación aérea usa fuertes vientos que dificultan la aspersión. Los resultados muestran que la aspersión aérea aumenta la probabilidad de trabajar para niños entre 12 y 17 años. Además, la aspersión de cultivos afecta más a las niñas y a los hijos menores que al resto de la población infantil.
Consideraciones de salud y eficiencia llevaron a cambiar énfasis de la política antidrogas a partir del año 2006, año a partir del cual las incautaciones y la destruccion de infraestructura ganaron espacio en el abanico de medidas de control de la oferta[3].
Cultivos de coca, violencia y proceso de paz
La relación entre narcotráfico y violencia ha sido ampliamente documentada. No obstante, la relación entre cultivos de coca y violencia ha recibido menos atención. Mejía y Restrepo (2013) usando una encuesta usan un índice de idoneidad de la tierra para instrumentar los cultivos de coca y encuentran que los aumentos en el cultivo de coca generan incrementos en homicidios, desplazamiento forzado, ataques de grupos insurgentes e incidentes que involucran la explosión de minas. No obstante, esta relación parece quebrase a partir del año 2012 con el comienzo de las negociaciones de paz. Garzón (2017) señala que la tasa de homicidios en los municipios con cultivos de coca ser reduce en más del 50 por ciento entre el 2006 y el 2016, de 74.6 a 36.4 por cada 100 mil habitantes. Infortunadamente, esta caída se frena en el año 2017 y actualmente la violencia crece en muchos de los municipios cocaleros.
Godoy (2018) estudia la relación entre violencia y narcotráfico en orto eslabón de la cadena: la infraestructura de producción de clorhidrato de cocaína. En particular, Godoy analiza el efecto de la destrucción de laboratorios sobre el número de enfrentamientos entre diferentes grupos armados, y la tasa de homicidios. Los resultados indican que un aumento en la destrucción de estas infraestructuras tiene un efecto positivo sobre el número de enfrentamientos entre las guerrillas y grupos paramilitares. Así, el éxito de esta política contra las drogas puede tener un efecto no deseado sobre la violencia en las regiones cocaleras.
En estas circunstancias, es de vital importancia una explicación completa de los mecanismos que explican los cambios en niveles y en tendencia de la violencia en los municipios cultivadores. Esta explicación debe incorporar los posibles efectos del proceso de paz sobre la violencia y sobre los cultivos de coca.
Guarín, López y Medina (2018) estudian la segunda relación. Utilizando una metodología de diferencias en diferencias en datos panel, identifican el efecto de las negociaciones de paz con las FARC sobre el aumento del cultivo de coca en el período 2013-2016. Una vez controlan por las políticas antidrogas, la diferencia entre el número de hectáreas cultivadas en los municipios FARC y los no FARC es, en promedio, de 300 hectáreas. No obstante, en este trabajo no se identifican los mecanismos que explica esta diferencia.
Consideraciones finales
Tanto por el interés académico como por la importancia de las implicacones de política de esta agenda de investigación, es deseable que la comunidad académica sigo dedicando esfuerzos que nos acercuqen a un dignóstico completo y que los reponsables de política tomen atenta nota de la evidencia disponible.
Tomar decisiones con base en un diagnótico equivocado puede exacervar los problemas de desarrollo y violencia. No hay balas de plata, no hay soluciones mágicas, las transformaciones profundas demandan tiempo.
[1] Según el informe presentado por la UNODC (2017), el monitoreo efectuado por el SIMCI evidenció que los predios formalizados, en su mayoría, no presentaron cultivos de coca.
[2] La varible más importante para determinar la vulnerabilidad es la conectividad (medida por la distancia a los centros urbanos y económicos de cada municipio respectivo).
[3] De acuerdo con Mejía y Rico (2011 es más eficiente destruir la infraestructura que permite la producción de cocaína e incautar los cargamentos que van hacia los mercados de consumo que erradicar cultivos.
