El Presidente Piñera habla con firmeza cuando se refiere a la seguridad ciudadana. Aprendió de su primer gobierno que los slogans grandilocuentes sólo generan frustración y que terminar con la delincuencia requiere mucho más que buenas intenciones y acciones focalizadas. Tuvo un logro clave al iniciar su gobierno al acabar con el triste reality en el que se había convertido la crisis de liderazgo en Carabineros, y le sacó partido. En su discurso mencionó el cambio de General Director y el pase a retiro de más de 15 generales.
Medida necesaria. Pero insuficiente, pues no entrega pistas sobre cómo fortalecer el gobierno civil en seguridad, cómo evitar la corrupción al interior de la institución policial y sobre todo cómo fortalecer los controles a los millonarios presupuestos que año a año se entregan para prevención y seguridad. ¿Descentralización en la toma de decisiones policiales? ¿Plan cuadrante? ¿Quién investiga? ¿Aumento de la efectividad policial? Son algunas de las preguntas que quedaron pendientes.
Algunas de ellas podrán ser respondidas en el informe que entregue la Mesa de trabajo en seguridad, en 90 días más. Sin embargo, y no obstante ser una instancia positiva, sabemos que no podrá entregar respuesta a todos los problemas que enfrentan hoy las políticas de seguridad, especialmente los que dicen relación con la gestión del Ministerio del Interior y que como hemos indicado en anteriores columnas, requiere de urgentes y profundos cambios. Sólo por mencionar algunos ¿qué ocurre con Senda? No sólo tiene una responsabilidad enorme sino también un presupuesto acorde a sus tareas, sin embargo hoy no aparece con roles claros en la trama de la seguridad. O en acceso ciudadano a seguridad de urgencia ¿es necesario tener más de 10 números telefónicos para comunicarse con la seguridad? Para definir estas materias no se requiere una Mesa de trabajo intergubernamental y multipartidaria, sino voluntad clara de reorganización de las tareas cotidianas.
En su discurso, el Presidente en reiteradas ocasiones señaló que una de sus prioridades es “hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo” poniendo en un mismo nivel de prioridad tres fenómenos diferentes. Y dejando de lado tal vez el principal problema: las violencias que están definiendo nuestra cotidianeidad y que determinan la forma como nos vinculamos socialmente. Salvo en aquello que se anuncia como una cultura de tolerancia cero frente a todo tipo de violencia, abusos, acosos, discriminaciones arbitrarias o mal trato a la mujer, y que aplaudimos, aunque requiera de muchas más precisiones.
Dentro de lo que indica como avances, el Presidente menciona dos propuestas de Ley: combatir los portonazos, penando a aquellos que compren autos robados y asegurar que se considere como agravante, la reincidencia de los adolescentes. Ambas definiciones de impacto principalmente mediático pues se trata de materias que ya están normadas y sancionadas.
Al Presidente le gusta la tecnología en seguridad. Siguiendo el esquema de su gobierno anterior, propone un Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) que nuevamente desarrollará mecanismos de definición policial basados en las denuncias. Claro que las encuestas son claras en afirmar que menos de la mitad de los hechos delictuales se denuncian y que en la mayoría de los hechos con violencia este porcentaje es aún más bajo. No es negativo tener estos sistemas, pero no esperemos que potencien la coordinación policial, porque para eso se requiere de poder civil que defina las prioridades y convoque voluntades de coordinación con el Ministerio Público.
Una vez más el Presidente reitera la importancia de las “Rondas Preventivas de Vigilancia” en las que se ha detenido a más de 12 mil sospechosos, en solo tres salidas policiales masivas. Esto se viene haciendo en los últimos tres gobiernos y no hay ni un indicio serio que evidencie efectividad. ¿Qué ha sido de esos 12 mil detenidos? ¿Cuántos siguieron algún proceso posterior? ¿Por qué tipo de delito tenían orden de detención pendiente? ¿Cuál es el costo/oportunidad de sacar a miles de carabineros en estas redadas en vez de patrullar los barrios más vulnerables del país? Nadie sabe.
Por otro lado, se pone el acento en las comisiones que se han conformado para presentar proyectos de ley tanto de un nuevo Código Penal (ya mencionado en anterior columna) como de las modificaciones que pueda requerir el sistema procesal penal, pronto a cumplir dos décadas. Y se compromete el reimpulso de las urgentes y necesarias modificaciones al sistema penitenciario. Son tres ámbitos en los que habrá que estar muy atentos, para exigir premura, eficiencia y eficacia en sus resultados. También se anuncia una agenda con relación a la incorporación de políticas de DDHH, especialmente en los grupos más vulnerables, que completaría con el sistema de Alerta Temprana de la Infancia. Se trata de pendientes no sólo imprescindibles sino apremiantes, por lo que no bastarán los titulares.
Finalmente, en el discurso se mencionan las nuevas tecnologías para comunas pobres y vulnerables como drones y cámaras de vigilancia. En relación con los primeros, hay que indicar que no queda claro para qué podrían ser utilizados efectivamente, y sobre las segundas, hay que destacar que han sido instaladas por ya más de una década y los resultados son ínfimos en términos de prevención.
El discurso presidencial, como la mayoría de discursos de los últimos años en seguridad ciudadana, se llena de lugares comunes y propuestas mediáticas. Esperemos que en los anexos al discurso, la letra chica establezca el camino por el que transitaremos hacia una política pública seria, basada en evidencia y reconociendo las prioridades nacionales para lograr una sociedad más segura y justa.
Lucía Dammert – Académica Universidad de Santiago
Paula Vial – Académica Derecho UC y miembro de Comisión de Reforma Procesal Penal
