“Hoy volvemos a tener esperanza en esta región, es la esperanza de muchos padres para poder llevar a sus hijos a la Universidad. De poder ver crecer a su familia y de poder vencer.”
Miguel Daza[1]
Además de destruir capital físico y humano, el conflicto armado puede tener importantes efectos en la destrucción de capital social. Por ejemplo, una de las estrategias militares de los actores armados es escoger estratégicamente sus víctimas para desarticular las bases sociales y así aumentar su control territorial (Azam y Hoeffler, 2002; Velásquez, 2008). En este contexto, y particularmente en el caso del conflicto colombiano, los líderes de organizaciones campesinas o sociales han tenido mayor probabilidad de ser victimas directas de la violencia.
Desafortunadamente, en el caso colombiano, la victimización de líderes sociales ha persistido durante el post-conflicto. Garantizar la seguridad de los líderes sociales ha sido uno de los mayores retos del estado desde que el acuerdo de paz con las Farc fue firmado. Datos de la Fiscalía reportan que en 2017, y en lo que lleva el 2018, se han registrado 101 homicidios en contra de líderes sociales.[2] Solamente en la última semana se conocieron dos nuevos casos de líderes sociales asesinados, Temístocles Machado y Nicomes Payán.
La mayoria de los líderes asesinados hacian parte de organizaciones campesinas o indigenas, y habian sido voceros de la defensa de derechos humanos, la sustitución de cultivos ilícitos y la protección de tierras. Además, la mayor parte de estos homicidios han estado concentrados en las regiones del país más afectadas por el conflicto armado.[3] La pérdida de estos líderes sociales puede tener importantes consecuencias negativas para comunidades que han sido particularmente afectadas por la violencia y que están en un proceso crucial de reconstrucción económica y social.
Garantizar seguridad para los líderes sociales debe ser una de las prioridades del estado durante el post-conflicto colombiano. Kaplan y Nussio (2015) sostienen, por ejemplo, que las comunidades juegan un rol central en la reintegración de ex-combatientes a la vida civil. Los autores argumentan que comunidades con lazos sociales mejor definidos ayudan en este proceso, organizando reuniones a nivel de la comunidad, y actividades y trabajos comunitarios que facilitan la reintegración social de ex-guerrilleros, no vistos como ex-combatientes sino como personas que pueden empoderarse para el desarrollo de esa comunidad, y de ahí la necesidad de que sean espacios ajenos a cualquier forma de violencia.
Además, el capital social es también fundamental durante el post-conflicto para la recuperación económica y social de las comunidades que sufrieron las consecuencias del conflicto armado (Gáfaro, Ibáñez y Justino, 2014). Por ejemplo, procesos de reconciliación después de un conflicto armado pueden ayudar a fortalecer el capital social incentivando el diálogo entre víctimas y victimarios, y ofreciendo espacios donde la interacción y el trabajo hacia la comunidad sean facilitados (Cilliers, Dube, y Siddiqi, 2015). Sin embargo, cuando los líderes sociales son amenazados y asesinados, la incertidumbre y el miedo pueden afectar los procesos de reconciliación.
Asimismo, estudios recientes ofrecen evidencia empírica sobre la relación positiva entre exposición a la violencia y participación en grupos comunitarios políticos y sociales, y contribución a bienes públicos durante el post-conflicto en Sierra León (Bellows y Miguel, 2009), e Indonesia (Shewfelt, 2009), y entre victimización y participación en decisiones electorales en Uganda (Blattman, 2009). Las relaciones positivas entre violencia y comportamientos pro-sociales después del conflicto, dependen sin embargo de las características del contexto. En el caso de Uganda, Blattman (2009) sugiere que instituciones democráticas a nivel nacional y local, y un sistema político local incluyente para las victimas de la violencia fueron condiciones importantes que incentivaron su participación política social a pesar del posible trauma causado por la violencia.
En el caso colombiano, es entonces fundamental que el estado ofrezca seguridad a líderes sociales que representan a comunidades que han sido víctimas de la violencia. Pero no simplemente una protección personal al líder comunitario, sino ejerciendo además, mayor presencia estatal para defender los intereses de la comunidad. Para que este proceso sea eficiente, el estado debe evitar que estas comunidades sean ocupadas por otros actores armados que buscan mantener su inestabilidad. Esto es crucial en este proceso. Uno de los objetivos de Temístocles Machado, por ejemplo, fue luchar contra el despojo forzado de tierras. En este caso, la presencia del estado, medida por derechos de propiedad bien definidos, facilitan el trabajo de líderes sociales lo que se debe traducir en presencia de instituciones fuertes y serias de justicia.
En una entrada anterior en este blog, Ana María Arjona ofrece evidencia sobre el importante papel de las instituciones, y en particular el de las instituciones para la resolución de disputas (IRD) a nivel local, como base del tejido social. Además de ofrecer seguridad a los líderes sociales, el estado debe fortalecer este tipo de instituciones, o faciltar y garantizar su buen funcionamiento cuando son lideradas por organizaciones locales.
El camino hacia la construcción de la paz es un camino largo y difícil. Y aunque desde ya estamos viendo resultados positivos del proceso de paz[4], defender y construir el capital humano y social deben ser una de las prioridades del estado durante este largo y arduo camino.
Referencias:
Azam, J. P., & Hoeffler, A. (2002). Violence against civilians in civil wars: looting or terror?. Journal of Peace Research, 39(4), 461-485.
Bellows, J., & Miguel, E. (2009). War and local collective action in Sierra Leone. Journal of public Economics, 93(11-12), 1144-1157.
Blattman, C. (2009). From violence to voting: War and political participation in Uganda. American political Science review, 103(2), 231-247.
Cilliers, J., Dube, O., & Siddiqi, B. (2015). Can the Wounds of War be Healed?: Experimental Evidence on Reconciliation in Sierra Leone. Center for Global Development
Gáfaro, M., Ibáñez, A. M., & Justino, P. (2014). Collective Action and Armed Group Presence in Colombia. HiCN Working Paper 178
Kaplan, O., & Nussio, E. (2015). Community counts: The social reintegration of ex-combatants in Colombia. Conflict Management and Peace Science, 1-22.
Shewfelt, S. D. (2009). Legacies of War: Social and Political Life after Wartime Trauma. Yale University.
Velasquez, A. (2008). La formalidad en los derechos de propiedad:¿determinante de la estrategia militar de los actores armados?. Revista Desarrollo y Sociedad, (61), 119-164.
[1] Miguel Daza fue un líder en sustitución de cultivos ilícitos en Santa Rosa del Sur. Miguel fue asesinado en el 2008.
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-prioriza-investigacion-de-asesinato-de-lider-social-temistocles-machado-articulo-736423
[3] http://pacifista.co/si-el-asesinato-de-líderes-sociales-no-es-sistematico-entonces-que-es/
[4] http://m.elpais.com.co/colombia/la-guerra-el-mal-que-ya-no-atemoriza-a-los-hospitales-del-norte-del-cauca.html
