Una preocupación creciente en los círculos de política económica en los países industrializados es el bajo crecimiento del los salarios en un contexto de casi pleno empleo y una creciente desigualdad en la distribución del ingreso en estas economías ya por años. Una baja inflación de salarios, pese a una recuperación subyacente de la economía americana, por ejemplo, trae problemas de manejo de política monetaria en un contexto de “inflation targeting.” En particular, esta combinación de baja inflación y bajos niveles de desempleo genera un sesgo hacia la baja en el nivel de tasas de interés de referencia nominales y limita las opciones de política monetaria en una eventual crisis económica. En términos de economía política, la baja inflación de salarios ha generado una concentración de ingreso y riqueza en los sectores más ricos (súper ricos) de la economía americana, evento que ha sido caldo de cultivo para movimientos políticos opuestos a la globalización económica.
La creciente desigualdad del ingreso observada en economías desarrolladas ha llevado a académicos y organismos internacionales (léase Fondo Monetario Internacional (FMI)) a revisar sus herramientas de análisis y prescripción de política económica. En particular, existe ahora un consenso creciente sobre la necesidad de identificar/fomentar aquellas políticas que resuelvan tanto problemas eficiencia económica (crecimiento del PBI) como problemas equidad (una mejor distribución del ingreso) a la vez. Testimonio de dicho esfuerzo analítico por parte del FMI es la publicación reciente del documento de trabajo WP/17/214 que incluye estimaciones del índices monetarios que combinan ponderaciones de eficiencia y equidad para una muestra de 130+ países.[1] En resumen, dicho trabajo es una aplicación empírica del la Teoría del Bienestar usando las contribuciones de economistas teóricos líderes como Atkinson (1970), entre otros. [2]
El análisis de Atkinson (1970) demostró, que dada una función de bienestar social (Social Welfare Function) y dado un coeficiente de aversión a la desigualdad, es posible estimar lo que el autor denominó como el “equally-distributed-equivalent-income” (EDEI). El EDEI es aquel nivel de ingreso que elimina diferencias iniciales de ingreso entre las familias ricas y pobres en una sociedad, pero mantiene inalterado el nivel inicial de bienestar de la sociedad. La redistribución del ingreso trae consigo un costo, medido en términos de pérdida en ingreso nacional, de administrar los nuevos impuestos y transferencias que sirven para igualar los ingresos de las familias, pero que es aceptable dado el coeficiente de aversión (€ ) a la desigualdad de los encargados de política. Dicho coeficiente € mide el monto de bienestar social que se asume es ganado como resultado de una redistribución de recursos en la sociedad. El coeficiente tiene un valor cero si NO hay aversión a la desigualdad y por lo tanto no hay ganancias en bienestar social como resultado de una redistribución de recursos. El coeficiente tiene un valor infinito si existe un grado infinito de aversión a la desigualdad y por lo tanto hay una ganancia infinita de bienestar producto de una redistribución de recursos. Generalmente, aplicaciones empíricas de la teoría de Atkinson (1970) , como el caso de aquellas incluidas en WP/17/214, usan un rango de cero a dos, para los valores del coeficiente € al estimar EDEI alternativos para una distribución inicial de recursos.
De interés para los lectores de Foco Económico es, tal vez, el “ranking” de países del Cono Sur presentado en WP/17/214 en términos de sus ingresos iniciales versus los EDEIs estimados bajo supuestos alternativos de coeficientes de aversión a la desigualdad (Cuadro 1). En particular, para esos países, incluyendo México, el documento de trabajo contiene: (i) los ingresos familiares promedio antes y después de la redistribución de ingresos, y (ii) el resultante índice Atkinson de desigualdad, que es el sacrificio en términos de un menor ingreso familiar promedio luego la redistribución, pero que mantiene el nivel inicial de bienestar de la sociedad. De notar es que Perú tiene un ingreso familiar medio mayor al de México (medido en términos de poder de paridad) pero su EDEI es 20 por ciento menor (suponiendo € = 2). Dicha reversión en el orden de países sugiere que la desigualdad de ingresos familiares en Perú es mayor que en México, y por lo tanto la sociedad estaría dispuesta a sacrificar hasta 70 por ciento de su ingreso medio inicial (comparado con 62 por ciento en México) a fin de eliminar las diferencias iniciales de ingreso entre las familias ricas y pobres, pero manteniendo en nivel de bienestar inicial de la economía. Por otro lado, Bolivia y Brasil, con ingresos familiares promedios entre 6 y 10 por ciento más bajos que Paraguay, tienen, sin embargo, EDEIs mayores al de los guaraníes dada una menor desigualdad inicial de ingresos familiares en esos dos países.
Además de estimar EDEIs para 130+ países, un objetivo del WP/17/214 es evaluar de manera detallada el impacto de políticas fiscales alternativas sobre el bienestar social. A este fin, los economistas del Fondo usan un modelo computacional de equilibrio general para los Estados Unidos para valuar el impacto sobre el EDEI americano de la introducción de un subsidio otorgado a todo ciudadano estadunidense (universal basic income subsidy). [3] Los cómputos del modelo muestran que el impacto sobre el EDEI difiere dependiendo si el subsidio es financiado por (i) recortes de gasto fiscal ineficiente/improductivo, (ii) aumentos en impuestos al ingreso de las familias, o (iii) la introducción de un impuesto al valor agregado. En el caso (i), el EDEI aumenta para todo valor alternativo del coeficiente de aversión a la desigualdad. En el caso (ii) y (iii) la situación es más compleja: Por un lado, un aumento en los impuestos directos (léase, política fiscal progresiva) puede tener costos mayores sobre el ingreso de la economía que un subsidio financiado por un impuesto al valor agregado (léase, política fiscal regresiva). Por otro lado, (ii) es preferible a (iii) en casos de alta aversión a la desigualdad, mientras que (iii) es preferible a (ii) en casos de baja aversión a la desigualdad.
Para el caso de Perú, la composición del gasto de gobierno puede ayudarnos en la determinación preliminar de políticas fiscales con efectos positivos sobre el bienestar en ausencia de un modelo de equilibrio general a desarrollar (Cuadro 2). De notar, es que el gasto de gobierno en Perú, como porcentaje del PBI, no es tan alto (19% del PBI en promedio para 2011-2016) y es comparable con los niveles relativos de gasto de gobierno en otras economías primario exportadoras en la región, como Chile y Colombia, por ejemplo. Incluso, es posible argumentar que Perú tiene una mejor composición de gasto público, pues gasta relativamente más en inversión (4.6% del PBI) que nuestros vecinos Chilenos y Colombianos (2.7% del PBI, en promedio). Sin embargo, una debilidad para Perú es que gasta relativamente mucho en salarios y en bienes y servicios, y relativamente poco en subsidios, beneficios sociales, y transferencias al resto de la economía. Chile y Colombia parecerían tener gobiernos benévolos que gastan—en términos per-cápita (medido en dólares americanos) y como porcentaje del PBI—montos significativos en transferencias, mientras que Perú gasta muy poco en esas partidas presupuestarias, pese al alto grado de desigualdad medido a través del índice Atkinson de desigualdad (Cuadro 1; memo ítem). En este contexto, en el Perú, opciones de política con impacto sobre el bienestar nacional incluyen, entre otras, un cambio en la composición del gasto corriente, incluyendo, en particular, una disminución del gasto en bienes y servicios y un aumento en las transferencias al resto de la economía. También se podría argumentar que la inversión de gobierno (e inversión pública, en general) incluye gasto ineficiente/improductivo (léase, refinería de Talara, por ejemplo), que bien pues se podría recortar para financiar mayores transferencias directas (cash en el bolsillo) y/o indirectas (más y mejores bienes públicos) a las familias pobres peruanas. Una tarea pendiente para el MEF según nuestro análisis.
[1] Gaspar, Vito, Paolo Mauro and Tigran Poghosyan (2017), “Lessons from the Old masters on Assessing Equity and Efficiency: A Primer for Fiscal Analysis,” IMF Working paper, WP/17/214, octubre, 54 páginas.
[2] Atkinson A.B., (1970), On the Measurement of Inequality, Journal of Economic Theory, 2, pages 244-263.
[3] La mecánica del ejercicio computacional es a cuatro pasos: (i) decidir sobre monto del subsidio y su financiamiento, (ii) “correr” el modelo con esos supuestos; (iii) estimar la distribución del ingreso e ingreso familiar promedio familiar; (iv) usar el dato de ingreso promedio para reestimar el EDEI cuya identidad contable, dada la función de bienestar social asumida en Atkinson (1970), depende (en su forma reducida y usando algo de álgebra) del ingreso familiar promedio y el coeficiente €.
