El próximo gobierno se va a enfrentar a una compleja encrucijada en lo económico y lo fiscal. Los dilemas que tuvieron Uribe y Santos parecerán, en comparación, un juego para niños.
No se contará con los muy abundantes ingresos fiscales y de divisas que hubo entre el 2003 y el 2014, gracias a la combinación inusual de los precios del petróleo más altos y las tasas de interés internacional más bajas de la historia. Tampoco con el impulso que ésta feliz conjunción le brindó a la actividad económica y las finanzas públicas.
La mayoría de los precandidatos parece no haberse percatado de la magnitud del problema fiscal y de reactivación económica que habrán de afrontar. O están soñando –y sería bueno que despertaran y aterrizaran en la dura realidad– o les están pintando a los electores pajaritos de oro imposibles de alcanzar, incurriendo en una peligrosa demagogia.
Ojalá miraran los estimativos de Fedesarrollo y ANIF y otros analistas independientes. Fedesarrollo calcula que el choque que sufrió la economía colombiana por la caída dramática del valor de sus exportaciones (de 60 a 31 mil millones de dólares entre el 2012 y el 2016: una reducción del 48%) fue comparable a la de los dos episodios más difíciles de la vida económica del país: los ocasionados por la guerra de los Mil Días entre 1898 y 1902 y por la Gran Depresión entre 1928 y 1932 (cuando se redujeron en 45% y 49.8%, respectivamente). Ver Cuadro 1.
Cuadro 1. Los tres grandes choques externos a la economía colombiana
Asimismo, estima que la brutal caída de los ingresos fiscales petroleros (de un pico de 3% del PIB a cero en el 2016 y 2017 y un máximo de 0.4% en los años siguientes –Gráfico 2-), apenas fue temporal y parcialmente compensada por las reformas tributarias del 2014 y el 2016. Por eso calcula que el déficit fiscal se mantendría al menos en 4% del PIB por varios años, aun suponiendo una fuerte austeridad en el gasto, que elimine la corrupción y realice inversiones mínimas en el posconflicto, a no ser que haya significativos recaudos tributarios adicionales. Como consecuencia, la brecha con las metas de la regla fiscal se iría ampliando hasta el 2.7% del PIB (Gráfica 3), y la deuda pública seguiría en una trayectoria insostenible, en contraste con las muy optimistas proyecciones del Gobierno, que también está dedicado a pintar un mundo de ilusiones (Gráfica 4). Por eso Fedesarrollo, ANIF y la mayoría de los economistas independientes estimamos que el próximo gobierno tendrá que hacer milagros para reducir significativamente la evasión (lo que exigiría implementar la ambiciosa reforma de la DIAN que recomendó la Misión Asesora y no hizo la Administración Santos) y/o una nueva reforma tributaria.
Gráfica 2
Gráfico 3. Déficit fiscal sin ajustes adicionales y metas de la regla fiscal
Gráfica 4. Deuda pública sin ajustes adicionales y cumpliendo la regla fiscal
Reducir el déficit para evitar una crisis fiscal que nos sumiría en fuerte recesión, como la que ha sufrido el Brasil por igual causa, y al mismo tiempo ejecutar las inversiones mínimas requeridas para consolidar la paz y mejorar la infraestructura, la educación y la salud, será casi tan complicado como lograr la cuadratura de un círculo. Hasta ahora ninguno de los precandidatos ha esbozado siquiera las líneas generales de un plan creíble y hay varios, en la extrema izquierda y, especialmente, en la extrema derecha, dedicados a hacer el más vulgar de los populismos: ofreciendo bajar los impuestos a las empresas y el IVA en semejante coyuntura fiscal y sugiriendo que con solo frenar la corrupción y la ineficiencia estatal (pero sin decir cómo) habría dinero de sobra para todo.
El premio gordo del populismo se lo está ganando el ex Presidente Uribe, quien en varias declaraciones y en su página Web está diciendo que lo que el haría es bajar impuestos y un aumento fuerte de salarios, al mejor estilo peronista, chavista y Alan García versión 1, cuyos desastrosos resultados todos conocemos. Esto no sería grave, puesto que Uribe no puede postularse para la reelección, si no fuera porque, aun cuando no se sabe quién o quienes serán candidatos de la derecha, las encuestas de opinión indican que ´el que diga Uribe´ tiene altas probabilidades de llegar a segunda vuelta. Y los pre-candidatos del Centro Democrático andan diciendo cosas parecidas, aunque no tan exageradas como las de su jefe, ya sea porque las creen o para ganarse su favor.
También puede llegar a segunda vuelta, según las encuestas, uno de los candidatos de la izquierda, el exalcalde Petro, uno de los más reconocidos amigos del chavismo en Colombia y quien manejó a Bogotá con una irresponsabilidad fiscal y administrativa digna del socialismo del Siglo XXI. Una segunda vuelta entre esos dos sectores sería funesta para el país.
Entre los demás precandidatos hay varios (incluyendo a Clara Lopez en la izquierda y Marta Lucía Ramirez en la derecha) que han sido más prudentes en sus declaraciones y reconocen la dificultad de la situación, pero no han presentado aún propuestas creíbles al respecto. Entre ellos hay tres opcionados a llegar a segunda vuelta (Vargas Lleras, Fajardo y De la Calle), según algunas encuestas, y cualquiera de ellos probablemente le ganaría el mano a mano ´al candidato de Uribe´ o a Petro, si fueran sus contendores, a juzgar por las encuestas.
En adición, la industria colombiana parece estar sufriendo un problema estructural severo. Durante varios años pensamos que su postración se debía básicamente a la fuerte apreciación cambiaria observada entre el 2003 y el 2014, pero incluso hoy, después de gozar por tres años de una tasa de cambio competitiva y de las bajas recientes de las tasas de interés internas, la mayoría de los sectores industriales no dan signo de reanimación. Si bien es cierto que sus dos principales mercados externos (Venezuela y Ecuador) están padeciendo recesiones fuertes, uno esperaría un mayor dinamismo en las ventas internas y a otros mercados. Resulta evidente que hay serios problemas de productividad no resueltos. Pero, en la reciente Asamblea de la ANDI, quedó en claro que ni el gremio ni los precandidatos tienen ideas claras sobre cómo lograr la ansiada reactivación industrial.
Para complicar las cosas, las inversiones en infraestructura, petróleo y minería que requiere el país enfrentarán cada vez más la oposición de comunidades locales muy empoderadas, pero muy desinformadas y con frecuencia mal aconsejadas. Este es un fenómeno nuevo que nos acompañará por mucho tiempo y que el próximo gobierno tendrá que manejar con paciencia, pedagogía, imaginación y liderazgo (y coordinación efectiva entre los diferentes Ministerios), lo que no ocurrió bajo la actual administración. Algunos precandidatos han reconocido éste problema, pero ninguno ha esbozado aún un plan claro para afrontarlo.
Y ni qué decir del activismo y corrupción judicial, que ha llegado a hacer metástasis, a juzgar por la revelación de la existencia de un cartel criminal que incluía al Presidente de la Corte Suprema y varios otros magistrados y fiscales –incluyendo el Fiscal anticorrupción!-, asi como a senadores, gobernadores, alcaldes y funcionarios. Esas situaciones están generando un grado de inseguridad jurídica y falta de confianza en las instituciones públicas nunca visto en el país. Afectan especialmente las inversiones en infraestructura, petróleo y minería, agravando las dificultades señaladas en el párrafo anterior y las propias del posconflicto. Todos los precandidatos coinciden en que nuestro sistema judicial requiere una profunda cirugía, pero ninguno ha indicado aún que solución promovería ni a través de que mecanismo (asamblea constituyente, reforma constitucional ordinaria via Congreso, o referendo).
Como tapa a las dificultades enumeradas, los escándalos de corrupción han tocado a todos los partidos grandes (y a algunos pequeños) y hay conciencia de que se alimentan con un sistema electoral que permite en la práctica que los contratistas actuales o potenciales financien sin controles efectivos a los Congresistas, Alcaldes y Gobernadores (y aun a los Presidentes) y luego estos ´les paguen´ con contratos grandes o medianos, según el caso. En el proceso muchos políticos y funcionarios, así como fiscales y magistrados que se hacen los de la vista gorda para no investigar o castigar estos delitos, reciben tajadas apreciables.
Hay conciencia amplia de éste problema y la Misión Asesora para la Reforma Electoral, pactada en el Acuerdo de Paz con las FARC, presentó propuestas que permitirían superarlo, o al menos limitarlo significativamente. Entre ellas, la de cambiar el proceso de nominación del Consejo Nacional Electoral (nombrado hoy por los propios partidos a quienes debe supervisar), otorgándole autonomía e instrumentos adecuados para investigar violaciones a las normas de financiamiento electoral. Como también la reforma de otras normas electorales que hoy facilitan las llamadas ´micro-empresas electorales´, algunas de las cuales son hoy grandes empresas, que incurren con mucha frecuencia en éstas prácticas ilegales y son más difíciles de controlar que los partidos instituidos. Así, por ejemplo, la Misión propuso eliminar el voto ´preferente´ por candidatos individuales a las corporaciones y exigir ´listas cerradas´ por partido, que centren en ellos responsabilidad de financiar las campañas y las eventuales violaciones a sus topes y otras restricciones. El Gobierno acogió solo algunas de esas propuestas y el proyecto de Acto Legislativo que presentó está sufriendo una deformación tal en el Congreso, que la mayoría de los analistas independientes consideran hoy preferible que sea retirado o no votado. Resulta evidente que los partidos mayoritarios no quieren permitir el control de sus prácticas ilegales.
Ante estos complejísimos problemas, que requieren un consumado jugador de ajedrez en la Presidencia para resolverlas, sería bueno que varios precandidatos dejaran de pensar y pregonar que su solución resultará tan fácil como armar un Lego para niños.
