Para algunos analistas -desde la derecha en particular-, los problemas del pilar contributivo del sistema de pensiones se reducen a variables de contexto y de diseño.
Por el lado del contexto está el mercado laboral, que no da espacio para que todos coticen continuamente. Asimismo, el alza en la esperanza de vida y las menores rentabilidades que ofrecen los mercados hoy exigen un mayor esfuerzo de ahorro. Por último, el crecimiento salarial hace que los beneficios comparados con el último salario sean insuficientes.
Las variables de contexto interactúan con el diseño: la tasa de cotización es muy baja, la voluntariedad de cotizar de los independientes limita la participación y la edad de jubilación es muy temprana.
Luego, para este grupo de analistas bastaría con reparar estos errores -fruto de estimaciones sobre optimistas- y “explicar mejor a la gente” los beneficios de cotizar para que el pilar contributivo funcione bien.
En esta lista falta un elemento que en mi opinión es central: la legitimidad política. Los sistemas previsionales deben funcionar por períodos muy largos de tiempo y no son sostenibles si descansan en instituciones en las que la ciudadanía no confía. Este es el caso de nuestro sistema previsional, en especial en lo que respecta al pilar contributivo.
Un trabajo reciente de Damián Vergara, de Espacio Público, recopila información sobre la opinión que la ciudadanía tiene del sistema. De acuerdo con el estudio, las bajas pensiones, tanto como fracción del salario previo como respecto de la expectativa que el propio sistema había creado son parte esencial del descontento ciudadano.
Pero el descontento también tiene que ver con la limitada competencia entre AFP y sus altas utilidades, lo que ha generado una sensación de abuso en un contexto de bajas pensiones. También es relevante el origen en dictadura del sistema y la forma en que de una manera u otra se obligó a los trabajadores a cambiarse de régimen.
La propuesta de reforma del Gobierno tiene elementos que buscan reparar el problema de la baja legitimidad. Entre ellos están una mayor participación de los afiliados en algunos procesos de decisión al interior de las AFP, así como una regulación que promueva mayor competencia y transparencia.
En este paquete prolegitimidad, la creación de un nuevo ente estatal que administraría las cotizaciones adicionales, sin embargo, ha sido la propuesta más debatida.
En efecto, el “ni un peso más a las AFP” cayó mal en algunos círculos que tildaron la idea de populista y demagógica. Ello, porque las AFP serían más eficientes que el Estado, ya que incluso podrían administrar los fondos adicionales gratuitamente. ¿Es ello realista? ¿Pueden comprometerse las AFP a no subir sus comisiones ni a cobrar por el manejo de fondos adicionales?
Existen experiencias exitosas de administración estatal de cuentas individuales. El mejor ejemplo, a mi parecer, es el U.S. Thrift Savings Plan (TSP), que cubre a los empleados civiles del gobierno federal y a los uniformados en los Estados Unidos.
El TSP es un plan de ahorro individual, en el que cotizan trabajadores y el Estado. Los fondos son invertidos en el mercado de capitales bajo la administración de una agencia gubernamental independiente, cuyo mandato legal es administrar los fondos de manera prudente y exclusivamente en el interés de sus beneficiarios. Ella es auditada anualmente por entidades externas.
La agencia es gobernada por cinco directores, propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Según la ley, ellos deben tener “experiencia sustantiva, entrenamiento y experticia en la administración de inversiones financieras y de planes de beneficios de pensiones”.
Los trabajadores pueden escoger dónde invertir sus fondos dentro de un conjunto acotado de opciones. También pueden tomar préstamos desde sus propias cuentas.
Lo interesante es lo bien que lo hace el TSP. El costo total de administración no supera los seis puntos base (60 centavos por cada 1.000 dólares administrados); esto es, menos que la décima parte del costo de administración de las AFP. Los retornos también han sido atractivos: desde su creación -entre 1987 y 2005-, los fondos han rentado, en promedio, dependiendo de cuán riesgosas son las inversiones subyacentes, entre 3,95% y 10,16% anual.
Tan bien lo hace el TSP que la Comisión Asesora para Seguridad Social convocada por el Presidente George W. Bush lo sugirió como modelo para una eventual reforma de pensiones en los Estados Unidos.
¿Por qué el TSP tiene costos tan bajos? Porque al agregar los activos de clientes individuales en un gran fondo se ahorra en marketing y ventas, y los vuelve atractivos para su administración por parte de financieras que compiten por su manejo, vía comisiones. También, porque los recursos se invierten en forma pasiva y no hay costos en tratar de ganarle al mercado.
El TSP no es el único caso de manejo centralizado de cuentas a bajo costo. Otros ejemplos con elementos en común son el sistema sueco de pensiones y el seguro chileno de cesantía.
No es demagogia ni populismo cuidar la legitimidad de las instituciones, y menos aún si existen experiencias exitosas de las cuales aprender. Cerrarse a ello es negarse a tener un sistema potencialmente más eficiente, uno que la ciudadanía esta vez sí pueda considerar como propio.
