Las instituciones policiales en América Latina cuentan con pocos niveles de legitimidad ciudadana, altos niveles de corrupción y bajos niveles de efectividad. En general la foto institucional es bastante deprimente. Hasta hace un par de años todos los análisis de policía reconocían que la carabineros de Chile y la Policía Nacional de Colombia eran la excepción.
Las policías son una institución de gobierno que requiere de altos niveles de conocimiento para enfrentar los desafíos del crimen, pero también de los avances en lo que sirve para prevenir y combatir el delito.
Es decir, es un trabajo especializado que en la mayoría de países desarrollados cuenta con participación de centros de investigación, especialistas, universidades que aportan en el diseño de estrategias que no sólo hagan la institución efectiva sino también cada día más transparente y responsable de sus actos. Los recientes hechos de violencia policial racista en los Estados Unidos son una evidencia que se requieren mecanismos permanentes para mejorar el servicio policial que en ningún caso pueden ser únicamente internos.
Lamentablemente en América Latina las reformas policiales generalmente han partido de escándalos públicos de corrupción, uso excesivo de la fuerza, tortura, y últimamente participación en esquemas de crimen organizado.
La presencia mediática de estos casos, la urgencia pública, el malestar ciudadano han llevado a procesos no siempre exitosos de cambios institucionales que van desde remover altos mandos, cambiar instituciones, limitar capacidades administrativas, cambiar sistemas de formación, canalizar espacios de transparencia, entre otros múltiples mecanismos de respuesta.
Pero cuando por décadas nadie vigila a los que vigilan, las reformas son de muy difícil implementación. La corporación se cierra con rapidez asumiendo que hay una mirada social negativa que trata de cambiar a toda la institución en base a “algunos casos” y generalmente la incapacidad política termina empantanando procesos y esperando que la larga sombra del olvido o algún otro escándalo tape la atención ciudadana. Un aprendizaje es cierto, sin cambios serios las malas prácticas se perpetúan.
En este marco volvemos a mirar a una de las indiscutiblemente mejores policías de la región: carabineros de Chile. Institución que al parecer tiene un presupuesto tan grande, que la “pérdida” de 20 mil millones en un lapso no tan largo de tiempo pasó inadvertida, ¿dónde estaban los controles? La verdad es que organismos jerárquicos casi de mando único en democracia requieren de sólidos contrapesos civiles.
La institución ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, hoy es casi una comuna más del país que cuenta con médicos, parteras, contadores, abogados, periodistas, expertos en marketing, agrimensores, arquitectos, en fin, una variedad de profesionales que sustentan su labor y que tienden a hacer innecesaria la complementariedad civil. Pero ¿es posible realmente tener una opinión divergente en una institución jerarquizada donde casi todos los que tienen voz son asimilados a la jerarquía? El problema no es la institución sino el abandono que desde el mundo civil se ha hecho en términos de controles efectivos y balances tan necesarios en democracia.
Los cambios son urgentes para continuar con un servicio policial bueno, especialmente el que desarrollan los miles de carabineros que cumplen tareas de patrullaje y vigilancia cotidiana. Pero los mismos no pueden nacer únicamente de la institución, se requiere de una mirada integral del problema que involucra a múltiples otras instancias gubernamentales.
Más allá de la organización criminal que aparece haberse conformado entre sus filas múltiples dudas han surgido que deberían ser respondidas de forma seria y en un marco gubernamental.
Entre ellas, ¿es aún necesario tener una institución dividida por oficiales y suboficiales?
¿Cuáles son los beneficios que la Dirección de Carabineros del ministerio del Interior no cumpla con una labor de apoyo en la definición de políticas policiales?
¿Es aún pertinente los altos niveles de opacidad de la información policial? ¿No deberíamos avanzar en fortalecer al policía que hace patrullaje y limitar la burocracia institucional?
¿Será sostenible que la mayoría de oficiales en retiro pasen a ser recontratados por la institución?
Si no se abarcan estas y otras temáticas urgentes sobre el trabajo policial en la coyuntura actual, lo que estamos viendo hoy será solo una reforma más por escándalo que seguramente traerá pocos resultados en el futuro.
Chile tiene que fortalecer sus instituciones policiales, está vez eso no significa más presupuesto y autonomía sino más coordinación y gobierno civil.
