@felbarrera
El estado de Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica (donde vivo actualmente), tendrá en un par de meses votación local para decidir si se levanta el techo al número de plazas de los colegios de concesión públicos (“charter schools”). Pensé que la discusión en mi casa sobre la votación iba a ser relativamente simple: en mi opinión, la evidencia apunta, primero, a que las personas que van a colegios de concesión les va mucho mejor que a los que van a colegios públicos (evidencia mostrada en los trabajos rigurosos de Joshua Angrist y Susan Dynarski; por ejemplo, ver Abdulkadiroğlu et al 2011); y por otro lado, existe una lista larga de personas que quieren entrar a dichos colegios. El argumento es simple: personas que, antes de la existencia de estos colegio no tenían opciones, ahora tienen una opción de ir a colegios que otorgan mejor educación. Esas personas, que son minoría, deberían tener todas las garantías de derecho para ejercer su opción.
Mi esposa, también economista, argumentó que, si bien es cierto que esta evidencia es sólida, los colegios públicos se quedan con las poblaciones más débiles y pierden recursos. Esto hace que la función de bienestar de los que se quedan en colegios públicos se reduzca. En equilibrio, es fundamental ver si la ganancia de los que se mueven contrarresta a la perdida de los que se quedan. Trabajos de Nechyba (1999) muestran modelos teóricos sobre este punto.
Yo argüí que precisamente esto es lo que el modelo de Friedman proponía (Friedman, 1955): los colegios públicos tienen que responder con calidad ante dicha presión. Sin embargo, la respuesta de mi esposa ante este argumento es que en presencia de efectos de pares e información asimétrica, los colegios públicos no poden responder adecuadamente, y se entra en un equilibrio de “calidad baja” en el colegio público y estratificación escolar (MacLeod y Urquiola, 2009). Los trabajos empíricos de Urquiola sobre el sistema de vouchers en Chile sustentan la hipótesis de segregación (Hsieh y Urquiola, 2006).
Esta discusión, entre dos personas que arguyen basados en teoría y evidencia, muestra dos puntos: primero, el debate en la arena política va mucho más allá de “buenas ideas”; segundo, no creo que exista poder humano de convencer a ninguna de las dos partes (en especial a mi mujer) de cambiar de opinión.
El voto sobre la paz en Colombia
Sin exagerar, Colombia está en un momento inminente de cambio histórico (o no) con el voto que se presta a hacer en Octubre 2. El voto es un Si o No a una pregunta concreta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” En mi opinión, un resultado positivo de esa votación puede significar un cambio en la trayectoria del país. El negativo implica seguir con el status quo, con un equilibrio de crecimiento bajo/moderado, y sin lograr terminar el conflicto interno del país.
Pensé, al principio de la discusión sobre esta votación, que el resultado iba a ser simple: en su gran mayoría, los colombianos votarían por ratificar el acuerdo. Sin embargo, el país se ha enfrascado en una discusión que es complicada y densa. Este debate tiene tintes que van mucho más allá de mi debate sobre los colegios de concesión: es un debate con pocas “ideas” por parte del No (es mi impresión) y es un debate en el cual se están diciendo imprecisiones, verdades a medias y, en algunos casos, mentiras claras. Y las personas no se están tomando el trabajo de contrastar la realidad (por ejemplo, lo que se firmó en la mesa de negociación) con lo que se está diciendo en el debate. Pongo dos ejemplos: por el lado del No, se dice que la guerrilla no va a dejar las armas. En contraste, el acuerdo que se firmó dice claramente como es el proceso de dejación de armas. Inclusive incluye detalles tan concretos como que se van a hacer tres monumentos (me imagino que inmensos) con las armas. Por el lado del Si, se dice que el acuerdo va a traer la paz. Esa es una afirmación parcial: primero, existe otra guerrilla (el ELN) que no ha entrado en el acuerdo; segundo, para tener una verdadera paz se requiere desarrollo rural importante, especialmente en las zonas de conflicto. Si bien es cierto que el acuerdo centra uno de sus seis puntos principales en el desarrollo y la inversión del gobierno en ciertas zonas, nada en el acuerdo puede garantizar la paz.
En este escrito voy a discutir cuatro de las ideas del No. Antes de discutir estas tres ideas, y como ya debe ser claro al lector mi posición, quiero dejar constancia pública de mi voto por el Si. Mucho antes de leer el documento del acuerdo, estaba totalmente convencido de mi voto. Había escuchado a gente como Manuel Cepeda hablando sobre Justicia Transicional. Había leído las aclaraciones sobre el acuerdo del grupo negociador del gobierno (Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo). Oí al Presidente Santos hablar sobre el acuerdo en Harvard. Y ahora que termine de leer el documento, estoy hoy más que nunca seguro de votar Si.
Mi lectura del acuerdo? Primero, la negociación fue hecha con la mayor seriedad. Segundo, efectivamente no va a haber impunidad. Tercero, es evidente que se tiene que hacer la propuesta de inversión rural que el acuerdo propone. Cuarto, quiero ver a las personas de la FARC midiéndose a una democracia. Colombia, como país, tiene que mostrar que tiene la institucionalidad para efectivamente dejarlos entrar en la democracia (y mi aspiración personal es derrotarlos en las urnas). Quinto: una proporción importante de lo acordado se basa en el derecho a la propiedad privada y en el respeto a los derechos humanos.
Algunas ideas del No
Los impulsores del No se centran en cuatro puntos: primero, que con la firma del acuerdo, Colombia se está encaminando a ser un estado “castro-chavista”; segundo, que la justicia transicional implica impunidad y que no cumple con los acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito; tercero, que el narcotráfico va a seguir igual; y cuarto, que moralmente es inaceptable que los guerrilleros reciban penas tan bajas como las que van a recibir.
En mi mente existen dos formas por medio de las cuales el país se podría ver abocado a ser un país “castro-chavista”. Una, que en lo negociado se hubiera acordado que Colombia cambiara su institucionalidad y modelo de desarrollo en pos de un comunismo o de un socialismo extremo. Lejos de esto: el acuerdo, si algo hace, es fortalecer el estado de derecho y la propiedad privada. En otra palabras, en vez de ser un acuerdo en el que se pone en entre dicho la propiedad privada (como columna vertebral de una democracia occidental), el acuerdo propone dos acciones fundamentales que fortalecen la propiedad privada: la necesidad de titular tierra y la de tener un catastro rural moderno. La titularización nace en parte del problema de desplazamiento que ha tenido el país gracias al conflicto interno. Adicionalmente, el documento afirma que es necesario tener un catastro moderno para poder tener impuestos progresivos sobre la tierra. No me cabe la menor duda que la titularización, el catastro moderno e impuestos sobre la tierra tienen que darse en un país moderno. Con conflicto o sin él.
Más en general, el componente económico y de modelo de desarrollo del acuerdo no propone nada extraordinario. El acuerdo contempla impulsar la idea de seguridad alimenticia, un concepto anticuado de los años setentas que no creo que tenga mucho impacto en el país (y, como dato paradójico, impulsado por Henry Kissinger como secretario de estado de Estados Unidos en la primera Conferencia Mundial de Alimentación. Ah, las vueltas de la revolución!). Asimismo, el acuerdo contempla la necesidad de desarrollar una infraestructura moderna para el campo. Son cientos los artículos técnicos hechos por economistas mostrando la correlación entre desarrollo e infraestructura. Por favor, hagan las carreteras para, o bien desarrollar el país, o bien mostrar que el país se está desarrollando!
La segunda vía por la cual el país se podría ver abocado a un “castro-chavismo” es si la guerrilla, una vez constituida en partido político, toma una proporción importante del gobierno y del congreso. El acuerdo garantiza 10 plazas en el congreso a la guerrilla por dos periodos (8 años). Sin embargo, y esto es importante, la guerrilla tiene que ir a la contienda electoral; si saca menos votos de los que implican las 10 plazas, de cualquier forma el gobierno las garantiza. Mi vaticinio: la guerrilla no va a obtener más de diez plazas; y como partido minoritario, si quiere delinear política, se tiene que unir a otros partidos: ¿Cuál partido quiere formar alianzas con la FARC? Mmmm, no creo que la fila sea larga. Pero el punto significativo es que la guerrilla tiene que entrar a la contienda electoral. Y en ella, tiene que competir con ideas y programas que capturen el voto de los colombianos. No creo que muchos colombianos vayamos a votar por ellos. Dicho sea de paso, uno de los puntos que los partidarios del No claman como más injusto es que el nuevo grupo político va a tener acceso a una banda de radio para decir sus ideas. Por favor, déjenlos hablar, y por radio mejor! Que los colombianos conozcamos sus “ideas” y que votemos con conocimiento!
Un punto adicional sobre el “castro-chavismo”: precisamente este momento es histórico en Colombia porque, como nación, tiene que salir de adolescencia. La constitución del 91, con todos sus problemas, pudo abrir el juego político a partidos de la izquierda, pero también a los de extrema derecha. Esa es la verdadera prueba ácida de una democracia; el riesgo de que alguien “extremo” llegue al poder; pero con instituciones lo suficientemente sólidas como para garantizar el derecho de las minorías. Yo veo este momento como un paso fundamental a la consolidación de un país moderno. Nos tocó lanzarnos a la piscina; si seguimos con el “nadadito de perro” vamos a seguir siendo un país de “nadadito de perro”. Esta coyuntura puede hacer que las instituciones se fortalezcan. Por supuesto, también puede ser el caso contrario. Pero yo, personalmente, prefiero apuntarle al reto. El status quo es una opción mala.
Sobre lo acordado en materia de justicia, verdad y reparación, puedo opinar menos: no soy abogado, y el documento en este sentido es muy técnico. Pero mi impresión es que el acuerdo llegó a un punto intermedio de tener algo de penas, pero si bien bajas. Miles de colombianos claman por penas mayores; creo que la realidad de la negociación determino los parámetros. Sin embargo, el documento explícitamente dice que ciertos crímenes, conforme con lo establecido en el Estatuto de Roma, no son sujeto de amnistía ni indulto: delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores. Dada esta lista de crímenes, me resulta difícil pensar en un guerrillero que no page penas.
Un punto general sobre lo negociado: el acuerdo usa la institucionalidad colombiana e internacional establecida para implementar y garantizar el proceso. No se crea una nueva “fiscalía” para investigar los crímenes; al contrario, la Fiscalía General de la Nación continúa con sus investigaciones vigentes. Otro ejemplo: el Ejército Nacional va a jugar un papel importante en el cumplimiento de penas (dicho sea de paso, el acuerdo hace explícito que las armas son de uso privativo de las Fuerzas Armadas). Así puedo seguir con varios ejemplos de diversas instituciones. Lo mismo ocurre con la participación de instituciones internacionales, en especial las Naciones Unidas. En resumen, el acuerdo contempla usar y fortalecer las instituciones nacionales; y contempla usar las internacionales de forma activa.
Finalmente, sobre el punto de reparación y verdad, el acuerdo busca que la FARC le diga al país lo que hizo y que reconozca su responsabilidad; eso ya está sucediendo. El acuerdo busca que los familiares de personas desaparecidas sepan que pasó con sus seres queridos; eso ya está sucediendo. El acuerdo busca desmovilizar rápidamente a los menores que fueron reclutados por la guerrilla; eso ya está sucediendo. El acuerdo busca que la misma guerrilla encuentre y desactive las minas antipersonales en varias zonas rurales del territorio; eso ya está sucediendo. No a la velocidad y magnitud que muchos quisiéramos, pero está sucediendo. Solo por estos cuatro puntos, yo me siento éticamente incapaz de votar por el No.
Sobre el problema de la conexión entre la guerrilla y drogas ilícitas, el No clama que el acuerdo no termina el problema del narcotráfico. Por supuesto que no lo hace. Ese problema va a existir con o sin guerrilla, hasta que no se busquen soluciones diferentes. El problema del narcotráfico solo tiene una solución posible, tal como muchos desde hace varios años venimos insistiendo: es necesario legalizar/despenalizar el consumo y la producción de droga, en conjunto con campañas masivas de prevención e información. Pero el acuerdo comienza a desmontar uno de los componentes más importantes del conflicto violento del narcotráfico, que es la unión de la guerrilla con la cadena productiva. Es más, el documento de acuerdo exige claramente que la guerrilla dé información veraz, relevante y eficiente sobre el negocio y sobre las personas involucradas.
Termino con el problema moral: algunas personas respaldan el No bajo el argumento de que las penas que los guerrilleros van a obtener no tienen proporcionalidad con los crímenes cometidos. Ante este argumento no puedo decir nada. Si alguien sufrió las atrocidades de la guerrilla en carne propia, es menester dejar que esa persona decida en conciencia. Yo no sufrí directamente el flagelo del conflicto. Lo que si sé es que miles de personas, directamente afectadas por el conflicto, han comenzado a perdonar; han aceptado los términos del acuerdo; se han sentado con la guerrilla y han hablado frente a frente sobre el horror de los últimos 50 años. ¿Quién soy yo para ir a votar No, si personas que han sufrido directamente los efectos de la guerra van a votar Si? (…esta pregunta tiene mucho de la propuesta de Rawls sobre el velo de ignorancia…).
***
Personalmente creo que el Si tiene a su favor la fuerza de las ideas. No he escuchado ninguna por el lado del No que me tiente o que, en mi opinión, resista un examen relativamente riguroso. Si el debate fuera solamente de ideas, creo que la partida es clara. Este escrito no pretende convertir a alguien del No hacia el Si. Creo que esto no va a pasar. La gran incógnita son las personas que aun dudan en la decisión. Esta votación se va a ganar con esa franja, y principalmente con la gente joven. Los viejos ya lanzamos nuestros dados hace mucho tiempo. En cosas tan importantes, un voto puede cambiar el destino de un país. Esto está en las manos de los más jóvenes.
Referencias
Abdulkadiroğlu, A., Angrist, J. D., Dynarski, S. M., Kane, T. J., & Pathak, P. A. (2011). Accountability and flexibility in public schools: Evidence from Boston’s charters and pilots. The Quarterly Journal of Economics, 126(2), 699-748.
Friedman, M. (1955). The role of government in education. Rutgers University Press.
Hsieh, C. T., & Urquiola, M. (2006). The effects of generalized school choice on achievement and stratification: Evidence from Chile’s voucher program. Journal of public Economics, 90(8), 1477-1503.
Nechyba, T. J. (1999). School finance induced migration and stratification patterns: the impact of private school vouchers. Journal of Public Economic Theory, 1(1), 5-50.
