La muerte de Eduardo Lara fue una muerte cruel, inaceptable y, sobre todo, evitable, que deja en evidencia que muchas cosas andan mal en nuestra convivencia. La lista es larga, la desigualdad crónica, la mala calidad de la educación, la política y la justicia, entre otras. Sin embargo, frente a hechos como el incendio de dos edificios patrimoniales y la muerte de Eduardo Lara, lo más grave fue –una vez más– la incapacidad de la policía para asegurar el orden público, frente a la acción violenta de delincuentes y extremistas.
Resulta inaceptable que el Gobierno acoja la tesis de que el caso de Rodrigo Avilés, es decir, el actuar abusivo de un funcionario y sus consecuencias, haya inhibido a los policías.
Al general Director de Carabineros, Bruno Villalobos, pueden no gustarle las críticas, pero lo cierto es que hace ya demasiado tiempo que –en cada manifestación pública– los ciudadanos somos testigos de la incompetencia de los uniformados para controlar a un puñado de jóvenes delincuentes, encapuchados o a cara descubierta.
La declaración pública del general Villalobos frente a lo ocurrido es, por decir lo menos, inconcebible. En dos líneas lamenta la muerte de Eduardo Lara y, luego, lanza una diatriba impropia de su rango. No solo no acepta responsabilidad alguna en lo ocurrido –en este y otros desbordes violentos– sino que, además, reclama a las familias chilenas que “no ejercen su rol de autoridad para frenar a estos individuos que le perdieron el respeto a la vida”.
Ojalá bastara con la autoridad de los padres para terminar con la delincuencia y los crímenes, como pretende el general. Si así fuera, ¡la sociedad no necesitaría ningún vigilante! Tampoco tribunales de justicia ni cárceles. La razón de ser de los guardianes radica justamente en esa carencia estructural de las comunidades humanas. La razón de ser de Carabineros es proteger a la sociedad precisamente cuando fallan los controles primarios como la familia, la escuela, la iglesia u otros grupos intermedios. La existencia de operaciones represivas, la intervención del sistema policial y penal, solo se justifica como última instancia. Que la máxima autoridad de Carabineros no comprenda cuándo y por qué se requiere el ejercicio policial, resulta perturbador.
En su día de furia, el general no solo increpó a las familias, también a las autoridades, subrayando que “los antecedentes e informes” fueron entregados oportunamente a todos los actores que correspondía. Con seguridad, en los hechos del 21 de mayo hay múltiples errores y responsables. Pero uno de ellos –probablemente el más relevante– es el alto mando de Carabineros. Y eso es lo que el general Bruno Villalobos insiste en escabullir.
En los últimos 20 años, la institución aumentó sus recursos de manera sideral –hoy es más del doble que hace una década– y los resultados no están a la altura de tamaña inversión.
Así lo hicieron ver los parlamentarios –de todos los partidos– cuando se discutió el presupuesto para este año, que una vez más tuvo un incremento significativo en comparación con otras áreas. No se ven resultados y tampoco se sabe cómo se gastan los recursos asignados. Por lo tanto, es muy difícil evaluar si están usando los mecanismos adecuados para proteger a los ciudadanos de los delincuentes cuyos padres no pudieron controlar.
Más que una declaración enfurecida, el general le debe una explicación al país en torno al actuar de sus fuerzas. En cada jornada de protesta, y tal como ocurrió esta vez en Valparaíso, los periodistas captan a numerosas personas disfrazándose para ocultar su identidad, lanzando piedras y molotov a los carros policiales, saqueando y destruyendo la propiedad pública y privada. La ciudadanía necesita que el general explique por qué los periodistas pueden descubrirlos y mostrarlos en sus medios, y la policía no logra controlar la violencia, ni detener a los que delinquen.
En su día de furia, el general no solo increpó a las familias, también a las autoridades, subrayando que “los antecedentes e informes” fueron entregados oportunamente a todos los actores que correspondía. Con seguridad, en los hechos del 21 de mayo hay múltiples errores y responsables. Pero uno de ellos –probablemente el más relevante– es el alto mando de Carabineros. Y eso es lo que el general Bruno Villalobos insiste en escabullir.
Hay quienes piensan que Carabineros deja hacer y fomenta el clima de violencia. Quiero creer que eso no es efectivo. Prefiero pensar que no cumplen bien con sus tareas, que falta trabajo de inteligencia, que no realizan los controles previos que se requieren, que no detienen a quienes cometen los delitos porque optan de manera equivocada por las barridas generales y violentas, que no conducen a nada. Prueba de ello es que rara vez los detenidos son procesados y juzgados. Simplemente porque no hay pruebas contra ellos. Porque los arrestados rara vez son los que están cometiendo los delitos que vemos en la televisión. Porque son los apresados al voleo.
Llevamos meses discutiendo sobre el control preventivo de identidad. Algunos podrían pensar que no existen las herramientas necesarias para actuar antes de que se desate la violencia en las calles. No es así. El artículo 85 del Código Procesal Penal permite a los policías –sin orden previa de ningún fiscal– solicitar la identificación y registrar las vestimentas y equipajes de cualquier persona cuando existen indicios de que se ha cometido o se intenta cometer un delito, incluso una falta. Más aún, el código establece claramente que se puede exigir la identificación de quien se encapuche para ocultar o disimular su identidad.
El general Villalobos pretende defender a sus hombres recordándonos que son ellos quienes ponen “el pecho a las piedras, las balas, los fierros”. Es verdad, y la ciudadanía los valora ampliamente por ello. Lamentar que así sea es como si los militares se quejaran cuando tienen que ir a la guerra. ¡Esa es la profesión que eligieron, la tarea que libremente decidieron cumplir! Y, por tratarse de un quehacer sensible y riesgoso, la sociedad les otorga un trato especial.
Sin duda que la labor policial merece ser valorada y reconocida. El país entero se conmueve cuando uno de ellos pierde la vida cumpliendo su deber. Las críticas no apuntan al carabinero que está en la calle sino a quienes deben diseñar estrategias acertadas para mantener el orden público, respetando los derechos de cada ciudadano, las normas democráticas y, también, la integridad de los uniformados.
La muerte de Eduardo Lara no puede olvidarse en un par de días. Fue muy grave. Es indispensable aclarar lo ocurrido y juzgar a los responsables. El Gobierno, por su parte, debiera pedirle cuentas al general Director de Carabineros en vez de justificar los errores policiales con el caso Avilés.
Paralelamente, sería bueno imaginar una “ley Lara” que transparente cómo se utilizan los recursos de Carabineros, cuáles son las prioridades, cómo se capacitan sus funcionarios, cuál es la planificación a mediano plazo y cómo se miden sus resultados. Algunos dirán que dicha información obstaculizaría una labor eficaz. Por ahora, no hay transparencia ni tampoco eficiencia. Por lo demás, en las democracias avanzadas –que tanto nos gusta admirar–, las policías también están expuestas al escrutinio público. Debiera saberlo, el general.
