3 de enero de 2015. Por Sergio Berensztein para La Gaceta.
Tres condenados a prisión perpetua, alojados en la enfermería de un penal de máxima seguridad y “custodiados” por un guardia que, por convicciones religiosas, no puede portar armas, se escapan por la puerta principal y huyen en un destartalado Fiat 128 para comenzar una insólita, patética y prolongada aventura. La fuga incluyó visita a amigos con fuertes conexiones con la política del principal bastión peronista del país, la tercer sección electoral de la Provincia de Buenos Aires; a ex familiares para robarles un vehículo; un sospechoso e innecesario tiroteo con la policía; la aparición del abogado de uno de los reos por los medios para plantear una potencial entrega; y una opinión pública acostumbrada y por lo tanto no demasiado impactada por un caso de ribetes, a la vez, desopilantes y bochornosos. El argumento bien pudo haber surgido en la cabeza de un Woody Allen o de un Mel Brooks, sin embargo, la historia de la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci es en realidad una dolorosa tragedia que reconfirma que el principal desafío de gobernabilidad que enfrenta la Argentina es el enquistamiento y ramificación del narcotráfico en la política y en la sociedad.
Los tres prófugos estaban presos por el famoso triple crimen de General Rodríguez, vinculado al tráfico y comercialización ilegal de efedrina, al financiamiento de la campaña del CFK en el 2007, al corazón del poder K (como lo demuestra la causa que instruye la jueza federal Servini de Cubría) y que, recientemente, salpicó de forma determinante la candidatura de Aníbal Fernández a gobernador de aquella provincia. Este episodio pone otra vez en evidencia la profunda interrelación de los mundos del crimen organizado, la política, la burocracia, la policía y el Servicio Penitenciario. ¿También del fútbol, el juego y los servicios de inteligencia? ¿Qué otras actividades (además de la hotelería, el transporte, el desarrollo inmobiliario y los “faraónicos” emprendimientos gastronómicos) sirven para lavar el dinero ilegal de la corrupción y la droga?
El narcotráfico potencia y profundiza todos los problemas institucionales, sociales, culturales y económicos que existían antes de (y durante) su expansión, pero que fueron fundamentales para que se propague y consolide de forma tan rápida como efectiva. Donde existía contrabando (se trata de un fenómeno común en nuestras tierras literalmente desde la época de la Colonia), se cuelan las drogas: la desprotección de las fronteras garantiza el flujo de pasta base (proveniente sobre todo de Bolivia y Perú) y de marihuana (que se produce en su mayor parte y entra desde Paraguay). Esa misma ausencia del Estado, más la creciente connivencia con las fuerzas de seguridad y con muchas autoridades políticas y judiciales, favorece la logística del negocio, fundamentalmente el traslado por vía terrestre y pluvial. Es cierto que tampoco hay suficientes controles del espacio aéreo. El estrago del narco no hubiera llegado a estos límites sin la desidia y la acumulación de fracasos de múltiples agencias públicas, sin la complacencia y la connivencia de un segmento de la clase política.
En este terrible fenómeno está metida toda la sociedad, al margen del ingreso, del grupo etario y el lugar de residencia, sobre todo como víctimas directas en prácticas de consumo cada vez más aceptadas y hasta estimuladas en ciertos segmentos. Aun así, este drama es ciertamente mayor en aquellos sectores más vulnerables, puesto que la falta de oportunidades laborales representan la instancia ideal para que se expanda la economía de la droga. Mezcladas con otras prácticas sociales de supervivencia y mecanismos informales para acceder a algún tipo de ingreso monetario (incluyendo el clientelismo y el empleo en negro), las ramificaciones del narcotráfico llegan también a las barriadas más pobres del país, ahí donde la ley en la práctica desaparece y los derechos se tornan abstractos por la ausencia vergonzosa de la mano justa y visible del Estado.
Fueron largas décadas de pésima política pública pero no es justo asignar la responsabilidad por este terrible flagelo solo a los gobiernos (o a la etapa) K. El narco encontró condiciones ideales para expandirse, fortalecerse y convertirse en el principal desafío de gobernabilidad que enfrenta la Argentina. Hubo una complicidad evidente y escasamente investigada, sobre todo en la justicia. Los resultados están a la vista: incremento de la violencia y la desestructuración social, territorialización del fenómeno narco, cooptación de agencias del Estado (sobre todo, pero no únicamente, policías provinciales o servicios penitenciarios).
A esto se le sumó un absurdo derroche del gasto público que profundizó el déficit habitacional y expandió los grandes cordones de pobreza extrema, alimentada por una política migratoria absurda y descontrolada. Se trata de un problema tan grande y tan complejo que, aunque de aquí en adelante se hicieran las cosas mejor, de todas formas tardaríamos mucho tiempo en encontrarle una solución efectiva y sustentable. El nuevo gobierno asumió pensando que el principal obstáculo de gobernabilidad que tenía por delante era el económico. La hipótesis central de los estrategas del macrismo era que, si se salía del cepo cambiario con cierta holgura y se daban los primeros pasos exitosos en el plan de estabilización, de a poco podría construirse mayor poder político. Sería entonces más fácil convencer a los bloques opositores en el Congreso una vez que la estrategia económica estuviera en marcha. Salir del cepo y avanzar en el programa de estabilización (devaluación y negociación con los buitres mediante) constituían en todo caso condiciones necesarias, pero de ningún modo suficientes para construir gobernabilidad.
El de Macri nació como un gobierno débil: la frágil y embrionaria coalición electoral que, exitosa, lo llevó al triunfo fue más un acuerdo entre tres personas que entre tres partidos. Solamente una, el propio Macri, integra formalmente el gobierno. Hay radicales en la estructura burocrática, pero no integrantes de la Coalición Cívica. Y el Presidente puede consultar sus decisiones con sus socios Elisa Carrió y Ernesto Sanz, pero es evidente que cierto decisionismo traducido en decretazos no ha contado con el consenso y la anuencia de estos líderes. Esa frágil coalición electoral no es aún una coalición de gobierno. Y tal vez no lo sea nunca.
Para peor, la racionalidad técnica que en teoría le daba a Cambiemos, o al menos al PRO, una ventaja significativa a la hora de gobernar (y que en efecto explica el exitoso comienzo del programa de estabilización económica), gracias a los equipos de la Fundación Pensar que durante mucho tiempo planificaron qué hacer en caso de ganar, obvió un distrito que fue central para el triunfo e históricamente crucial para cualquier esquema de gobernabilidad: la Provincia de Buenos Aires. Al parecer la estrategia electoral no contemplaba ganar en esa provincia, sino sólo hacer una excelente elección y apuntalar las chances de Macri a nivel nacional. Ahora las infinitas complicaciones que siempre tiene ese distrito, profundizadas exponencialmente durante la última gestión cuyo único objetivo era impulsar y asegurar la candidatura presidencial del gobernador, y no solucionar los múltiples problemas de los ciudadanos, constituyen el segundo dilema de gobernabilidad que enfrenta el país: el narco y la provincia de Buenos Aires se han convertido en dos caras del mismo problema.
En materia económica falta demasiado para poder cantar victoria. Sin duda que en pocos días se consiguieron algunos logros fundamentales: el Banco Central hasta se da el lujo de bajar las tasas de interés para mitigar el efecto recesivo de la devaluación mucho antes de lo que se especulaba. Se ha ganado la primera batalla, pero esto recién empieza. El programa monetario deja muy en claro que el objetivo es controlar la inflación pero todavía se desconoce la estrategia de política fiscal: este año el déficit, lejos de bajar, incluso puede llegar a subir. En parte, esto se debe a las transferencias que el Tesoro Nacional estará obligado a hacerle a las provincias, muchas de las cuales están fundidas. Fueron dos gobernadoras las que pusieron las cosas blanco sobre negro: Alicia Kirchner y María Eugenia Vidal. Muy valiente y meritorio de su parte. ¿Cómo lograr, sin embargo, que la solución a esas quiebras no implique mayor inflación, sobre todo cuando parece claro, como ocurrió en la patética sesión de la Legislatura en la Plata, que el kirchnerismo duro no está dispuesto a convalidar un mayor nivel de endeudamiento?
Se ha convertido en un lugar común afirmar que al gobierno le falta aún volumen de juego desde el punto de vista político. Comete errores frecuentes no menores y, mientras llama al diálogo y al consenso, utiliza por doquier los decretos, tanto comunes como de necesidad y urgencia, que contradicen el espíritu republicano que supuestamente tenía Cambiemos. Macri parece querer demostrar que no es autoritario como Cristina, pero aparece más preocupado aún por ratificar que no es débil como De la Rúa a pesar de la forma con la que llegó al poder. Este desarrollo de liderazgo por oposición le ha impedido, al menos hasta ahora, construir uno propio afianzándose en sus atributos.
La política se cuela siempre para complicar la planificación de los tecnócratas. En la Argentina, los gobiernos se desvelan por ese rompecabezas imposible que ha sido siempre la Provincia de Buenos Aires. Y desde ya hace tiempo el narco llegó para quedarse y oscurecer todo aún más.
Encauzar la economía nacional, domesticar la provincia de Buenos aires y limitar el crecimiento descontrolado del narcotrafico… El año recién comienza, al igual que en el 2015 con la muerte de Nisman, lo hace con una agenda endiablada, sin embargo, ahora tenemos un escenario completamente nuevo. Mauricio Macri tiene en sus manos un triple desafío pero una increíble oportunidad. La sociedad está aún esperanzada y expectante. Pero las urgencias no se hacen esperar: de cómo y cuándo se resuelva la crisis desatada por la fuga de los asesinos de General Rodríguez dependerá, en buena medida, le credibilidad y el espíritu con el que Mauricio Macri y su calificado equipo tendrán que enfrentar un año plagado de dilemas.
Estimado Sergio.
No me queda claro que el «kirchnerismo duro» o cualquier diputado en sus cabales deba aprobar una ley de presupuesto con un endeudamiento de 90 mil millones, dado que la provincia no puede hacer frente a tal deuda. Es endeudarse sabiendo que no se va a poder afrontar los pagos. Para que tenga en cuenta la ley de presupuesto del 2015 disponía de una deuda del 21 mil millones ( en 2014 fue de 15 mil millones). A usted le parece correcto endeudarse a sabiendas que le va a conllevar a un default?
Mi intriga saber porque no se discuten estos números,y solamente se dice que el «kirchnerismo duro» no aprueba por que no quiere…
Saludos
Gerónimo
Sergio, le agradezco su columna porque plantea dos problemas graves de la situación actual. El primero se relaciona con las drogas y se trata de un problema mundial que en distintos grados ha afectado a todos los países. En Argentina, el comercio de drogas parece haberse convertido en un negocio grande, muy grande, en relación al tamaño de su economía, algo que necesariamente requirió la participación de políticos y organismos públicos. Podríamos hablar mucho sobre por qué ocurrió y qué podría hacerse para contenerlo, y también sobre sus consecuencias, comenzando por su impacto en el consumo interno, pero inmediatamente hay algo que marca esa experiencia argentina: la larga agonía de la institucionalidad liberal de su política y su gobierno. Esta agonía es el segundo problema grave.
En los últimos 70 años el principal movimiento político del país ha tratado de destruir esa institucionalidad para imponer un alternativa desconocida (la búsqueda eterna de la Tercera Vía) mientras que otros movimientos han tratado, con poco éxito, de impedir esa destrucción. La agonía es lenta porque el Peronismo sigue sin tener una alternativa clara y porque una oposición minoritaria pero importante ha seguido firme en su intención de contener la destrucción. Las dos partes del conflicto han cambiado mucho desde el primer intento peronista (1946-55) pero la esencia del problema no ha cambiado porque el Peronismo jamás abrazará modelos socialistas que condenarían a la pobreza masiva y porque la oposición no está dispuesta a emigrar (sí, muchos hemos emigrado y muchos han invertido sus ahorros fuera del país, pero un núcleo duro no emigra por un simple cálculo económico).
El 10 de diciembre pasado se inició un nuevo partido del Gran Clásico de la Política Argentina. Ahora la oposición juega de local pero como bien dice usted en su columna, el gobierno de Macri nació débil. En realidad no nació. La oposición aprovechó la debilidad coyuntural del Peronismo, esa misma debilidad que precipitó la crisis de 1951 y todas las crisis posteriores, es decir, la imposibilidad de financiar un gasto público creciente con recursos ordinarios. Sí, por la integración de la economía nacional en los mercados internacionales, las crisis se manifiestan como grave escasez de divisas pero esta escasez es síntoma de esa imposibilidad y si no se corrigen las políticas de gastos e ingresos ordinarios, poco o nada sirven las entradas excepcionales de dólares (incluyendo los dólares chinos). Como en 1951, el problema económico inmediato sigue siendo esa corrección, hoy mucho más difícil que en 1951.
Indudablemente un excelente trabajo de Sergio Berensztein, como es habitual en sus comentarios. Comparto que es una tarea ciclópea la que tiene por delante el equipo que lidera Mauricio Macri, sobre todo al haber ganado la provincia de Buenos Aires – su mayor desafío está allí, sin dudas-. Son demasiados años de fracasos políticos, para encauzar al país por la vía de la normalidad, la institucionalidad y por consolidar los valores de una democracia republicana que perdure en el tiempo. Que no vivamos solo mirando el corto plazo. Que el sistema rentístico del país cumpla los preceptos constitucionales. Un país federal, en la teoría pero fuertemente unitario en la práctica económica, sobre todo. ¿Cómo es posible que una provincia como San Luis sea un ejemplo frente al resto de las provincias? ¿Cómo es posible que senadores que representan a los estados provinciales y los propios gobernadores, con las escasas excepciones, que confirman la regla, hayan convalidado políticas centralistas del gobierno nacional durante nada menos que durante doce años de conducción «Kichnerista» bajo el sistema de «la obediencia debida». Creo que la etapa que se inicia, que contiene un objetivo político no ideológico, no tan formal como es deseable, aunque no parezca tan visible, puede llegar a ser la última tabla de salvación para que Argentina se transforme en un país normal como el que soñaron y pusieron en marcha la ya lejana «Generación del ochenta» a partir de los preceptos de la Constitución de 1853. Se ruega no hacer comparaciones con el gobierno del Dr. De la Rúa. Es más que evidente la diferencia de personalidades que caracterizan a ambos. Además el Radicalismo, como Partido Político histórico, con raíces indudablemente democráticas y republicanas, no apoyó en su totalidad como debería haberlo hecho a su Presidente, y mejor no hablemos de su Vice, que «se borró» como Casildo Herrera en su época.
Excelente editorial.-