Y resultó que varios políticos de la Nueva Mayoría fueron financiados por empresarios cercanos al dictador, que la relación entre un partido de derecha y un grupo empresarial tenía rasgos simbióticos y que empresas reguladas financiaban a parlamentarios a cambio de consideraciones especiales al momento de legislar.
La ciudadanía no lo sabía, de hecho la mayoría ni siquiera lo intuía, de modo que la sorpresa fue grande y la desilusión mayor. Es cierto que la evaluación de los políticos ya era mala antes de los escándalos recientes, que es difícil lanzarse por la ventana cuando se está en el sótano, pero es lo que sucedió y los niveles de aprobación cayeron a un dígito.
Es en este contexto de indignación ciudadana que conviene analizar la polémica de esta semana respecto de la iniciativa legislativa para limitar la reelección de los parlamentarios, dos reelecciones para los diputados y una para los senadores. El punto de la discordia es si la prohibición aplica a respostularse en general o sólo en el mismo distrito (o circunscripción) donde se fue elegido.
Es evidente que el efecto catártico que persigue la medida se cumple sólo si se limita la reelección en general. En caso contrario se tendrán parlamentarios alternando entre dos o más distritos, en una especie de juego de sillas musicales, confirmando la percepción ciudadana de que una y otra vez la letra chica termina desvirtuando iniciativas legislativas que parecen atractivas.
También cabe analizar si la idea de limitar la reelección es una buena idea. Los argumentos en contra son varios. El primero es que la buena política requiere de buenos políticos y los parlamentarios tendrán menos incentivos para hacer bien su trabajo y aprender sobre temas específicos si saben que durarán a lo más 12 años en el cargo (diputados) o 16 años (senadores). Segundo, y consecuencia del anterior, limitar la reelección debilita aun más al Congreso como contrapeso del Ejecutivo, en un sistema sumamente presidencialista como el nuestro. Tercero, durante su último período los parlamentarios estarán más preocupados de su aterrizaje laboral cuando salgan del Congreso que de legislar bien, lo cual exacerba posibles conflictos de interés y es terreno fértil para la corrupción.
Los argumentos que se han dado a favor son los siguientes. Primero, que se busca terminar con la existencia de parlamentarios que se eternizan en sus cargos. Desde 1990 a la fecha, en promedio, el 40 por ciento de los diputados electos no es reelegido en la elección siguiente. Es difícil saber cuál es el porcentaje al que queremos apuntar, pero dudo que una rotación de 40 por ciento cada cuatro años esté muy lejos. Otro, que con el sistema binominal las coaliciones políticas protegen a los incumbentes, poniéndoles compañeros de lista débiles, con lo cual eluden la competencia y son reelegidos aun si no lo han hecho bien. Buen argumento, pero a destiempo, dado que el Congreso aprobó recientemente el fin del sistema binominal y a futuro tendremos un sistema más competitivo.
En el caso de los alcaldes existe un argumento adicional a favor de limitar la reelección. A diferencia de los parlamentarios, los alcaldes son autoridades unipersonales que asignan recursos cuantiosos. Además, tienen grados de discrecionalidad no despreciables en la asignación de recursos y la fiscalización es menor a la deseable. Es por eso que el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción que presidí propuso límites a la reelección sólo para los alcaldes.
No es el mejor momento para discusiones razonadas sobre cuáles son las medidas que mejor resuelven la crisis en que estamos. La ciudadanía quiere medidas duras y desgarradoras para sus líderes políticos, y las quiere ahora. Es probable que limitar la reelección sea tan popular porque varios parlamentarios en ejercicio se verían obligados a dejar sus cargos en un futuro cercano. Lo cual motiva preguntar si existen medidas con un atractivo simbólico similar que no causen daño o, mejor aun, sean positivas en el largo plazo.
Si el objetivo son los parlamentarios, las medidas que se les pueden exigir son varias, pero ninguna de ellas tiene un atractivo comparable a ver una fracción importante de representantes dejar el Congreso a comienzos de 2018. Para encontrar medidas con un atractivo similar se debe buscar entre aquellas que fortalecen la democracia interna de los partidos.
Padrones de militantes poco confiables, procesos electorales internos sin supervisión adecuada y falta de protección de los derechos de quienes disienten de la mayoría son algunos de los problemas que aquejan a los partidos en la actualidad. Lo cual lleva a que la ciudadanía no se sienta representada por sus parlamentarios y no se resuelve limitando la reelección. Son varias las medidas que propuso el Consejo Anticorrupción para resolver los problemas anteriores, 26 para ser precisos, destacando entre ellas la reinscripción de los padrones de militantes de todos los partidos anunciada por la Presidenta a fines de abril e incluida en una indicación enviada recientemente al Congreso.
Los partidos son la base de la democracia: permiten a los ciudadanos organizarse en torno a demandas programáticas, seleccionan y forman dirigentes, eligen los candidatos a cargos de representación popular (entre ellos los parlamentarios) y son la fuente de donde proviene la mayoría de los altos cargos en el Ejecutivo. Es por eso que partir con la reinscripción de los militantes, creando así cimientos sólidos sobre los cuales construir partidos que recuperen la confianza de la ciudadanía no sólo tiene un valor simbólico similar al de limitar las reelecciones, sino que, además, constituye una buena política.
