Según informó recientemente The Clinic, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, además de varios concejales, por cohecho, soborno y lavado de activos. Varios de ellos habrían recibido coimas para que la empresa KDM se quedara con la licitación de la basura en Maipú. Los pagos ilegales incluirían la compra de una camioneta Ford Explorer para la esposa del alcalde de Maipú por parte de un representante de la empresa, que se adjudicó licitaciones por 1.333 millones de pesos de la Municipalidad de Maipú y de la Corporación Municipal de Educación de la misma comuna.
Según la indagatoria de la fiscalía, que tuvo su origen en dos reportajes de Ciper el 2010 y que incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos de los sospechosos, la conexión entre los municipios de Maipú y Cerro Navia viene vía Marcelo Torres, quien se desempeñó simultáneamente como concejal de Maipú y como administrador municipal en Cerro Navia. Es en este último rol que Torres habría recibido millonarios pagos de las empresas que ganaron licitaciones por más de 4.000 millones de pesos en Cerro Navia, compartiendo dichos pagos con el alcalde, el director jurídico y dos concejales de la comuna.
La opinión pública también se enteró recientemente de un caso de corrupción en el municipio de Zapallar. Durante al menos tres años el administrador municipal, el asesor jurídico, el asesor de finanzas y la jefa de mantención se coordinaron para defraudar a dicho municipio en 80 millones de pesos. Nueve contratistas aparecen prestando servicios a la corporación edilicia mediante boletas y facturas correspondientes a trabajos inexistentes o que fueron hechos por funcionarios del propio municipio. Uno de los contratistas admitió ante la Contraloría General de la República haber pagado sobornos de entre el cinco y 10 por ciento del valor de la obra al administrador municipal.
Municipios y ciudadanía
Los municipios son importantes para la vida cotidiana de las personas. Ellos son la cara más visible del Estado para la inmensa mayoría de los chilenos, contribuyendo a cubrir sus necesidades e impactando sobre su calidad de vida. La educación de sus hijos, la salud de la familia, el otorgamiento de subsidios y la limpieza de las calles son algunos de los servicios y prestaciones donde los municipios juegan un rol clave.
Información recogida por la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional sugieren varios factores de riesgo de corrupción a nivel municipal. Entre ellos se cuentan el amplio margen de discrecionalidad de los alcaldes, quienes manejan gran cantidad de recursos públicos asociados a sus múltiples y diversas funciones; la falta de estándares adecuados de cumplimiento sobre ejecución presupuestaria y administración financiera; la falta tanto de personal profesional idóneo como de estabilidad laboral en varios cargos importantes; la existencia de pagos por honorarios asociados a programas con designación por parte del alcalde con altos grados de discrecionalidad; el insuficiente cumplimiento de las reglas sobre transparencia y la falta de controles adecuados en áreas sensibles.
Los casos que hemos conocido recientemente en las comunas de Maipú, Cerro Navia y Zapallar ilustran la relevancia de varios de los riesgos anteriores.
Expertos internacionales coinciden en que donde se encuentran los mayores niveles de corrupción en el Estado chileno es a nivel de gobiernos municipales. El tema se puede volver aun más importante con la agenda de descentralización que está impulsando el gobierno. Un proceso de descentralización exitoso debe ir más allá de transferir autoridad, funciones y recursos a las autoridades regionales, también debe fortalecer el marco institucional de transparencia, profesionalismo y probidad en los gobiernos municipales y regionales.
Propuestas
Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior, el Consejo Asesor Anticorrupción que tuve el honor de presidir dedicó una sección a medidas para fortalecer los cuadros profesionales y la probidad en los municipios. Se trata de 26 medidas, 25 de las cuales fueron aprobadas unánimemente y una de las cuales fue aprobada por 15 de los 16 consejeros.
Con el objeto de facilitar la detección de enriquecimiento ilícito, se propone la obligatoriedad de las declaraciones de intereses y patrimonio, según los estándares del reciente instructivo presidencial sobre la materia, bajo sanción en caso de incumplimiento, a alcaldes, concejales y funcionarios jefes de las unidades claves.
Para mejorar la gestión financiera a nivel municipal, se propone, entre otros, transparentar los créditos incobrables y las deudas municipales, además de establecer la obligatoriedad de estándares exigentes en materia de gestión e información financiera, con la debida sanción en caso de incumplimiento.
Respecto de compras y adquisiciones, se proponen varias medidas para fortalecer los procedimientos y mejorar su control y fiscalización. Entre ellas, hacer efectiva la obligatoriedad a nivel municipal de usar el sistema de ChileCompra, adecuándolo a la realidad heterogénea de los municipios y con la debida capacitación del personal; establecer la obligatoriedad de auditoría por parte de la Contraloría de compras, adquisiciones y licitaciones por sobre un cierto umbral, y mejorar la fiscalización de recursos municipales que reciben las corporaciones municipales y asociaciones de municipios.
Para fortalecer los cuadros profesionales se propone que el director de Obras Municipales sea designado mediante la Alta Dirección Pública y que sea inamovible por un período de tiempo. Este cargo es clave si se desea promover la probidad a nivel municipal, sus mecanismos actuales de designación se basan, para todos los efectos prácticos, en la antigüedad de los postulantes, sin dar la importancia debida a las competencias técnicas de estos.
Para los responsables de otras unidades claves del municipio, tales como la Asesoría Jurídica, la Secretaría Comunal de Planificación, la Unidad de Desarrollo Comunitario, la Unidad de Administración y la Unidad de Control, se propone un concurso público de antecedentes y oposición controlado por la Alta Dirección Pública (ADP), donde puedan postular sólo quienes hayan aprobado previamente un examen nacional de conocimientos y habilidades. Algo similar, pero sin la supervisión de la ADP, se propone para los cargos del nivel siguiente.
Con objeto de evitar que fondos municipales se destinen a financiar operadores políticos y campañas electorales, se propone limitar la contratación de personal a honorarios asociados a programas municipales, prohibiendo esta modalidad en los períodos electorales, comenzando al menos seis meses antes de la elección municipal. También se recomienda otorgar atribuciones a la Contraloría para fiscalizar que el gasto en publicidad durante períodos electorales no exceda en más de un cinco por ciento el gasto promedio de los tres años anteriores.
El gobierno ingresó recientemente al Senado un proyecto de ley para fortalecer los cuadros profesionales a nivel municipal. Dicho proyecto incluye varias propuestas interesantes, algunas de las cuales están en el informe del Consejo Asesor Presidencial. Sin embargo, hay varias propuestas de este Consejo que no están en el proyecto del gobierno y que me parecen relevantes. Entre ellas, las nuevas exigencias para nombramientos en los cargos más importantes a nivel municipal y las medidas para mejorar y fiscalizar mejor la gestión financiera.
Conclusión
La lista de cosas por hacer para profesionalizar y mejorar la probidad a nivel municipal es larga y está llena de detalles que no interesarán a quienes sólo preocupa la alta política. Sin embargo, son esos detalles los que hacen la diferencia entre un municipio que responde a las necesidades de sus ciudadanos y uno que es una fuente diaria de frustración donde se malgastan los recursos públicos en un terreno fértil para la corrupción.
