Cinco capítulos, 21 áreas temáticas, 236 propuestas, la pregunta es obvia y la he debido responder en múltiples ocasiones desde que entregamos a la Presidenta el informe del Consejo Anticorrupción que tuve el honor de presidir.
¿Cuál de todas las propuestas es la más importante, la ineludible, aquella por donde se debe comenzar? Respondo que son al menos 10 las áreas prioritarias, que cada una tiene varias propuestas importantes, que lo que importa son las propuestas en su conjunto y no la presencia de esta o aquella, que los anuncios de la Presidenta en su discurso del 28 de abril permiten ser optimistas, pues acogió todas las áreas prioritarias. Pero estamos en un mundo donde los intercambios de opinión se limitan a 140 caracteres, donde las cuñas de 15 segundos para la televisión deciden quiénes la llevan ante la opinión pública, donde las frases cortas y las ideas simples han reemplazado los debates con matices.Y decido, al redactar esta columna, jugármela por una de las 21 áreas temáticas, por aquella que constituye el cimiento para todas las restantes, sin la cual el resto vale poco o nada. Y, por si lo anterior no bastara, además indico la propuesta dentro de esa área temática que debiera ser la medida emblemática.
La evidencia. Los partidos políticos en Chile funcionan mal y no cumplen con el rol clave que tienen en democracias sólidas y modernas. Su democracia interna deja mucho que desear, la falta de transparencia es manifiesta, las directivas tienen mucho más poder del deseable y sus padrones de militantes no son confiables. La participación en las elecciones internas de los partidos es muchísimo más baja que en las elecciones nacionales, donde ya es preocupantemente baja. En las últimas elecciones de directiva del PPD, RN, PDC y PS participaron, respectivamente, el 12, 13, 17 y 21 por ciento de los militantes. No menciono a la UDI, porque su sistema de elección es tan indirecto que en la reciente elección de directiva no se supo de participación alguna de las bases.
Existe evidencia sobre inscripción explosiva de militantes en períodos preeleccionarios, falsificación de firmas y rechazo de inscripciones sin fundamento. “Hay irregularidades y no hay certeza de la veracidad del padrón”, sentenció recientemente la secretaría general de uno de los partidos más importantes. La falta de transparencia en los partidos es seria y las rendiciones de cuentas dejan mucho que desear. Un indicador de Chile Transparente sugiere que, en una escala de 1 a 7, la nota promedio de los partidos en esta materia es inferior a 3. El sitio web de uno de los principales partidos no tiene disponible el código de ética y conducta del partido. “El presidente del partido nos mostró un power point, no un balance”, reclamó un dirigente de un partido a propósito de criterios bastante laxos cuando se trata de rendir cuentas. Otro partido se financia mediante una consultora que vende informes “políticos” y de “coyuntura” de dudosa calidad y a precios claramente inflados. Y en el mejor signo del desprestigio actual de los partidos, prácticamente todos los candidatos omiten mencionar el partido al que pertenecen en su propaganda electoral.
Lo anterior son los datos duros, obtenidos principalmente de un reportaje reciente de Ciper para el cual no hubo desmentidos. A lo cual se agrega lo que conocí durante los 45 días que trabajé en el Consejo Anticorrupción. Fueron varios los dirigentes políticos y parlamentarios, de los partidos más diversos, quienes me insistieron, en conversaciones privadas, en la importancia de que no dejáramos pasar esta crisis para reformar los partidos.Fue la petición más recurrente de los políticos con quienes me reuní. Las historias que contaron, y para cada una de las cuales tengo varias fuentes, son de miedo. Padrones electorales donde decenas de militantes aparecen con la misma dirección que un militante denominado “cacique”. Este individuo controla los votos del grupo, ya que nadie más puede ubicarlos. Cuando tocan elecciones de directiva, los caciques juegan un rol clave negociando sus paquetes de votantes con los candidatos.
En una de las audiencias públicas, el representante de una organización social confidenció que los representantes de la minoría se enteraban de las decisiones de la directiva del partido al día siguiente por los diarios. En efecto, la directiva no les informaba de cuándo tendría lugar la reunión y contaba con un notario amigo para certificar que ésta se había realizado de acuerdo al protocolo.
Las propuestas. El informe del Consejo Anticorrupción incluye una serie de medidas que llevarían a un cambio radical en las prácticas internas de los partidos y en su contribución a la sociedad. La aceptación de nuevos militantes pasará por una instancia representativa de todo el partido y las negativas a aceptar un nuevo militante deberán ser fundadas y apelables ante una instancia externa. Las elecciones de directiva tendrán supervisión del Servel y habrá exigencias de transparencia activa respecto de toda la información relevante sobre los partidos. La propuesta también contempla la reinscripción, dentro de un plazo razonable, de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables.
Esta propuesta tiene un simbolismo especial, pues constituye un hito para separar los partidos de hoy de los partidos que el país quisiera tener en un futuro cercano. La exigencia de reinscripción, que tuvo un rol central en el discurso de la Presidenta Bachelet del 28 de abril, requerirá de recursos, por lo cual parece razonable que el Estado financie, al menos parcialmente, dicho proceso. La legislación actual no contempla el financiamiento público de los partidos, todo financiamiento proviene de fondos propios o fuentes privadas, principalmente empresas. El discurso de la Presidenta anunció un rol central para el financiamiento público de los partidos, no para los partidos como funcionan en la actualidad, sí para partidos modernos, sólidos y programáticos que van a emerger luego de las reformas. La propuesta del Consejo Anticorrupción contempla fondos públicos similares a los que dedica el Estado hoy día al financiamiento de campañas electorales.
El monto, de poco más de 10 millones de dólares anuales, es cuatro a cinco veces mayor que el contemplado en el proyecto de ley que ingresó al Congreso en diciembre. Se requiere, por tanto, de una indicación a dicho proyecto para aumentar el monto. Como en todas las propuestas mencionadas en esta columna, la aprobación del monto para los partidos fue unánime. Reacciones y lo que vieneLos partidos políticos son los pilares del sistema democrático, pues permiten a los ciudadanos organizarse en torno a demandas programáticas. Son ellos quienes seleccionan y forman dirigentes, son ellos quienes proponen políticas para enfrentar los desafíos de construir una sociedad más justa, inclusiva y desarrollada. Son ellos, también, quienes proponen los candidatos a cargos de representación popular (senadores, diputados, alcaldes, etc.) y cargos importantes en el Ejecutivo (ministros y subsecretarios).
La reacción de las directivas de los partidos y los parlamentarios ante los anuncios anteriores ha sido mixta. El presidente del Senado, con visión de Estado, ha apoyado la exigencia de reinscripción. Otros parlamentarios, en cambio, han enarbolado excusas diversas para no realizar las reformas. Es importante que la ciudadanía se mantenga atenta a este tema, en caso contrario se corre el riesgo de que nada cambie, pues sin partidos sólidos y reformados las restantes reformas servirán de poco.
