La reforma tributaria del gobierno del Presidente Aylwin hace casi un cuarto de siglo fue un proceso técnica y políticamente muy bien pensado, para el cual se trabajó mucho con la oposición y se tuvo una mirada país muy distinta a la que vimos en el proyecto de 2014 . Tal como dice Edgardo Boeninger en su libro Gobernabilidad. Lecciones de una Experiencia, se creó una Comisión Técnica de la Concertación que empezó a trabajar en mayo de 1989, “anticipación que atestigua la previsión y responsabilidad con que actuó el futuro equipo económico”.
Nada más alejado de la reforma tributaria que presentó este gobierno: un proyecto hecho entre cuatro paredes, plagado de errores técnicos, sin estudios que lo avalaran y sin diálogo con la oposición. Durante mucho tiempo el ejecutivo sostuvo que no tendría efectos en la inversión, el crecimiento ni el empleo. Ello contra la evidencia que comenzaba a acumularse desde el tercer trimestre de 2013, luego de que la reforma se anunciara a grandes líneas en el programa de gobierno: nuestra economía perdía dinamismo a gran velocidad. Se recurrió entonces a responsabilizar al ciclo externo, pero esta explicación no era sostenible. ¿Por qué la inversión cae en Chile más que en cualquier país Latinoamericano, con excepción de Venezuela, y ya completó cuatro trimestres de contracción? ¿Por qué en Perú –país altamente dependiente del ciclo minero, como Chile—la inversión se desacelera moderadamente, mientras en Chile cae significativamente? ¿Por qué el mundo crecerá más en 2014 que en 2013 y Chile se expandirá menos que el año pasado?
El proyecto del gobierno tuvo la rara habilidad de generar virtual consenso en su contra de numerosas organizaciones sociales (como las que representan a las Pymes), de los expertos económicos y contables, los ex Directores del Servicio de Impuestos Internos y los ex Ministros de Hacienda. Generaba enormes dudas en varios de los senadores oficialistas y estaba también perdiendo la batalla de la opinión pública.
Frente a ello, el protocolo de acuerdo logrado esta semana tiene una serie de elementos positivos. En primer lugar, representa el fracaso de la tesis de la retroexcavadora, de pasarle la aplanadora a la oposición, tan contrario al camino que ha pavimentado el desarrollo de nuestro país en el último cuarto de siglo. Por lo mismo, se reivindica el diálogo y la democracia. La Comisión de Hacienda del Senado generó un genuino espacio de diálogo, en que no sólo se escuchó con respeto las muchas voces que, desde distintas posiciones, marcaban sus dudas respecto de este proyecto. También se tomó nota y se generaron los espacios para cambios profundos a la reforma. Hasta antes, el ejecutivo aceptaba sólo cambios marginales.
Desde CLAPES UC hemos hecho varias propuestas (ver www.clapesuc.cl), tomando como restricción el objetivo del gobierno de recaudar US$8.200 millones al 2018, pero reemplazando los mecanismos por otros menos distorsionadores. Algunos de nuestros planteamientos (por ej., en retención de 10% y renta atribuida obligatoria) han quedado recogidos en el acuerdo.
No hay duda que el acuerdo cambia el corazón de la reforma, al menos como lo entendía el ejecutivo. Se elimina el 10% de retención a las empresas; se pone término al régimen de renta atribuida obligatoria –que habría dejado a Chile como conejillo de Indias, único en el mundo con este experimento; se limitan las atribuciones excesivas del Servicio de Impuestos Internos, que dejaban al contribuyente en gran desmedro. Y se rescata, aunque sólo parcialmente, algún incentivo al ahorro y la reinversión.
Pero no nos engañemos. El acuerdo modera el daño, pero la reforma sigue siendo negativa para las posibilidades de invertir, crecer y crear empleo en nuestro país. Con un 27% de tasa de impuesto corporativo, Chile quedará entre las mayores tasas de la OCDE, bastante por sobre el promedio mundial de 24%. Pero además, en nuestro país existen pocas deducciones y por eso un 20% de impuesto corporativo recauda un 4,6% del PIB (2012); en EE.UU., lleno de deducciones, con casi 40% de tasa se recauda apenas 2,6% del PIB. Adicionalmente, se pierde parte del crédito tributario por los impuestos pagados a nivel de empresa, con lo que la tasa final del accionista por los dividendos distribuidos llegaría a 44,5%, una de las más altas del mundo.
Las Pymes mejoran algo su posición respecto del proyecto del gobierno. Pero muchas se verán perjudicadas respecto de su situación actual. En realidad, las verdaderas ganadoras son las empresas medianas entre 50.000 y 100.000 UF de ventas. Las empresas más pequeñas (con ventas menores a 50.000 UF) tributarán con un 13,5% por las utilidades reinvertidas y hoy no pagan impuesto corporativo si están acogidas a los regímenes 14 bis o 14 quáter (más de 100.000 Pymes están en uno u otro).
Tampoco se mejoró la posición de la clase media en la adquisición de viviendas entre 2.000 y 4.500 UF: el proyecto continúa eliminando la exención de 65% del IVA, con lo que el costo de estas viviendas aumentará más de 12%. Y sumemos a ello que el impuesto al crédito aumentará al doble (de 0,4% a 0,8%) a todos los que soliciten un préstamo de consumo, hipotecario o en su tarjeta (con excepción de crédito hipotecario para viviendas DFL2).
Agreguemos que la administración tributaria en Chile sufrirá un enorme aumento de complejidad. Deberán administrarse empresas sujetas a renta atribuida junto a otras que tributan en base percibida, con integración parcial. Probablemente la pesadilla de un funcionario diligente.
Por todo ello, este acuerdo debe ser tomado con mesura. Valoremos el fin de la retroexcavadora, la derrota de quienes quieren imponer una visión al país y la moderación del daño. Pero el protocolo de acuerdo no es alquimia, y no ha transformado una muy mala reforma en una buena. Respecto de la ley actual, persiste el daño a nuestra economía, a la inversión, el crecimiento y la capacidad de generar empleos. Y subsiste el perjuicio a la clase media y a muchísimas Pymes. Esperemos que algunos de estos daños puedan corregirse en el debate que aún queda en el Senado y cuando el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.
