El Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, recientemente, han aprobado un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que espera la firma de la Presidente de la Nación para convertirse en ley. ¿Qué podemos esperar de esta ley?
Para contestar esa pregunta primero vamos a preguntarnos por qué hay informalidad y qué es lo que hace esta ley.
¿Por qué hay trabajo no registrado? Cuando una empresa registra una relacion laboral, la misma está sujeta a una serie de impuestos. Las contribuciones “patronales” alcanzan el 17% en la mayoria de los casos y los aportes de las empleadas otro 17%. Es decir, para una salario contractual de $100, las empresas pagan $117 y las trabajadoras reciben $83, el estado recibe $31 y las obras sociales sindicales $3[1]. Los fondos recaudados por las obras sociales sindicales son destinados a proveer un seguro médico a las trabajadoras, que ya están aseguradas ya que en Argentina la cobertura del sistema de salud pública es gratuita (para la usuaria) y universal. Los fondos recaudados por el estado son destinados financiar jubilaciones y pensiones, el seguro de salud para jubilados y pensionados, asignaciones familiares, y un seguro de desempleo. La relación laboral registrada le da derecho a la trabajadora a una serie de derechos como, por ejemplo, indemnización por despido, vacaciones pagas[2]. Las trabajadoras que valúen estos seguros médicos y de pension en menos que $34 van a tener incentivos a no registrar la relación laboral (trabajar en negro o ser informales). En la medida que la gente esté cubierta por el sistema de salud pública y que haya pensiones no contributivas, el beneficio del empleo formal se diluye (ver, Santiago Levy, Buenas Intenciones, Malos Resultados).
En la práctica, las partes de una relación laboral tratan de no registrarla, revelando que parte de estos “aportes y contribuciones” son, de hecho, impuestos. La evasión de estos impuestos al trabajo está correlacionada con el tamaño de las empresas. Las empresas grandes registran todas las relaciones laborales y las pequeñas casi ninguna. Esto es porque las micro-empresas casi nunca son auditadas. El costo para el fisco de fiscalizar las micro-empresas (que en general tienen muy baja productividad) es demasiado alto en relación a los pasivos fiscales de las mismas.
Resumiendo, en Argentina, al igual que en muchos otros países, hay incentivos fiscales a esconder relaciones laborales y las empresas más pequeñas son raramente auditadas. La informalidad está atada a la fracción de la fuerza de trabajo empleada en pequeñas empresas de baja productividad.
¿Qué hace la nueva ley?
La ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral tiene dos componentes fundamentales: (i) aumenta el costo (castigo) de no registrar relaciones laborales y (ii) reduce el costo de registrar relaciones laborales en micro-empresas.
La ley aumenta el castigo de no cumplir con el régimen laboral al crear el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Las empresas que violen las prescripciones de las relaciones laborales registradas serán incluidas en el REPSAL. Además de ser humilladas públicamente, las empresas en el REPSAL no podrán ni recibir asistencia del estado, ni recibir crédito del estado, ni hacer negocios con el estado. El efecto de estas sanciones probablemente sea ínfimo, ya que las grandes empresas a las cuales les importa no estar en el REPSAL ya cumplen con sus obligaciones. A las micro-empresas el estado probablemente no las detecte y, si lo hace, es probable que no les importe mucho pertenecer al REPSAL.
En relación a la reducción de las contribuciones patronales se propone la creación de 2 regímenes:
· el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Micro empleadores que no sean sociedades anónimas (es decir, pueden ser SRL, sociedades de hecho o personas físicas) que tengan 5 o menos empleados en relación de dependencia, que pasarán a abonar solo el 50% de la contribución patronal establecida en el régimen general.[3]
· el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado que amplía (para las Mipymes) los beneficios que otorga la legislación vigente. Hasta ahora cualquier empleador que tomase un nuevo trabajador tiene el beneficio de reducción de los aporte patronales de un 50% por el primer año y de un 25% por el segundo, sin importar la cantidad de empleados que tuviese. El proyecto modifica estos incentivos de la manera siguiente:
| Cantidad de empleados | Disminución de los Aportes | |
| 1º año | 2º año | |
| Hasta 15 | 100% | 75% |
| Entre 16 y 80 | 50% | 50% |
| Más de 80 | 25% | 25% |
De nuevo, el efecto de la ley sobre la informalidad probablemente sea muy pequeño. La mayoría de la informalidad esta en micro-empresas para las cuales el costo de registrar una relación laboral bajaría de $34 por cada $100 de salario contractual a $27, ya que se modifican solo los aportes de las empleadoras al estado (preservándose los aportes a las obras sociales sindicales). No conozco estudios que estimen la elasticidad de la formalidad con respecto a los impuestos, pero mi percepción es que van a ser muy pocas las micro-firmas que no registran a sus empleados y que se acojan a los beneficios de la nueva ley.
En definitiva, algo de ruido y pocas nueces.
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[1]Esta exposición esta algo simplificada. Para mas detalle ver la lista tributos vigentes del ministerio de economia.
[2]En la practica, las cortes laborales protegen estos derechos de la strabajadoras aunque su relación laboral no esté registrada.
[3]Si el empleador aumenta su dotación hasta 7 podrá seguir gozando del beneficio previsional pero solo por 5 trabajadores. Por los otros 2 deberá abonar la carga completa. En caso de que se tratase de empleado part-time el pago de la carga previsional será del 75%. También habrá un límite máximo de facturación anual que todavía no se estableció (se fijaría por reglamentación). Fuentes periodísticas señalan que podría ser de alrededor de $1.800.000 anual. La restricción que impone este Régimen es que los empleadores que despidan personal no podrán usufructuar de los beneficios del mismo por un plazo de 12 meses, contado desde el último despido. Genera también un techo máximo para el pago de las cuotas de las ART por los trabajadores comprendidos en este régimen. Dichas cuotas se fijarán en la reglamentación.
Adicionalmente debería analizarse cuales son los costos adicionales para las empresas PyME. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema del Impuesto a las ganancias y su desactualización, tener que efectuar retenciones por este concepto tiene el costo de la contratación de un profesional para efectuar las liquidaciones y poder estar actualizado con los cambios. Los errores de liquidación esta sujeto a multas y recargos. Hay resoluciones del Ministerio de Trabajo referidos a libros, planillas, etc. que obligan a montar un sistema administrativo. Por otro lado a partir de cierta dotación hay obligación de designar uno o más delegados. Un dueño de una empresa PyME, que habitualmente realiza alguna actividad operativa en su empresa, se tiene que involucrar en negociaciones que le quitan tiempo y a las que no está acostumbrado, además de la eventualidad de concurrir a audiencias en caso de conflictos. En el extremo lo termina convirtiendo en no competitivo.
emcede, gracias por el aporte. Tus observaciones son muy útiles. Sólo quisiera agregar que un gran número de micro-empresas informales están constituidas por personas poco calificadas que, probablemente, no estén alcanzadas por el impuesto a las ganancias.
¿Si la ley no es efectiva, qué alternativa propone A. Neumeyer para combatir la informalidad? ¿Existe alguna «nuez» que el gobierno no haya encontrado? Me tomo el atrevimiento de sugerir que para el autor la respuesta es «no», pues considera cualquier política como «ruido». El post emplea, una vez más, la estrategia de presentar cualquier intervención estatal como fútil ante la inexorable lógica del mercado. Aunque no debiera sorprender, es vergonzoso desarrollar un post en defensa de la informalidad.
Incidentalmente, me pregunto si el autor utiliza la obra social que le provee su trabajo en la Di Tella.
También me pregunto si la palabra «humillación» tiene la connotación adecuada cuando estamos hablando de empresar que deliberadamente privan a sus empleados de beneficios sociales.
Por último, si el autor entendiera algo de política, percibiría que la ley representa una señal de que el estado combate en serio la informalidad, permitiendo que sectores otrora vulnerables ejerzan la «voz» y defiendan sus derechos. Pero quizás no sea un problema de entendimiento; el autor conoce bien la política y sabe que la mejor estrategia es relativizar su eficacia.
No quiero irme sin celebrar el sesgo feminista de la nota al referirse frecuentemente a «trabajadoras». Facho en economía, Andy es progre en social issues. Convocará FE a la próxima marcha LGBT?
La informalidad se combate con inteligencia y no con resoluciones como la que comenta Neumeyer. Quien tiene una «empresa» con trabajadores informales en muchos casos es una empresa «informal» y quien esta al frente no es un empresario sino un obrero calificado que encontró una veta para sobrevivir de su especialidad. Si tuviese que pagar todos los impuestos de todo tipo y las cargas correspondientes y llenar todos los formularios, etc. etc. ¿Podría intentar hacer su empresa? Tal vez la solución está en que solo haya empresas «grandes» y cerrar todos las PyMES. Y el Estado blanquear lo que paga y también pagar todas las contribuciones. También puede analizar soluciones aunque para eso deba «dialogar» y «consensuar»… en blanco por supuesto. .
Rubin, te agradezco tus comentarios y me gustaría llamarte la atención acerca de los adjetivos y calificativos que usas, los cuales no son del tenor que buscamos en este blog. No interesa entender la sociedad y no saber si una persona es facho, feminista, o hacer referencias personales.
Yendo al meollo del asunto, el problema de la informalidad es un problema muy complejo y esta ley hace muy poco para cambiar cosas sustantivas. Yo diría que hay dos temas importantes.
Uno es responder porque hay tantas personas empleadas por micro-empresas de baja productividad (empleadas y empresarias informales) en países en desarrollo, y en Argentina en particular. En este informe de la CAF (http://publicaciones.caf.com/media/33191/red_2013.pdf) podes ver que la mayoría de estas empresas esta constituida por personas de poca educación que realiza estos emprendimientos por una necesidad de subsistencia. Estas empresas de subsistencia no tienen empresarias inescrupulosas que privan de beneficios sociales a sus empleados. Combatir la informalidad, para mi, pasa por empoderar a las personas en el sector informal dotándolas de mejores habilidades a traves de una educación de calidad y otras políticas inclusivas (ver mi trabajo, Skills, Informality and the Size Distribution of Firms, https://dl.dropboxusercontent.com/u/499791/papers/Informality_December2012_2.pdf).
El segundo problema es uno de seguridad social. ¿Cómo debería la sociedad diseñar sus seguros de salud y de ingresos en la vejez teniendo en cuenta el hecho que una gran proporción de las personas trabaja en el sector informal? Esta ley tampoco hace mucho en este sentido.
Es por ello que es algo de ruido y pocas nueces. A diferencia suya, me parece que esta ley es una señal de que el estado no se toma en serio estos problemas. Sólo presenta medidas cosméticas de dudosos beneficios.
Rubin,
Yo tambien me pregunto, como una persona con una actitud tan pedante y soberbia puede cometer el error de mezclar fascismo y liberalismo en un mismo tarro. No me sorprendería si lo unico que tocaste fue «El Rincon del Vago».
Estaria bueno que aportes al blog ofreciendo un punto de debate bien estructurado y argumentado, no una lista de adjetivos y preguntas retoricas.
Veo que al menos manejas algo de ingles, te dejo el siguiente enlace para que la proxima puedas enriquecer mas el blog:
http://www.paulgraham.com/disagree.html
Saludos.