Un mundo oscuro
Se ha vuelto usual que durante la tramitación de proyectos de ley con importantes intereses en juego, ministros y parlamentarios en algún momento pierdan la paciencia y se quejen pública y amargamente de lobbies poderosos, que buscan torpedear y desvirtuar las iniciativas legislativas. La ley de fármacos, la ley de pesca y los proyectos de ley para terminar con el oligopolio de las notarías son ejemplos recientes.
El deseo de los intereses más variados en influir sobre las autoridades y quienes toman decisiones es un hecho innegable y, en la práctica, inevitable. El desafío de una democracia es transparentar y regular este proceso, de modo que la ciudadanía cuente con la información necesaria para fiscalizar la conducta de sus representantes. El desprestigio de la actividad política en Chile se debe, en parte importante, a que las actividades de lobby tienen lugar en la más absoluta opacidad.

Historia legislativa
Tanto bajo los gobiernos de Lagos como de Bachelet se enviaron al Congreso proyectos de ley para regular el lobby. En línea con iniciativas similares de países desarrollados, estos proyectos contemplaron la creación de un registro de lobbistas, con requerimientos de información que transparentaran su actividad. 
Estos proyectos no prosperaron y el gobierno de Piñera decidió ingresar un nuevo proyecto, que no contemplaba un registro de lobbistas. En su lugar, se propuso que el registro de las actividades de lobby fuera responsabilidad de las autoridades objeto de dichas iniciativas, no quienes las realizaban. Se pasó, así, de enfatizar el lobby activo, como se ha hecho en otros países, a centrarse sólo en el lobby pasivo, idea no explorada en otras latitudes.

La ausencia de un registro de lobbistas fue criticada por líderes de la sociedad civil y parlamentarios. El sistema propuesto era engorroso, difícil de fiscalizar y, por lo tanto, poco eficaz. Era difícil argumentar que una ley sin la figura de lobbista merecía llamarse ley de lobby.

Durante el trámite legislativo, el gobierno, eventualmente, cedió y decidió incluir un registro de lobbistas (artículo 13). Sin embargo, la versión incluida fue bastante débil, por dos motivos. Primero, porque la administración y publicidad de los registros quedaba a cargo del propio gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Es evidente que dejar la fiscalización de la ley de lobby a quienes son objeto de lobby, no es una buena idea. Segundo, porque el plazo que tenían lobbistas y gestores de interés (a diferencia de los lobbistas, estos últimos no son remunerados) para incorporarse al registro era de seis meses una vez celebrada la gestión. Este largo plazo significaba que la opinión pública muchas veces se enteraría de cuáles fueron los intereses en juego y cómo operaron durante la tramitación de una ley, después de que ésta fuera aprobada, lo cual no haría más que incrementar la frustración de la ciudadanía con sus representantes.

Respondiendo a la presión de la sociedad civil y varios parlamentarios, la mayoría de oposición, esta semana, el gobierno propuso una serie de indicaciones que fortalecen el registro de lobbistas. Primero, traspasa la administración de los registros al Consejo para la Transparencia, entidad con la suficiente autonomía y prestigio para dar garantías a la ciudadanía. También, con la nueva propuesta del gobierno, el registro (que incluye tanto a lobbistas como gestores de interés) queda configurado de manera automática al celebrarse la gestión, lo que en la práctica implica que basta una primera reunión con una autoridad para que el lobbista sea incorporado al registro.

Quien pida reunirse con la autoridad también deberá previamente informar su identidad, el propósito de la gestión, si es o no remunerado, a qué terceros representa, etc. Conociendo esta información, la autoridad decidirá si otorga o no la reunión. Si quien solicita la reunión miente u omite información al solicitarla, arriesga multas de varios millones de pesos. Esto es importante, porque abundan los lobbistas que piden una reunión para tratar un tema de interés general, para luego, a mitad de la reunión, virar hacia otro tema, de interés particular. 

Una vez concluida la reunión, quien realizó la gestión es incorporado automáticamente al registro de lobbistas, con la información que entregó al pedir la reunión, la que luego es complementada dentro de un plazo máximo de un mes por la autoridad objeto de la gestión con un acta que ésta deberá levantar sobre la reunión celebrada o gestión realizada.

¿Aprobar o no aprobar?
Dos son las principales recomendaciones que hace la Ocde para las legislaciones de lobby y que son fáciles de evaluar al analizar un proyecto de ley. La primera es una definición clara y amplia de qué constituye un lobbista, la cual debe ser fiscalizada con determinación. Esta definición debe ir más allá de quienes se autodefinen como lobbistas, incluyendo también a dirigentes empresariales y sindicales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y académicos con acceso regular a legisladores.La última versión del proyecto de ley del gobierno, al incorporar la figura de gestores de interés antes mencionada, se hace cargo de este requerimiento. 
La segunda recomendación de la Ocde es que los lobbistas deben hacer pública información relevante sobre su actividad. Dicha información incluye a sus clientes y los destinatarios de sus actividades de lobby. Más aún, también debiera hacerse pública información financiera de las empresas del rubro. Las indicaciones de esta semana constituyen un avance significativo en esta materia, aunque es igualmente cierto que el sistema de registro es bastante complejo y que los requerimientos de información podrían ser más exigentes. Algunas de estas falencias se pueden subsanar al redactar el reglamento que determinará plazos y medios específicos, lo cual sucederá bajo el próximo gobierno. Por esta vía también podrán mejorarse los estándares de información exigidos al incorporarse al registro.

El 2014 será el año más importante en materia legislativa en mucho tiempo. Se verán reformas claves en materia educacional, tributaria y constitucional. También es probable que haya proyectos de ley importantes en las áreas de energía, salud y consumidores, por mencionar sólo algunas. En todas estas áreas hay intereses muy fuertes en juego y sería importante contar con una ley de lobby aprobada y funcionando, de modo que los procesos legislativos sean más transparentes y se traduzcan en leyes que representan el interés general. 

Esperar a que el próximo gobierno proponga un nuevo proyecto para regular el lobby significaría una pérdida de tiempo muy valiosa. Lo que debiera hacer el próximo gobierno es avanzar en otros temas, igualmente importantes para mejorar la calidad de la política. Una legislación que regule y financie los partidos políticos es una posibilidad, una ley que transparente el financiamiento de la política, otra. Pero no aprobar la versión actual de la ley de lobby para negarle un triunfo político al actual gobierno sería darse un gusto irresponsable.