Esta semana se dio a conocer el informe final que elaboró la Comisión Externa Revisora del Censo 2012. La comisión fue nombrada por el gobierno luego de la renuncia de Francisco Labbé a la dirección del INE a fines de abril y estuvo integrada por cinco miembros: dos expertos de organismos internacionales con sede en Santiago (Celade y PNUD), dos funcionarios del gobierno y un profesor de la Universidad de Chile.
Las conclusiones de la comisión, suscritas por la unanimidad de sus miembros, son lapidarias. “El censo adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales en este tipo de instrumento”, dice el informe, agregando que al existir más de un millón 600 mil personas que no fueron encuestadas no se puede usar el censo para elaborar políticas públicas. El informe recomienda realizar un nuevo censo “en el plazo más abreviado posible sujeto a que se garantice el cumplimiento de elevados estándares de calidad”.
La buena noticia
Que se haya nombrado una comisión de alto nivel, que ésta trabajara de manera autónoma e independiente, sin dejarse influir por presiones diversas, es muy positivo.
La calidad del informe que conocimos esta semana y el hecho de que sus conclusiones hayan sido suscritas por todos los miembros de la comisión nos permite abrigar la esperanza de que podemos construir las instituciones que necesitamos para nuestra etapa actual de desarrollo. La buena noticia, entonces, es que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, al menos cuando se producen situaciones críticas.
El despropósito
Me parece un despropósito, sin embargo, que el gobierno haya decidido dilatar la decisión respecto de realizar un nuevo censo hasta recibir los informes que solicitó a organismos internacionales, argumentando que los miembros de la comisión no eran “expertos en censos de derecho”.
Los expertos convocados a la comisión tienen capacidades de sobra para captar rápidamente las minucias propias de diversos tipos de censos. Más aún, si el gobierno creía realmente que era clave tener expertos en censos de derecho, la pregunta evidente es por qué no los incluyó en la comisión que convocó. Lo que correspondía era seguir la sugerencia de la comisión de inmediato.
Una posible explicación de por qué el gobierno no aceptó la recomendación de la comisión es que luego de la renuncia de Labbé varios personeros de gobierno afirmaron que no era necesario un nuevo censo. “Se descarta la posibilidad de hacer otro censo”, dijo el ministro (S) de Economía poco después de la renuncia de Labbé. “No tengo dudas de la calidad del trabajo realizado”, complementó el ministro Larroulet en aquel entonces.
Desde un punto de vista comunicacional también es difícil entender por qué el gobierno está postergando la decisión sobre la realización de un nuevo censo. Luego de que el jueves el Presidente Piñera pidiera perdón a todos los chilenos por los errores del censo, dudo que anunciar un nuevo censo hubiese significado un costo político adicional.
Un nuevo INE
En el último párrafo del informe, la Comisión Revisora saca las lecciones del caso para el futuro del INE, afirmando que es “indispensable que el INE fortalezca sus competencias, recursos, atribuciones y niveles de autonomía para que se convierta en una oficina de estadísticas de excelencia, propia del nivel de desarrollo que ha logrado el país”. Agregando a continuación que “también se requiere que sea una institución abierta al escrutinio público”.
Teniendo en cuenta lo anterior, es difícil entender la insistencia del gobierno en llevar a cabo una nueva encuesta Casen durante este año, con el INE jugando el rol que tuvo la Cepal en el pasado. Debido a los serios problemas de credibilidad que tuvo la Casen del 2012, un mínimo sentido de Estado sugería tener un INE autónomo y fortalecido antes de hacer una nueva Casen. El informe de la Comisión Revisora del Censo no hace más que confirmar la conveniencia de no hacer una Casen el 2013. A lo cual se agrega que varios expertos coinciden en que no se justifica tener una Casen todos los años, por lo cual cuesta entender el apuro y la obsesión del gobierno en este tema.
Es hora de que el gobierno mejore y dé suma urgencia al proyecto de ley para fortalecer el INE que tramita el Congreso. Los expertos convocados por el Senado a opinar sobre el proyecto recomendaron cambios importantes, entre ellos darle más recursos y mayor autonomía al INE. Son inquietantes, entonces, los informes de prensa sugiriendo que la Dirección de Presupuesto se niega a entregar los recursos necesarios; los argumentos del gobierno para limitar la autonomía del nuevo INE tampoco son convincentes.
Es comprensible que el gobierno haya querido esperar la publicación del informe antes de priorizar este proyecto. Con la publicación del informe esta semana, ya no hay motivo para seguir dilatando hacer los cambios que el INE necesita con urgencia.
