La corrupción es una amenaza seria para las sociedades democráticas. Por tal motivo, varios gobiernos están tratando de actuar con el fin de combatirla. Por ejemplo, en abril de 2003 Brasil lanzó un ambicioso programa anticorrupción, cuando el gobierno federal comenzó a auditar la aplicación de los fondos federales por parte de los gobiernos municipales. Cada mes, aproximadamente sesenta municipios son elegidos al azar para ser inspeccionados por un equipo de auditores en cuanto a la apropiación ilegal de fondos federales y cualquier otra irregularidad asociada a proyectos financiados federalmente. Para promover la transparencia, los resultados de dichas auditorías se dan a conocer públicamente, tanto a la municipalidad como a los medios. El diseño aleatorio de esta intervención ofrece una oportunidad única para evaluar los efectos de este tipo de iniciativas anticorrupción. Federico Finan y Claudio Ferraz estudian precisamente estos efectos en un trabajo muy interesante publicado en el Quarterly Journal of Economics.
En primer lugar, los autores utilizan los informes de las auditorías para construir una medida objetiva de corrupción para cada una de las municipalidades auditadas. En segundo lugar, explotan la elección de 2004 y contrastan la probabilidad de reelección de los intendentes que podían aspirar a la misma comparando, entre las municipalidades auditadas, aquellas cuyos informes fueron dados a conocer antes de la elección con aquellas cuyos informes fueron dados a conocer después de la elección, permitiendo que el efecto varíe mediante el grado de corrupción y la disponibilidad de medios locales.
Los autores encuentran que para un aumento en la corrupción reportada de un desvío estándar sobre la mediana muestral, la política de auditorías redujo la probabilidad de reelección de los intendentes en un 24,7 por ciento. En otras palabras, el electorado castigó a los intendentes cuyos gobiernos fueron encontrados cometiendo actos de corrupción, lo cual se ve claramente en la Figura adjunta. Estos resultados sugieren que los votantes no sólo se preocupan por la corrupción, sino que también castigan a los políticos corruptos una vez que conocen la irregularidad de sus prácticas.
Figura
Por otra parte, en aquellas municipalidades con estaciones de radio locales, el efecto de revelar los casos de corrupción sobre la probabilidad de reelección del intendente fue más severo. Si bien la radio exacerba el efecto de la auditoría cuando se revela corrupción, también promueve a los intendentes honestos. Cuando no se encontró corrupción en una municipalidad con radio local, la auditoría de hecho aumentó la probabilidad de que el intendente sea reelecto. En efecto, estos resultados sugieren no sólo que dar a conocer la información promueve la responsabilidad política, sino también que la interpretación de dicha información está influenciada en última instancia por las creencias previas de los votantes.
Obviamente, uno tiene que ser cuidadoso al tratar de generalizar estos resultados a otros países. Para que este tipo de intervenciones mejoren el bienestar general de la población resulta clave que el gobierno federal no tergiverse los resultados de las auditorías. Si el gobierno federal utiliza las auditorías para favorecer a sus aliados políticos y para castigar a la oposición, el remedio puede ser peor que la enfermedad. De hecho, Finan y Ferraz muestran que ese no fue el caso de Brasil, aunque sigue siendo una posibilidad en otros países que puedan llegar a adoptar programas similares. Una alternativa, que a decir verdad no tiene su éxito garantizado, es delegar la realización de las auditorías en una agencia independiente designada por el parlamento o en una ONG de la sociedad civil.
Los resultados de este estudio están relacionados con aquellos de un trabajo anterior, también muy interesante, escrito por Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky, quienes también estudian los efectos de una política de auditorías en relación a los precios de los insumos de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, implementada durante el gobierno de De la Rúa. El 9 de septiembre de 1996 el recientemente designado Secretario de Salud empezó a solicitarle a los 33 hospitales públicos de la Ciudad que reporten información en cuanto a precio, cantidad, marca, proveedor, procedimiento, y mes de cada compra realizada para un grupo de insumos en particular (en el cual no estaban incluidos los medicamentos). Di Tella y Schargrodsky reportan que esta política llevó a una reducción del 15 por ciento en los precios de los insumos.
Estos estudios muestran que es posible luchar contra la corrupción. Claramente no resulta sencillo, y se requiere determinación política, algo que, esperamos, pueda ser provocada a partir de las demandas de la sociedad civil que sistemáticamente muestra estar cansada de los altos niveles de corrupción que existentes en Argentina.
Referencias
Di Tella, R. y E. Schargrodsky (2003). “The Role of Wages and Auditing during a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires”, Journal of Law and Economics.
Finan, F. y C. Ferraz (2008). “Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil’s Publicly Released Audits on Electoral Outcomes”, Quarterly Journal of Economics.
Muy interesante, nuevamente!
Mucho más duro tiene que ser el castigo si además la corrupción implica una estafa ideológica!
Supongo que si (entiendo que te referís al caso Schocklender y la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo).
Me pregunto qué resultados arrojaría una investigación que analizara la corrupción patrocinada, estimulada y producida por el narcotráfico. A propósito, ¿qué consideración les merece la queja de la FATF acerca de la falta de progreso por parte de la Argentina en materia de control al lavado de dinero?
Replico acá algo que puse en twitter en respuesta a un comentario que hizo @ximena_pena
Mi punto es que no hay evidencia de que la corrupción disminuya a causa de las auditorias random. Sí, que cuando un político es ‘demasiado’ corrupto, es castigado electoralmente. Y también de que en cierta medida el castigo depende de la independencia de los medios de prensa. Pero no que la corrupción disminuya.
Ok, es cierto que gran parte del capital social negativo necesario para que se promuevan situaciones propensas a la corrupción requieren un entramado estable y que si la rotación en ciertos puestos es ‘suficientemente’ elevada probablemente esto haga que disminuyan las chances y la magnitud de los cohechos.
Pero dado que tenemos una manera estandar de medir corrupción se hace difícil ver la magnitud del impacto de las auditorias en la corrupción más allá de indicios.
Gracias por tu interés y comentario. Creo que hay dos casos. En el caso de Buenos Aires, la evidencia muestra que los precios pagados bajaron, lo cual se infiere fue el resultado de pagar menores sobreprecios. En el caso de Brasil, el trabajo no tiene evidencia sobre la corrupción futura, pero se espera que si a los votantes le importa la corrupción, y castigan a los políticos corruptos no votándolos, como el trabajo muestra, entonces pienso yo, al menos, se dará gradualmente un proceso de selección positiva o al menos, los políticos electos actuaran bajo la nueva restricción institucional de forma “más” honesta.
Saludos,
S