Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley de reforma laboral antes de que culminara el 2014. Aunque a última hora, las autoridades del Ministerio del Trabajo se tomaron el tiempo necesario para contar con un proyecto técnicamente solvente. De hecho, en cuanto al rigor con que se estudió y preparó, no hay un punto de comparación con la reforma tributaria o educacional.
Como también resulta obvio, no tardaron en aparecer las voces disidentes, incluso cuando se desconocía el contenido específico de la propuesta. Fue así que rápidamente se enarbolaron los dos cliché de uso para oponerse a cualquier cambio: el denunciar un “cambio en las reglas del juego” y alertar sobre la “incertidumbre” que podría devenir con la aprobación de esta iniciativa. En el intertanto, algunos dirigentes gremiales y sociales que cumplieron un interesante rol en el debate de la reforma tributaria, vieron ahora una nueva oportunidad, aunque sin la solvencia y legitimidad de antaño, para recuperar el protagonismo mediático que con el paso de los meses habían extraviado.
Pero más allá de las legítimas diferencias y opiniones que puede haber en torno al contenido de este nuevo proyecto del ejecutivo, hay algo profundamente conservador y reaccionario -sólo propio de aquellos acérrimos defensores del status quo- que el infundir temor frente a cualquier cambio, no importando cuál sea su dirección o propósito.
¿Acaso no fue un “cambio en las reglas del juego” el que se permitiera a las mujeres votar a mediados del siglo pasado, reconociéndole sus derechos civiles y políticos; o, para no ir tan lejos, que se terminara con la distinción de hijos legítimos, ilegítimos y naturales; que se incorporara a los privados en la construcción de la vivienda social e infraestructura pública; o que se iniciaran importantes cambios al sistema de salud pública o de pensiones? De hecho, y para volver al tema que nos convoca, la última reforma laboral en serio se hizo durante el gobierno de Patricio Aylwin, administración que en promedio tuvo el mejor desempeño económico de los últimos 25 años.
Entonces, más que seguir quejándose, sería bueno que miráramos la evidencia. La gran asimetría de relaciones entre empleador y trabajador es una fuente permanente de conflictos y abusos.
El dotar a las personas de mejores herramientas para negociar sus condiciones laborales genera acuerdos sólidos y de largo aliento, disminuyendo las denuncias y la consecuente judicialización.
De hecho, los países que han alcanzado el desarrollo ostentan tasas de sindicalización muy superiores a las nuestras. Lo que corresponde entonces es abandonar el slogan y la histeria, para serenamente discutir si estos instrumentos son, o no, los más adecuados para acometer los objetivos que se persiguen.
La única incertidumbre es aquella que se refiere al tiempo que nuestros legisladores tomarán para aprobar esta reforma. Y aunque se nota que la ministra Blanco sí hizo la pega -lo que se evidencia en un mayor consenso de las huestes oficialistas-, igual se viene una dura batalla.
