Casi dos millones de chilenos viven en barrios uniformemente pobres, lejos de eventuales fuentes de trabajo y con servicios públicos deficientes. Habitan casas y departamentos enrejados, por temor a la delincuencia, y viven rodeados de sitios eriazos que alguna vez fueron plazas. Se trata de una de las caras más visibles de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Guetos urbanos como los Bajos de Mena, en Puente Alto, Parinacota-Lo Marcoleta, en Quilicura, y La Chimba Alto, en Antofagasta, son algunos ejemplos.
Recientemente, los arquitectos Alejandro Aravena e Iván Poduje y el economista José De Gregorio, todos directores de Espacio Público, lanzaron un estudio que incluye nueve propuestas para revertir la segregación de nuestras ciudades.*
Los orígenes
La segregación urbana actual tuvo su origen en la erradicación de los campamentos de grandes centros urbanos durante la década de los 80. Los pobladores fueron trasladados a viviendas nuevas, de las cuales eran dueños, y aunque el metraje era poco y su calidad a veces defectuosa, las nuevas viviendas eran mejores que las que tuvieron en los campamentos, además contaban con acceso a agua potable y alcantarillado.
Hubo, sin embargo, un gran activo que perdieron los pobladores al ser trasladados desde los campamentos a las periferias: la ubicación. Uno de cada cuatro pobladores vivía en el barrio alto o en el centro de Santiago, lo cual facilitaba el acceso a fuentes de trabajo. Las redes para conseguir pegas fueron destruidas y el tiempo y costo de traslado a los trabajos aumentó considerablemente.
Un segundo problema fue que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se hizo cargo de construir un gran número de viviendas, pero no planificó el desarrollo urbano de los nuevos barrios. El resultado fue una serie de nuevas comunas periféricas con escasos recursos públicos, como La Pintana, en Santiago, y Alto Hospicio, en Iquique.
Los problemas
En un país con una distribución desigual de la riqueza, la calidad de las viviendas y su entorno también será desigual. Sin embargo, la segregación es mayor de lo que explica nuestro nivel de desarrollo y nuestra mala distribución, además existen una serie de problemas que contribuyen a que persista en el tiempo.
Un primer problema es un centralismo institucional y sectorialismo miope. Al enfrentar el desafío de la segregación urbana intervienen más de una decena de servicios del gobierno central, además de varias reparticiones de los gobiernos regionales y municipales. Esto lleva a problemas serios de descoordinación.
Un segundo problema es que los planes reguladores son el principal instrumento de planificación urbana en Chile. Estos planes especifican los terrenos que deben ser dedicados a vías o parques en el futuro. En ciudades segregadas estos planes no sirven de nada, porque mientras no haya recursos para la inversión, no son más que una declaración de buenas intenciones. Así, por ejemplo, de acuerdo al plan regulador, el cerro Las Cabras en Bajos del Mena está proyectado como un hermoso parque. En la práctica, sin embargo, es un sitio eriazo con basurales.
Los instrumentos para la evaluación social de proyectos también requieren ser modernizados para capturar los beneficios de reducir la segregación urbana, valorando el acceso a más oportunidades de trabajo y las mejoras en calidad de vida asociadas a un entorno más seguro y con mayor movilidad social.
Un tercer problema ha sido un uso excesivo de subsidios para realizar política social. Los vouchers se enfocan en los individuos, lo que se necesita en los barrios segregados son bienes públicos como nuevas avenidas y edificios públicos que benefician a toda una comunidad. La focalización sigue siendo importante, pero en lugar de focalizar a nivel de familias es necesario destinar recursos a los barrios más segregados.
Un cuarto problema, especialmente en el caso de la Región Metropolitana, son los problemas serios del transporte público. Según estima el Ministerio de Transportes, dentro de la próxima década los tiempos que para movilizarse en Santiago crecerán en más de un 50%, lo cual dejará aún más restringidos en sus posibilidades laborales a quienes viven en sectores segregados.
Las propuestas
Ha habido varias iniciativas durante la última década apuntando a reducir la segregación urbana. La creación del programa “Quiero mi barrio” el 2006 es una de ellas. La “Iniciativa Legua”, del 2010, para revertir los altos índices de narcotráfico y violencia del popular barrio santiaguino, es otra.
Las propuestas de Aravena, De Gregorio y Poduje son más ambiciosas e integrales que iniciativas anteriores, reflejando los niveles de ingreso que ha alcanzado el país y respondiendo a un entorno donde las políticas inclusivas han adquirido un rol más importante.
Crear un gobierno para las ciudades, establecer zonas de equidad territorial, traspasar recursos a los municipios para la mantención de obras, llevar elementos claves de la ciudad moderna a los barrios segregados, tarifas de transporte rebajadas para grupos vulnerables, crear un banco de terrenos públicos y establecer cuotas e incentivos para las viviendas sociales son algunas de las propuestas. Describirlas en detalle va más allá del objeto de esta columna, vale la pena leerlas.
Una propuesta particularmente interesante, tanto por su valor simbólico como por ser representativa de varias de las restantes, es abrir “Grandes Alamedas” que comuniquen a cada barrio segregado con la “ciudad moderna” o el centro metropolitano. Estos corredores incluirán túneles verdes de alamedas, cables soterrados, sistemas de transporte para bicicletas y la renovación del mobiliario de descanso. De esta manera extenderán los estándares de las grandes avenidas del barrio alto de Santiago, como Pedro de Valdivia, a los sectores vulnerables de las ciudades.
Políticas de integración urbana
Construir una sociedad más inclusiva y justa requiere una combinación de políticas de corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo, una mejora importante de la calidad de la educación, en todos su niveles, posiblemente sea la política más importante, unida a otras políticas que contribuyen a mejorar la productividad y participación laboral. En el corto plazo, una reforma tributaria que financie las mejoras en educación, junto a avances importantes en la modernización del Estado, juegan un rol central.
Las políticas de integración urbana propuestas por Aravena, De Gregorio y Poduje apuntan a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables en el mediano plazo (ocho años según los autores). La promesa explícita es transformar las ciudades en una fuente de equidad en un plazo relativamente breve, la promesa implícita es un acceso generalizado a los frutos del desarrollo dentro de un plazo razonable.
