La semana pasada, Michelle Bachelet presentó su programa urbano, cuyo foco principal es reducir las desigualdades que aquejan a nuestras ciudades, en concordancia con la idea fuerza que inspira su propuesta de gobierno.
La primera medida es romper las enormes brechas presupuestarias entre los municipios, que son un freno para alcanzar mayor equidad territorial. Para ello se propone traspasar más recursos desde el gobierno central y reforzar las plantas profesionales de las comunas más pobres, lo que es un acierto.
En línea con lo anterior, la ex presidenta busca garantizar que todos los barrios cuenten con estándares mínimos de calidad urbana, como una plaza a 15 minutos de caminata o un servicio público a 20 minutos de viaje en bus. La idea es potente y tiene larga data, pero el método para concretarla es discutible, ya que obliga a crear una institución que defina estos estándares y no precisa los recursos requeridos para cumplirlos.
Otra prioridad es evitar que aparezcan nuevos focos de segregación. Esto se lograría mediante una “política de suelo”, que genere un stock de terrenos fiscales para levantar barrios de vivienda social bien equipados y conectados. Además, se definirían regulaciones y compensaciones para que vertederos o centrales de energía no se localicen solamente en territorios de bajos ingresos, como ocurre hoy.
Menos acertada es la idea de capturar las plusvalías generadas por grandes inversiones públicas. Además de su baja renta política, esta medida podría ser regresiva, ya que muchas obras públicas se construirán en comunas populares, como se pudo ver con las líneas de Metro y trenes suburbanos anunciados recientemente para Santiago. En estos casos, la idea es que la infraestructura pública agregue valor y no que el Estado lo quite mediante un tributo.
La propuesta también incluye medidas para preservar el patrimonio, favorecer la participación ciudadana y promover la descentralización, con la elección directa de intendentes y el traspaso de competencias y recursos hacia los gobiernos regionales, que tendrían que formular planes para recuperar barrios con altos índices de marginalidad.
Como vemos, se trata de un programa ambicioso y bien direccionado, aunque sin un cronograma que precise plazos y recursos, lo que es preocupante. Otra debilidad es la ausencia de una propuesta potente en materia de transporte público, un tema clave para reducir la segregación y para normalizar de una vez por todas el Transantiago.
Dentro de los aciertos, está haber incluido la opinión de 200 personas del mundo académico, social y político, provenientes de varias regiones del país. Esto le agregó diversidad al programa y le permitió incluir ideas provenientes de la Política de Desarrollo Urbano de los precandidatos que perdieron la primaria.
De hecho, se observan coincidencias importantes, que constituyen un piso potente para alcanzar consensos y avanzar en temas claves como la reducción de la segregación o la descentralización. Para ello es fundamental que la ciudad sea vista como un motor de integración social y una prioridad política, lo que no ha ocurrido hasta el momento en el comando de la ex presidenta.
«Menos acertada es la idea de capturar las plusvalías generadas por grandes inversiones públicas. Además de su baja renta política, esta medida podría ser regresiva, ya que muchas obras públicas se construirán en comunas populares, como se pudo ver con las líneas de Metro y trenes suburbanos anunciados recientemente para Santiago. En estos casos, la idea es que la infraestructura pública agregue valor y no que el Estado lo quite mediante un tributo.»
¡Es brillante! Se usan los excedentes de las obras públicas para financiar obras públicas. O sea que cuanto más se ahorre, ¡más se construye!