La tendencia al alza del rechazo venía desde antes, pero solo esta semana varias encuestas comenzaron a darle más preferencias que al apruebo. Algunos convencionales minimizaron la noticia, recordando instancias en que las encuestas se equivocaron y acusando una campaña de los dueños de medios de comunicación por el rechazo.
Los argumentos anteriores son arriesgados. Las encuestas lo hicieron bien en la última elección presidencial, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Descartar de plano que nuevamente estén en lo correcto puede repetir el error que muchos cometieron cuando Kast comenzó a subir en las encuestas en las últimas semanas antes de la primera vuelta.
El argumento de que la mayoría de los medios estaría promoviendo el rechazo, más allá de que sea cierto o no, no se hace cargo del reto que plantean las encuestas. Porque aun si fuera cierto, debiera ser un dato que la Convención considere al momento de discutir y aprobar normas, y no una excusa para explicar por qué el rechazo sobrepasó al apruebo en las encuestas.
Los convencionales que quieren que le vaya bien al gobierno de Boric debieran interpretar lo que está sucediendo con cautela, poniendo especial énfasis en los escenarios adversos. La dinámica que suele darse en grupos cerrados bajo mucha presión, como la Convención, lleva justo a lo contrario: negar las malas noticias o reaccionar buscando responsables externos. Basta con que sea probable que las encuestas tengan razón para que valga la pena tomarlas en serio. El escenario en que gana el rechazo sería el fracaso absoluto de la Convención y podría debilitar de manera irreparable al gobierno de Boric. Pasar a la historia habiendo contribuido a la victoria del rechazo en el plebiscito de salida no debiera ser atractivo para la inmensa mayoría de los convencionales.
Cabe preguntarse, entonces, qué puede hacer la Convención para revertir la tendencia a la baja del apruebo de las últimas semanas. Una posibilidad es que la Comisión de Armonización juegue un rol central modificando el conjunto de normas que apruebe el pleno. Esto requiere un acuerdo político amplio, no solo para darle más poder a esta comisión, sino también para acordar las modificaciones sustantivas que introducirá. Suponiendo que se logra ese acuerdo, ¿hacia dónde debieran apuntar los cambios?
Primero, revisar normas que responden a un problema existente en la Constitución vigente, pero que en lugar de resolverlo empeoran las cosas. El rediseño del Ministerio Público es uno de varios ejemplos. También debiera eliminar algunas de las normas que, teniendo sustento político y estando bien redactadas, facilitan enormemente la campaña del rechazo. De la misma forma que Boric cambió su posición respecto del rodeo en la segunda vuelta, existen varias normas ya aprobadas que no son esenciales para lograr los objetivos principales de la nueva Constitución y que pueden restar muchos votos.
La propuesta anterior supone que el incremento del rechazo se debe exclusivamente a que las normas que está aprobando el pleno incluyen varias que son desprolijas y otras que son impopulares en parte importante del electorado. Existe un problema adicional, sin embargo, que también se debe considerar.
Pareciera que la decisión de votar apruebo o rechazo en el plebiscito de salida no solo dependerá de las normas que se incluyan en el texto definitivo, sino también del proceso que llevó a su aprobación. Se trata de un proceso complicado, lleno de recovecos y difícil de seguir hasta para los expertos. Abundan las propuestas destempladas que no llegan al texto definitivo, pero que contribuyen a crear la impresión de que el proceso ha perdido contacto con la realidad de la mayoría de los ciudadanos. El caso de la comisión de Medio Ambiente ilustra el problema anterior. El primer grupo de normas que presentó al pleno fueron rechazadas casi todas, con justa razón. Luego presentaron un segundo grupo, con propuestas mucho más razonables, pero la idea de que abundan los convencionales con propuestas extravagantes quedó instalada.
El proceso de aprobación de las normas ha facilitado enormemente la labor de quienes están por el rechazo. Los convencionales debieran tomar conciencia de cómo, sin proponérselo, algunos han contribuido a que crezca el rechazo en las encuestas y pensarlo dos veces antes de presentar al pleno normas que terminarán siendo puramente testimoniales.
El 4 de julio la Convención concluye su labor y comienza una campaña que durará dos meses, que será muy intensa y que concluye con el plebiscito de salida el 4 de septiembre. En un período breve, el apruebo deberá revertir la percepción que dejó el proceso constitucional respecto de la calidad de la propuesta y el proceso que le dio origen, convenciendo a la ciudadanía que el texto final merece ser aprobado.
Aunque no todos en la coalición gobernante parecieran entenderlo, el Presidente Boric tiene muy claro el desafío que enfrenta la Convención en las semanas que vienen. Consultado por la tendencia adversa en las encuestas recientes, hizo un llamado a “buscar la mayor transversalidad y amplitud posibles para construir una Constitución que sea un punto de encuentro”. Agregando que “eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora”. Los convencionales que quieren que a su gobierno le vaya bien tienen la palabra.
