Por María Alejandra Vélez (@MajaVelez) y Lucas Marín Llanes (@lucas_marinll)
Uno de los fenómenos más preocupantes que ha ocurrido en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el aumento en la violencia contra los líderes sociales. Ese aumento ha sido sistemático y documentado por varios autores y organizaciones (Ball et al., 2019; Glazebrook & Opoku, 2018; Marín Llanes & Vélez, 2021; Prem et al., 2021). Esta violencia selectiva contra líderes sociales es uno de los principales riesgos para la construcción de paz en Colombia puesto que son actores fundamentales en la organización comunitaria, se oponen a los intereses de los grupos armados y, como explicamos aquí, tienen un rol fundamental en la lucha contra las economías ilícitas (Arjona, 2016; Velásquez, 2017).
La atención al rol de los líderes sociales en contextos de economías ilícitas ha sido escasa tanto en el debate público como en el académico. En cuanto a la política de drogas y en particular en el debate para reducir los cultivos ilícitos de coca, pocas veces se mencionan a los líderes sociales y la organización comunitaria. Cuando lo hacen, la discusión se enfoca en los líderes y organizaciones sociales que han promovido protestas y marchas para resistir la erradicación forzada o en los líderes étnicos que buscan revindicar la coca, pues es parte central de la cosmovisión de muchas comunidades andinas.
Sin embargo, en esta discusión faltan al menos dos dimensiones: el riesgo que enfrentan los líderes apoyando los procesos de sustitución y los programas de desarrollo alternativo, y el rol de los líderes resistiendo la entrada y expansión de los cultivos ilícitos de coca en sus comunidades. Uno de los objetivos de la agenda de investigación del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes ha sido entender el rol de los líderes sociales en contextos afectados por economías ilícitas. En dos artículos recientes publicados en el International Journal of Drug Policy exploramos estas dimensiones.
En el primer artículo, “The killing of social leaders: An unintended effect of Colombia’s illicit crop substitution program”, Lucas Marin Llanes evalúa el efecto del programa nacional de sustitución (Pnis) en el asesinato de líderes sociales. Los lideres sociales, tuvieron un rol importante en la difusión del programa porque, en la mayoría de regiones del país, lideraron la promoción y persuasión de los hogares para vincularse al programa. Es importante resaltar que el Pnis se implementó con la firma de los acuerdos comunitarios de vinculación voluntaria entre las comunidades, el Gobierno y las FARC. Este proceso fue principalmente promovido por líderes sociales.
En este artículo, Marín Llanes encuentra que la firma de estos acuerdos comunitarios aumentó la tasa de asesinatos de líderes sociales en 481% y la probabilidad de al menos un asesinato en 122%. Consistente con la literatura disponible, no hubo un aumento generalizado de los homicidios, es decir, el aumento de la violencia estuvo selectivamente orientado a los líderes sociales. Adicionalmente este trabajo encuentra que el efecto del Pnis en el asesinato de líderes sociales se concentró en municipios con baja densidad de cultivos de coca y presencia de, al menos, un actor armado. Estos resultados se explican porque en municipios con baja densidad de cultivos los grupos ilegales no tienen el control completo de los territorios lo cual permite una mayor resistencia de los líderes. En ese sentido, es evidente que los líderes confrontan y hacen oposición a los grupos armados como mecanismo para proteger a sus comunidades, pero quedan más expuestos. De esta manera, el trabajo concluye que a través de análisis de inteligencia sería posible identificar territorios en los que no se presenten estas dinámicas para evitar consecuencias indeseadas en los primeros territorios focalizados por los programas de sustitución.
En el segundo artículo, “From strong leadership to active community engagement: Effective resistance to illegal coca crops in Afro-Colombian collective territories”, Iván Lobo y María Alejandra Vélez discuten como algunos territorios colectivos de comunidades afrocolombianas no tienen cultivos de coca en su territorio, a pesar de tener las condiciones propicias para su expansión: i) comunidades vecinas con cultivos ilícitos de coca; ii) baja presencia Estatal y provisión de bienes púbicos y iii) altos índices de pobreza. Utilizando métodos mixtos (información satelital, entrevistas y encuestas a hogares) encuentran que la existencia de resistencia comunitaria puede detener la entrada y expansión de los cultivos ilícitos. Adicionalmente, los resultados sugieren que la resistencia es más efectiva cuando las estrategias de los líderes y la comunidad están alineadas. Cuatro condiciones pueden explicar la efectividad de esta resistencia:
- Alto capital social que determina capacidades organizacionales y de acción colectiva.
- La existencia de valores compartidos y la capacidad de difundirlos en la comunidad.
- Legitimidad e influencia del liderazgo en la comunidad.
- Sinergias entre las diferentes organizaciones de base.
Además de enfocarse en el riesgo y rol de líderes sociales en estos contextos, los dos artículos llegan a las mismas recomendaciones. Sin una intervención integral del Estado y en particular, sin la provisión de seguridad como bien público en cabeza del Estado, las intervenciones territoriales pueden tener efectos indeseados y las estrategias de resistencia colectiva se convierten en actividades frágiles y riesgosas.
El Estado debe diseñar estrategias para proteger a los líderes sociales, algo que es una necesidad mas allá de la política de drogas. En el trabajo que ha realizado Tierra de Resistentes, identificaron 2460 hechos victimizantes contra líderes ambientales en América Latina en los últimos 12 años. Los países con mayores casos son Brasil, Honduras, Colombia y México. En Colombia se identificaron 26 agresiones contra líderes ambientales en el 2019 y en América Latina este número ascendió a 189 hechos.
En este contexto de mayor violencia contra líderes sociales y ambientales, que amenaza la construcción de paz en la región, es necesario diseñar mecanismos de protección especial a estos actores. Esta debe ser una prioridad de los Estados, especialmente en Colombia durante el periodo de post-conflicto. Desde el CESED hemos propuesto 6 ideas concretas que contribuyen a este objetivo:
- Reducir las tasas de impunidad: mejorar la investigación criminal para que los hechos sean juzgados y condenados. Según Somos Defensores, sólo el 16% de los casos fueron esclarecidos en el 2020.
- Promover mecanismos de autoprotección y gobernanza del territorio: como las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas tal como quedó establecido en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
- Diseñar e implementar programas de protección que se adapten al contexto: no pueden limitarse a chalecos antibalas ni celulares para los líderes en riesgo. Procesos de solicitud de medidas de protección deben simplificarse y el programa de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo debe fortalecerse para responder oportunamente.
- Promover a través de los medios de comunicación el liderazgo: visibilizar el trabajo que realizan las organizaciones comunitarias y cambiar la narrativa que estigmatiza a estos actores.
- Promover la asociación entre organizaciones locales: compartir información y mecanismos de seguridad entre organizaciones disminuye el riesgo a través de mayor visibilidad.
- Intervenciones con mecanismos de inteligencia y articuladas con las Fuerzas Militares: hay políticas que han reducido el asesinato de líderes sociales como la Política de Restitución de Tierras, que cuentan con mecanismos de inteligencia y seguridad que se pueden replicar en otras intervenciones en zonas afectas por el conflicto.
Además de las acciones concretas para proteger a los líderes sociales, nuestras investigaciones proponen reorientar la política de drogas en al menos dos dimensiones complementarias: i) las intervenciones deben contemplar un componente de seguridad donde rol de la Fuerza Pública es fundamental; y ii) deben articularse con la organización comunitaria existente y con sus estrategias de resistencia y planes de vida. La articulación institucional debe incluir entonces a la Fuerza Pública y a las organizaciones locales y comunitarias para lograr intervenciones efectivas, sostenibles en el tiempo y que no expongan a las comunidades a mayor violencia.
Referencias
Arjona, Ana. 2016. “Institutions, Civilian Resistance, and Wartime Social Order: A Process-Driven Natural Experiment in the Colombian Civil War.” Latin American Politics and Society 58 (3): 99–122. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2016.00320.x.
Ball, P., Rodríguez, C., & Rozo, V. 2018. «Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universo.» Bogota (1 Ed). Editorial Dejusticia, 8(2), 184–204.
Glazebrook, T., & Opoku, E. 2018. “Defending the defenders: Environmental protectors, climate change and human rights.” Ethics and the Environment, 23(2), 83–109. https://doi.org/10.2979/ethicsenviro.23.2.05
Lobo, I., & Vélez, M.A. 2022. “From strong leadership to active community engagement: Effective resistance to illegal coca crops in Afro-Colombian collective territories.” International Journal of Drug Policy, 102.
Marín Llanes, L. 2022. “The killing of social leaders: An unintended effect of Colombia’s illicit crop substitution program.” International Journal of Drug Policy, 101.
Marín Llanes, Lucas, & María Alejandra Vélez. 2021. “Violencia Contra Líderes Sociales y Ambientales: ¿qué Sabemos y Qué Podemos Hacer?” Documento Temático – CESED, no. 15.
Marín Llanes, L., Velásquez, M., & Vélez, M. A. 2021. “Restituir la Tierra para Construir la Paz: Impacto de la Política de Restitución en la Violencia.” Comentario de Política CESED, 3.
Prem, M., Rivera, A., Romero, D., & Vargas, J. F. (2021). Selective Civilian Targeting: The Unintended Consequences of Partial Peace. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3203065
Velásquez Ospina, M. 2017. «Peasant differentiation and service provision in Colombia.» Journal of Agrarian Change, 17, 779-788.
