Por Oskar Nupia, Profesor Asociado, Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia.
Las contribuciones de los privados a las campañas políticas poseen costos y beneficios sociales. De ahí que tener cierto nivel de contribuciones privadas en política no necesariamente sea malo. Cómo regular el dinero que entra en las campañas políticas para que esos costos no sean mayores que los beneficios ha sido un tema de debate en el mundo. En el extremo, algunos simplemente pensarían que estas campañas deberían ser financiadas en su totalidad con recursos públicos.
En una investigación conjunta con Francisco Eslava (estudiante de doctorado en University of British Columbia) recientemente publicada en Social Choice and Welfare estudiamos estas cuestiones. El artículo puede ser leído aquí. En este explicamos, entre otras cosas, por qué cobrar impuestos a las contribuciones a las campañas políticas, algo poco explorado hasta el momento y que, hasta donde sabemos, ningún país aplica, puede ser beneficioso para la sociedad. Pero vamos por pasos.
Estudiar las propiedades de bienestar de las contribuciones a las campañas políticas no es nuevo. Sin embargo, nuestra forma de abordarlo sí que lo es. La literatura anterior (Prat, 2002; Coate, 2004; Ashworth, 2006) ha considerado que las contribuciones a las campañas políticas se gastan exclusivamente en publicidad. Así, el beneficio que tienen las contribuciones a las campañas es el de enviar una señal a los votantes sobre la calidad de candidatas y candidatos. Entre mayor sean las contribuciones recibas, mayor será su gasto en publicidad y mejor será la señal que envíen sobre su calidad. De otro lado, los costos de las contribuciones son usualmente relacionados con cambios en las plataformas políticas de los partidos o favores políticos—en su versión muy amplia.
En este contexto es poco el espacio para el diseño de políticas sobre la financiación de campañas. El hallazgo general es que imponer topes a las contribuciones mejora el bienestar de los votantes. Dicho sea de paso, en nuestro estudio también obtenemos a este resultado, aunque como discutiremos, no es lo mejor que se puede hacer. También se ha demostrado que bajo ciertas características sobre el tipo de información que transmite la publicidad, crear subsidios atados a las contribuciones (dar más subsidios a los que reciben más contribuciones) es también beneficioso para los votantes. Haciendo esto se conserva la señal del gasto en publicidad.
¿Qué es lo nuevo en nuestro estudio? La gran diferencia es que nosotros consideramos que los partidos políticos gastan las contribuciones que reciben en algo mucho más general y en lo que usualmente es su principal objetivo: movilizar a sus potenciales votantes. Eso incluye todo gasto en campaña que tenga dicho objetivo, incluyendo el gasto en publicidad. Este cambio que parecería trivial no es para nada insustancial. Haciendo esto estamos considerando que, más que enviar señales, el beneficio de las contribuciones es permitir que los ciudadanos se involucren en la responsabilidad cívica de participar en la elección de los políticos que los representan y que además lo hagan de una forma más informada. Los beneficios sociales de esta movilización son amplios y en nuestro estudio los medimos usando la teoría de votación expresiva (expressive voting).
También novedoso en nuestro análisis, medimos los costos de las contribuciones en términos del costo de oportunidad de los recursos públicos; algo similar a los favores políticos, pero con una conexión directa con estos recursos. Como la provisión de muchos bienes y servicios que hace el sector público es contratada con terceros, quienes a su vez son usualmente grupos de interés aportantes a las campañas (existe evidencia de esto), podría existir algún tipo de “colusión” entre políticos y aportantes para negociar el monto de las contribuciones y la asignación de contratos. En esta negociación los grupos de interés aportantes reciben los contratos para proveer los bienes y servicios, pero podrían acordar tomar parte del dinero que reciben como contraprestación a sus aportes. Este desvío de recursos afecta negativamente la calidad de dichos bienes y servicios (también existe evidencia de esto), lo que a su vez reduce el bienestar de los ciudadanos. Seguramente ustedes tendrán en la mente un ejemplo de esto.
Con estos dos elementos construimos un modelo de competencia política en el cual los partidos (de diferentes ideologías) primero negocian con los grupos de interés en un espacio de contribuciones-calidad de bienes y servicios. Luego los recursos de las contribuciones obtenidos son invertidos por los partidos en la movilización de los votantes (también de diferentes ideologías). Finalmente, los votantes observan este gasto y anticipando su costo en términos de la calidad de los bienes y servicios proveídos deciden si votar o no y por quién votar.
En este contexto, los resultados de bienestar de la financiación de campañas políticas cambian de forma importante. Primero, encontramos que subsidiar las campañas con recursos públicos solo es beneficioso para la sociedad si la tecnología de movilización de los partidos no es tan buena. Es decir, si los partidos no cuentan con una buena estructura logística para conectarse con los votantes y movilizarlos. Esto podría ser el caso de sociedades donde las elecciones democráticas no llevan mucho recorrido y aún no están creadas las redes necesarias para hacerlo. El diseño del subsidio en este caso no está relacionado con el monto de las contribuciones que reciben los partidos. Esta diferencia con respecto a los modelos de publicidad se debe a que en nuestro contexto el dinero, independientemente de dónde provenga, es útil para movilizar a los votantes. El resultado claramente implica que, si los partidos son buenos movilizando gente, mejor ni pensar en subsidiar sus campañas.
Segundo y quizás más interesante, cobrar impuestos a las contribuciones a las campañas políticas y usar estos recursos para invertir en la provisión de bienes y servicios públicos es beneficioso para la sociedad. Esto ocurre por dos razones. Primero, cobrar impuestos aumenta el monto de las contribuciones negociadas entre partidos y contribuyentes, lo cual permite tener mayores recursos para movilización. Segundo, la redistribución de los recursos invertidos en las campañas que se logra vía impuestos y su uso para mejorar la provisión de bienes y servicios permite una mejora en el bienestar de los ciudadanos. Importante, este resultado no depende de qué tan buenos son los partidos movilizando a sus votantes. La combinación de una política de impuestos a las contribuciones con límites sobre estas también es beneficiosa para los votantes. En este caso se logra una menor movilización, pero una mejor calidad de los bienes y servicios proveídos.
Este análisis de bienestar es particularmente relevante para nuestra región por varios motivos. Cada vez se gasta más dinero en campañas políticas, la forma de financiar dicho gasto parece estar relacionada con costos altos para la sociedad (implementación de políticas que favorecen a los grupos aportantes, la concentra de la contratación pública en dichos grupos y, eventualmente, la concentración de poder), y los partidos políticos han logrado un alto grado de sofisticación en su tecnología de movilización. En este contexto, nuestros resultados sugerirían que cobrar impuestos a las contribuciones es lo recomendado para mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Artículos citados:
Ashworth S (2006) Campaign Finance and Voter Welfare with Entrenched Incumbents. American
Political Science Review 100(1):55-68.
Coate S (2004) Political Competition with Campaign Contributions and Informative Advertising.
Journal of the European Economic Association 2(5):772-804.
Prat A (2002) Campaign Advertising and Voter Welfare. Review of Economic Studies 69:999|-1017.
