Las grandes caídas en la actividad económica y con ello en los ingresos de las personas han sido catastróficas en la mayoría de nuestros países. La alta informalidad y los bajos niveles de inclusión financiera han dificultado que los gobiernos lleguen con ayudas de manera oportuna. Los resultados han sido importantes incrementos de personas viviendo bajo la línea de pobreza o personas sencillamente sufriendo hambre. Según Cepal[1], al cierre del 2020, la región latinoamericana habría alcanzado una tasa de pobreza del 33,7%, con 22 millones de nuevos pobres respecto al año anterior, lo que representaría un retroceso de 12 años en la lucha contra la pobreza. Mientras que la pobreza extrema sería del 12,5%, con 8 millones de nuevos pobres extremos, es decir, un retroceso de 20 años.
Pasada la primera ola, varios países comenzaron a diseñar planes de apertura de las actividades económicas o de reactivación. Todo ello, dependiendo de la estructura productiva e integración a los mercados globales.
Vino la segunda ola, más fuerte que la primera por las variantes del virus, y las cajas fiscales ya habían puesto muchísimo, aumentado el endeudamiento, reducido la recaudación, como para no pensar en maneras de combinar el mantener la economía operativa y el control de la pandemia.
Lo cierto es que, un año después, son pocos los países que se embarcan en cuarentenas estrictas -Chile, siendo un ejemplo, a pesar de su comparativamente exitoso programa de vacunación-. La opción es buscar reactivar ya que las espaldas fiscales se debilitan frente a una disrupción tan prolongada.
En este contexto, muchos ministros de economía de la región están apuntando hacia las opciones más rápidas como son las medidas de estímulo de la demanda a través del gasto público para incrementar el consumo, así como beneficios tributarios y crediticios para reducir los costos de inversión de los actores privados. Estos son los casos de Chile[2], Perú, Colombia[3] y Brasil, para citar algunos ejemplos (Silva, 2020[4].
Por otro lado, en muchos de nuestros países, las actividades priorizadas en materia de reactivación económica son aquellas vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales. En la región latinoamericana, de acuerdo a la OCDE[5], los países que más dependen de ingresos fiscales derivados de la extracción de hidrocarburos en función a su PBI son Ecuador (8.0%), Bolivia (4.6%) y México (4.2%). Mientras que los países que presentan una mayor dependencia a la extracción de minerales en cuanto a ingresos fiscales son Chile (1.40%), Perú (0.90%) y Bolivia (0.85%).
En el caso del Perú, sería un crimen parar la producción de cobre en un contexto tan favorable de los precios internacionales o colocar alguna restricción inesperada a las temporadas o zonas de pesca. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, es un hecho que el sector pesquero junto con el agropecuario son los únicos que muestran cifras positivas de crecimiento en el 2020.
Pero son justo estos sectores, los de recursos naturales, aquellos que, en aras de la sostenibilidad, deben atender requerimientos adicionales en cuanto a los estudios de impacto ambiental, el cumplimiento de las obligaciones allí contenidas y la fiscalización estatal, o las restricciones impuestas por las regulaciones para asegurar los recursos a futuro, en el caso de aquellos renovables. En el siglo XXI, así ya está establecido en acuerdos internacionales y normas nacionales.
Se plantea así un primer dilema. En las actuales circunstancias por la crisis económica, ¿deberían los países estar dispuestos a pagar un costo ambiental más alto para reactivar más rápido? Por ejemplo, relajar algunas reglas, acelerar algunos procesos dejando pendiente de resolución reclamos o desencuentros en los cumplimientos, serían necesarios para que las personas trabajen y los gobiernos perciban ingresos fiscales, necesarios para luchar contra la pandemia y ayudar a los ciudadanos.
En el Perú, país megadiverso, proveedor de servicios ecosistémicos al planeta por nuestra vasta selva amazónica, enfrentamos un dilema adicional. Muchos de los territorios que deberían pasar a alguna categoría de protección por su biodiversidad, son precisamente territorios donde abunda algún recurso natural en el cual tenemos ventaja comparativa, lo que genera disyuntivas para la implementación de políticas públicas sostenibles.
Recordemos el caso del hoy Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Hace treinta años, la empresa Mobil tuvo la concesión e hizo los estudios para identificar la magnitud de los yacimientos de hidrocarburos en lo que entonces era la Zona Reservada Tambopata-Candamo. Razones de rentabilidad fueron las esgrimidas por Mobil para dejar el lote, cuyo territorio alberga hoy al Parque Nacional Bahuaja-Sonene. En otras palabras, no fue la implementación de una política pública que conciliara los diversos intereses nacionales.
El Perú, en el marco del cumplimiento del convenio de diversidad biológica, se ha comprometido a proteger el 10% de su superficie marina. Así, se formularon los proyectos para declarar las primeras zonas reservadas en el mar territorial.
La más conocida es la propuesta de Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, en la zona norte del Perú, donde confluyen la corriente fría de Humboldt con la cálida del Pacífico Tropical. Es una zona de riqueza especial en biodiversidad. Pero también es una zona que cuenta con varios pozos petroleros en explotación y un potencial por explorar. Todavía no logramos un acuerdo como país para solucionar el impasse, que hoy privilegia la explotación de hidrocarburos por sobre la protección de la biodiversidad.
La otra propuesta comprende la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, como área ecológica y biológicamente significativa. En 2019, el SERNANP hizo público el documento de sustento que indica que todavía hacen falta más estudios pero que ya se conoce que es una de las zonas marítimas de más alto nivel de endemismo en el mundo, es decir, hábitat de especies únicas. Y ahora en marzo 2021, el MINAM ha pre publicado el decreto supremo de su creación, para recibir comentarios, como manda la ley.
Es en este punto que la reactivación económica toca a las consideraciones ambientales y sus costos. El decreto supremo de creación propone una zonificación para las actividades permitidas en la nueva área reservada, lo que colisiona con las disposiciones legales vigentes. De acuerdo a la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Perú, es en el marco de la formulación del plan maestro para su gestión, una vez creada el área, que se establece la zonificación y los usos permitidos. Siendo el pesquero uno de los sectores líderes del crecimiento económico en el 2020, suena razonable, desde el punto de vista de la reactivación, que no se cambie el status quo.
Desde la perspectiva de sostenibilidad, el razonamiento es exactamente el contrario: el Perú no puede darse el lujo de que la reactivación económica comprometa nuestra mega biodiversidad.
[1] Cepal. (2021). Panorama Social de América Latina 2020. Santiago: Cepal, p. 73. Consulta: 15 de abril de 2021. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46687
[2] Respecto al impulso de las inversiones y la protección del empleo, el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Cerda, resaltó la importancia de “revisar las inversiones públicas, y que estén presentes los fondos para echarlas a andar (…) porque la inversión es una parte importante del crecimiento, pero también permite generar nuevos empleos que también sean de más calidad”. El Economista América. (2021). Ministro de Hacienda: «Cerramos 2020 con una caída de 6%, lo que muestra lo difícil del año». Consulta: 15 de abril de 2020. https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-chile/noticias/11027066/02/21/Ministro-de-Hacienda-Cerramos-2020-con-una-caida-de-6-lo-que-muestra-lo-dificil-del-ano-.html
[3] En alusión a las medidas tributarias necesarias para la reactivación económica el Colombia, el ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, señaló que “más allá del coronavirus necesitamos crecimiento económico y este ocurre al interior de un círculo en donde, si tenemos una dinámica fiscal positiva y constructiva con la que rebajemos la deuda, bajamos las percepciones de riesgo, lo que a su vez mejora el ambiente inversionista, lo cual aumenta la actividad en general del sector privado y termina reactivando las cuentas fiscales y esto se vuelve un círculo virtuoso”. Radio Nacional de Colombia. (2020). MinHacienda propone nuevamente una reforma tributaria para 2021. Consulta: 15 de abril de 2021. https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/reforma-triubtaria-alberto-carraquilla-minhacienda
[4] Silva, P. (2020). Políticas contracíclicas y reactivación económica local tras la crisis socioeconómica del coronavirus: claves en empleo, Pymes y vivienda. Washington: BID. Consulta: 15 de abril de 2021. https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/politicas-contraciclicas-reactivacion-economica-local-crisis-socioeconomica-coronavirus-covid19-empleo-pymes-vivienda-america-latina-caribe/
[5] OCDE et. al. (2020). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020. Paris: OECD Publishing, pp. 106-110. Consulta: 15 de abril de 2021. https://doi.org/10.1787/68739b9b-en-es
