Cuando las sociedades acuerdan metas y objetivos para el bienestar común, utilizan indicadores para seguir y evaluar su cumplimiento. De esta forma, es posible tomar decisiones respecto de las políticas que se han diseñado para lograr aquellos objetivos.
El índice Gini es un indicador clave cuando se trata de metas en torno a la desigualdad. El indicador mide cuán desigual es la distribución de ingresos: si el coeficiente es 0, entonces los ingresos que produce un país se distribuyen en partes iguales entre sus ciudadanos, y si en el extremo opuesto es 100, entonces una sola persona se lo lleva todo.
En estos días, el índice Gini ha tomado protagonismo en la discusión social en Chile. ¿Cuán relevante es la desigualdad en el país? ¿Cuánto afecta nuestra convivencia y posibilidades de lograr un desarrollo inclusivo? ¿Cómo se puede reducir en el futuro?
De acuerdo a las mediciones de la OCDE, el Gini de Chile es de 49,5 cuando no se consideran las transferencias que los hogares reciben desde el Estado ni los impuestos que pagan. Este coeficiente, conocido también como el “Gini de mercado”, no es solo varios puntos más bajo que el observado a inicios de los años 2000; también es menor que el de algunos países que conforman la OCDE. En efecto, nuestra distribución del ingreso es levemente mejor que la de Bélgica, Austria, Japón, Finlandia y el Reino Unido. Asimismo, nuestro Gini de mercado es cerca de un 10% menor que el de Irlanda, Grecia y Portugal.
Sin embargo, cuando se mide la desigualdad de ingresos incorporando la acción del Estado (transferencias monetarias e impuestos), el Gini de Chile se reduce en apenas 3 puntos mientras que en promedio en la OCDE cae en 14. De esta comparación se deduce que nuestras políticas de transferencias monetarias y de impuestos no hacen lo suficiente por redistribuir ingresos, y que estamos desaprovechando herramientas utilizadas por los países más desarrollados.
De estos datos es tentador concluir también que la desigualdad que produce el mercado en Chile no es preocupante porque se parece, o es incluso mejor, que la de varios países más desarrollados. Todo el esfuerzo, entonces, debe provenir del Estado.
Antes de saltar a esta conclusión, sin embargo, es crucial revisar cómo se construye el Gini. El índice se genera sobre la base de encuestas a hogares; en Chile se utiliza la Casen. Estas encuestas tienen limitaciones importantes si se desea lograr una mirada acabada de lo que sucede en el mercado. En particular, tienen dificultad para registrar los ingresos de las personas de más altos recursos, donde típicamente se produce la mayor parte de la desigualdad.
Para complementar la información que las encuestas de hogares no alcanzan a recabar, un grupo de académicos ha generado, sobre la base de registros administrativos de los respectivos servicios de impuestos, un conjunto de datos comparables sobre lo que sucede en la parte más alta de la distribución de ingresos en distintos países (World Top Incomes Database). Al revisar esos datos, la distribución de mercado en Chile ya no se ve tan favorable.
En efecto, el 1% de personas de mayores ingresos en Bélgica, Austria, Japón y Finlandia, países que tienen un Gini de mercado similar al nuestro, se llevan entre un 6,7% y un 10,4% del total de los ingresos. En Chile esta cifra es de 23,7%. Es más, el 1% de personas de más altos ingresos en los países de la OCDE es dueño, en promedio, del 10% de los ingresos, menos la mitad de lo que concentra el 1% más rico en Chile. Algo similar ocurre al revisar la fracción que se lleva el grupo de personas en el 10% más alto de la distribución de ingresos: un 55% en Chile versus un 31% en promedio en la OCDE.
Esta alta concentración significa que no solo debemos reparar una distribución desigual de los ingresos a través de impuestos y transferencias. Si nos importa la desigualdad, sobre todo aquella que se percibe como injusta, debemos además realizar acciones mucho más decididas sobre lo que sucede en los mercados.
En particular, debemos preocuparnos de si el retorno privado a la riqueza en la parte más alta de la distribución depende de manera importante de regulaciones económicas e instituciones políticas débiles, como una política de competencia en los mercados y una de protección al consumidor insuficientes. Ello no es equitativo y deteriora la confianza social tanto en el mercado como en las instituciones que lo regulan.
Por cierto, esta alta concentración es preocupante para la democracia, no solo por cómo se produce la riqueza, sino que también por cómo se gasta. Una riqueza extrema puede comprar poder, influencia política, campañas, centros de estudios, académicos, medios de comunicación e ideas más en general. Estas acciones pueden erosionar los esfuerzos por un desarrollo inclusivo.
Así, el índice Gini provee de una mirada útil, pero insuficiente, de lo que sucede en los mercados. Los avances que hemos observado son importantes, pero las comparaciones favorables con otros países no pueden llevarnos a acomodarnos en una situación que no se percibe ni como legítima ni como equitativa.
