[1] Por Jorge Higinio Maldonado [2] y Rocío del Pilar Moreno-Sánchez [3]
Colombia es un país megadiverso. Alberga más del 10% de la biodiversidad del planeta, de la cual, una parte importante se concentra en el bioma amazónico colombiano (BAC), el cual comprende 483.164 km2, que equivalen al 42.3% del territorio nacional, al 5.71% del total de la Amazonía regional (Guío-Rodríguez & Rojas-Suárez, 2019). La gran diversidad biológica de la Amazonía colombiana está representada en al menos 170 tipos de ecosistemas. La combinación de tipos de suelos, cercanía a montañas andinas, la influencia de la flora de la Orinoquia y de los afloramientos rocosos de la Guayana, hacen de la Amazonía colombiana un territorio especialmente diverso en términos de fauna y flora. La región también se caracteriza por su riqueza hidrográfica. Las cuencas del bioma amazónico de mayor relevancia incluyen los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, Vaupés, Guainía, Inírida, Guaviare y Vichada. La relevancia de esta hidrografía se relaciona con la provisión de agua dulce, transporte, y regulación climática, entre otros, tanto para sus habitantes como para poblaciones ubicadas más allá de sus fronteras.
El bioma amazónico colombiano genera una diversidad de contribuciones y servicios a la sociedad local, regional y global que incluye alimentos, fibras, servicios culturales e intangibles, captura de carbono, regulación hídrica y del clima, recreación y ecoturismo, paisaje, hábitat de múltiples especies, entre muchos otros.
A pesar de su importancia en términos de la conservación de la biodiversidad y de la variada provisión de servicios ecosistémicos, además de la protección de comunidades indígenas -algunas de ellas en aislamiento voluntario-, la Amazonía Colombia enfrenta crecientes y variadas presiones que amenazan la preservación y el mantenimiento de sus bosques.
Entender el bioma amazónico y su problemática requiere, además de identificar las dinámicas e intensidad de su deterioro y los determinantes directos y subyacentes del mismo, conocer las características de la población diversa que allí habita. La población de la Amazonía está influenciada por -y afecta directamente- la conservación y el mantenimiento del bioma amazónico en dinámicas e interacciones permanentes.
Para entender mejor las condiciones del BAC, estimamos indicadores para el bioma amazónico colombiano en cuatro dimensiones: 1) Sociales (socioeconómica y demográfica), 2) Conflictos socioambientales, 3) Ecosistemas asociados a agua dulce, y 4) Ecosistemas terrestres (bosques). Para cada dimensión, los indicadores se agrupan en categorías. Con esta información, estimamos y analizamos las interacciones entre indicadores, así como dentro y entre categorías, que permitan entender la importancia de estas relaciones para el diseño de modelos explicativos de la deforestación en el bioma amazónico colombiano.
Figura 1 Dimensiones y categorías de análisis de estado del bioma amazónico
Principales resultados
El bioma amazónico incluye seis departamentos completos (Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés) y parte de otros cuatro (Cauca, Meta, Nariño y Vichada). Allí se encuentran 77 entidades territoriales: 43 municipios completos, 16 parcialmente incluidos y 18 corregimientos no municipalizados.
Sociales
El bioma amazónico reúne, para 2018, a un poco más de un millón de personas (2,3% de la población nacional), 51% de las cuales se encuentran en cabeceras municipales (en contraste con 77% a nivel nacional). No sorprende, por tanto, que la densidad poblacional sea muy baja: 4,5 habitantes por km2, comparado con 39 en todo Colombia. Se estima también que 22% de la población del bioma amazónico es indígena (en el país es el 4,2%), siendo mucho más importante en los departamentos del oriente (Vaupés, Guainía, Amazonas y Vichada).
De acuerdo con el Censo 2018, el 3,6% de la población migró en el año inmediatamente anterior, 9,7% lo hizo en los últimos 5 años, y 32% son personas no nacidas allí, lo que da una idea de los patrones migratorios hacia la región.
Mientras que para todo el país se estima que el 19% de la población adolece de pobreza multidimensional, en el BAC esta proporción sube a 60%, y en los departamentos del oriente amazónico (o planicie) esta supera el 90%.
El BAC genera alrededor de 14,6 billones de pesos anualmente, equivalentes al 1,5% del valor nacional, concentrados en los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde se genera más de la mitad de ese valor. El valor agregado generado por cada habitante del BAC es de 14,4 millones de pesos (a nivel nacional es de 21,7).
En términos de actividad agropecuaria, se encuentra que en el bioma amazónico se sembraron (en 2019) 96,211 hectáreas, lo que equivale al 4,7% del área en cultivos transitorios del país. Los cultivos permanentes cubren 109.427 hectáreas, correspondientes a 0,23% del bioma amazónico y al 3,4% del área sembrada en el país en estos cultivos. Las más de 200 mil hectáreas de cultivos en el bioma amazónico generan una producción agregada de cerca de 615 mil toneladas de productos de cultivos transitorios y cerca de 819 mil toneladas de cultivos permanentes. La producción de cultivos transitorios representa el 3,97% de la producción nacional, mientras que la de cultivos permanentes equivale al 1,47% de la producción del país.
Para el bioma amazónico, se reportan en 2019, 3,32 millones de cabezas de ganado, equivalentes al 12,2% del inventario del país. Estos animales se concentran principalmente en Caquetá (57%), Meta amazónico (16,6%) y Guaviare (13,4%).
De acuerdo con INVIAS, en el bioma amazónico se encuentran 26.530 km de vías, lo que equivale al 6,9% de las vías del país. La mayor participación de estas vías la componen los caminos y los senderos (tipos 6 y 7), que suman más de 19 mil kilómetros y equivalen al 73% de las vías del bioma y al 8,5% de las vías de este tipo en el país.
Es importante destacar que esta escasa presencia de carreteras en la mayor área del BAC implica que el transporte se debe realizar por vías fluviales, cuando los ríos son navegables, o por aire. Para el BAC se estima la presencia de 55 de las 265 pistas de aterrizaje del país.
En Colombia, en promedio, se encuentran 17 suscriptores a servicios de internet dedicado (wifi) por cada 100 habitantes (equivalente a un índice de penetración de 0,17); este valor disminuye a 0,08 en el bioma amazónico.
Cobertura natural
Durante el siglo XXI, el área en bosque natural en el bioma amazónico pasó de 41,46 millones de hectáreas en 2002 a 39.17 millones de hectáreas en 2022. Es decir, en estos 20 años se perdieron 2.228.144 hectáreas, equivalente a 114 mil hectáreas por año, en promedio. Este cambio representa una reducción del 5,5% del área en bosque. Para el año 2018, se estima que el 82% del territorio del bioma amazónico colombiano se encuentra con la cobertura boscosa natural. Entre los departamentos, el más conservado es Amazonas con 96,1%, seguido por Vaupés con 92,7% y Guainía con 85,3%. Entre los más intervenidos, se encuentran Meta amazónico con 60,9%, Putumayo con 65,3% y Caquetá con 67,8%.
La deforestación es el principal problema que aqueja al bioma amazónico, ya que implica el cambio total en el uso del suelo, la pérdida de la biodiversidad que habita allí, y por tanto de los servicios ecosistémicos que brinda, y, generalmente, la implementación de prácticas productivas no adaptadas a las condiciones ecológicas del bioma. De acuerdo con la información recopilada por IDEAM y SINCHI, en el período 2001-2020, anualmente se deforestaron en promedio 109 mil hectáreas, para un acumulado en el siglo, hasta 2020, de 2.179.465 hectáreas, equivalente al 4,51% del bioma amazónico. Si se analizan estas cifras a nivel departamental, se observa que es Caquetá, con casi 800 mil hectáreas, el principal foco de deforestación, seguido por Meta amazónico (439 mil ha), Guaviare (364 mil ha) y Putumayo (300 mil ha).
Agua dulce
El Informe del Estado Nacional del Agua (ENA) ofrece una variada información sobre las condiciones de las fuentes hídricas en el país (IDEAM, 2023). De allí, se pueden obtener indicadores que reflejan las condiciones de oferta y demanda de agua en diferentes zonas y subzonas hidrográficas. Aunque el BAC se caracteriza por tener una oferta de agua dulce muy alta, en algunas regiones se empiezan a observar señales de alarma relacionadas con el uso del agua. En el 13% de los municipios del BAC ya se detectan niveles altos de presión hídrica sobre el ecosistema, todos ellos concentrados en Caquetá, y en el 45% se encuentran niveles altos o muy altos de transformación de zonas potencialmente inundables.
Conflictos socioambientales
La pérdida de ecosistemas naturales se asocia principalmente a los fenómenos de acaparamiento de tierras, cultivos de coca, y minería, ellos influenciados por la presencia de grupos armados ilegales que se lucran de estas actividades.
Desde 2002 hasta 2020, en el BAC se convirtieron a praderas (o pasturas), en promedio, 194 mil hectáreas anualmente. Para 2018-2020, esta cifra llegó a 236 mil hectáreas por año. Las quemas, que también reflejan los procesos de transformación de ecosistemas, llegaron a 2,1 millones de hectáreas, siendo los principales departamentos Caquetá con 39% del total de quemas reportadas y Meta amazónico, con 33%.
Las áreas en coca han variado en el BAC, pasando de cerca de 100 mil hectáreas anuales a principios del siglo, a aproximadamente la mitad, 20 años después, quizá como resultado del movimiento del cultivo a las zonas del Catatumbo y del Pacífico. Para el año 2018, se observa que de las 48.839 ha reportadas en cultivo de coca, 54%, es decir más de 26 mil hectáreas se encontraban en el departamento del Putumayo, seguido por Caquetá con casi 12 mil hectáreas.
En términos ecosistémicos, quizá la mayor preocupación tiene que ver con la minería. Los títulos mineros legales en el BAC suman casi 770 mil hectáreas, un área 16 veces mayor a la de cultivos de coca. La gran mayoría de estos títulos se concentra en la zona oriental del BAC, con Guainía reportando el 48% de estas áreas. Sin embargo, es la minería ilegal de aluvión la que genera una mayor preocupación por sus efectos devastadores sobre los ecosistemas y la salud. Para 2020, RAISG detecta 200 puntos de minería ilegal a lo largo de varios ríos, especialmente en la zona de planicie oriental del bioma, principalmente en los departamentos de Amazonas (49%) y Guainía (40%).
Estas actividades ilegales son una fuente importante de financiación para los grupos armados ilegales. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP cambió el panorama del conflicto armado, y aunque varios frentes se desmovilizaron, el vacío dejado ha sido progresivamente ocupado por otros actores armados, incluidas disidencias de las mismas FARC. Estos grupos ilegales post FARC (GAPF) se encontraban, de acuerdo con Indepaz, en 28 municipios del BAC en 2020.
El acuerdo de paz ha tenido un papel positivo en otros indicadores de violencia: el número de actos bélicos en el BAC pasó de más de 60 en 2015 a 7 en 2020; la población expulsada por violencia pasó de más de 30 mil personas al año en 2013 y 2014 a menos de 8 mil en 2018. El número de homicidios pasó de cerca de 800 por año en 2009-2014 a la mitad desde 2016.
¿Cómo interactúan los indicadores?
Un análisis de correlaciones entre indicadores permite entender las relaciones entre las dimensiones social, de ecosistemas terrestres y acuáticos, y de conflictos socioambientales.
Los municipios con mayor población total y los municipios con mayor proporción de población indígena tienen tendencias contrarias en términos de los indicadores sociales. Las entidades territoriales más pobladas tienden a tener mayor población migrante, a ser menos pobres, a tener mayor actividad económica, mayores áreas y producción de cultivos permanentes, mayor inventario bovino, mayor cantidad de vías, mayor acceso a internet y el desempeño institucional es mejor. En aquellos territorios con mayor proporción de población indígena la tendencia en todos estos indicadores es la contraria a la de los municipios más poblados (menor población migrante, mayor pobreza, menor actividad económica, menores áreas y producción de cultivos permanentes, menor inventario bovino, menor cantidad de vías, menor acceso a internet y peor desempeño institucional).
Figura 2 Principales correlaciones de los indicadores de población total y porcentaje de la población indígena con otros indicadores sociales
Los municipios con mayor presencia de grupos armados post FARC se caracterizan por tener mayor expulsión de población desplazada, con la presencia de actos bélicos y con mayores niveles y tasas de homicidios. Estos municipios tienden a estar relacionados con municipios donde hay mayor acaparamiento de tierras (praderización y quemas) y donde hay mayor presencia de cultivos de uso ilícito (coca).
Figura 3 Principales correlaciones de los indicadores de acaparamiento de tierras y presencia de cultivos de uso ilícito con indicadores de conflicto asociados a violencia
La presencia de cultivos permanentes, el inventario pecuario y la existencia de vías se asocian positivamente con el acaparamiento de tierras, con la presencia de grupos armados y actos bélicos, con la expulsión de población desplazada y con los homicidios. Mientras que la actividad ganadera se relaciona más fuertemente con el acaparamiento de tierras, la existencia de vías lo hace con la presencia de grupos armados, expulsión de población y homicidios. En particular, son las vías tipos 5, 6 y 7 las que juegan un papel más importante en estas relaciones. Así mismo, los municipios con mayor migración, y con mejor desempeño económico se asocian a la presencia de conflictos socioambientales como el acaparamiento, el conflicto armado y los homicidios.
Figura 4 Correlaciones entre acaparamiento de tierras y cultivos de coca con indicadores socioeconómicos
Por otra parte, la mayor proporción de población indígena se asocia con menores niveles de todos estos conflictos socioambientales, mientras que las actividades de minería legal e ilegal sí se relacionan con los municipios con mayor proporción de población indígena y mayor pobreza.
Figura 5 Correlaciones entre porcentaje de la población indígena en los municipios y diferentes conflictos socioambientales
Las diferentes medidas de deforestación en los municipios del bioma amazónico se asocian positivamente con los diferentes conflictos socioambientales, a excepción de la minería. Así, municipios con mayor deforestación son municipios con mayor presencia de grupos armados, actos bélicos, expulsión de población y homicidios. También la existencia de mayor deforestación en los municipios se relaciona con mayor acaparamiento de tierras y la presencia de cultivos de coca. La fragmentación del bosque también se corresponde de forma positiva con los procesos de praderización, existencia de cultivos de coca y problemas de violencia por grupos armados y homicidios, aunque no con la presencia de actividades de minería. En contraste, la presencia de bosque natural se asocia a municipios con menos cultivos de coca y menos homicidios, pero sí mayor presencia de actividad minera.
Instituto Igarape & InSight Crime (2021) -citando IDEAM (2018)- establecen siete motores de deforestación en Colombia: 1) praderización, 2) desarrollo de infraestructura, 3) expansión de actividades agrícolas en zonas vedadas, 4) ganadería extensiva, 5) cultivos de uso ilícito, 6) tala ilegal, y 7) minería ilegal. Nuestros resultados confirman esta afirmación para los cinco primeros; no tenemos información sobre tala ilegal y no encontramos una relación fuerte con la actividad minera.
En términos de los indicadores y categorías sociales, los municipios con mayor presencia de bosques se relacionan con municipios con menos población total, menos migración, más pobreza, y menos conectividad tanto en términos de vías como de acceso a internet. Por su parte, los municipios con mayor proporción de la población indígena son aquellos donde se observa mayor cobertura de bosque natural.
En el caso de la presencia de deforestación y fragmentación del bosque, la relación con los indicadores sociales se invierte. En aquellos municipios con más deforestación y fragmentación del bosque se encuentra mayor probabilidad de población migrante, presencia de cultivos permanentes y mayor cantidad de vías. Como es de esperarse, los municipios con mayor proporción de población indígena son aquellos donde es menos frecuente encontrar fenómenos de deforestación y de fragmentación.
Los municipios con una mayor demanda por servicios hídricos se relacionan positivamente con municipios con mayor población, mayor migración, más cultivos permanentes, más vías y mayor desempeño institucional, así como menor pobreza. Los municipios con mayor proporción de población indígena y con presencia de minería exhiben menor presión sobre el recurso hídrico.
Conclusiones
La información socioeconómica en el BAC es difícil y costosa de obtener. Esto contrasta con la información espacializada, como imágenes satelitales, que cada día están disponibles en mayor cantidad y mejor calidad, y casi en tiempo real, incluso para regiones remotas. Esta información permite identificar cambios en la cobertura del suelo como praderización o deforestación con un nivel de detalle considerable. Sin embargo, el nivel de precisión del conocimiento de las poblaciones que habitan el BAC continúa, en el mejor de los casos, limitado.
Armonizar información socioeconómica y satelital se convierte en un reto metodológico, ya que grandes extensiones de territorio solo cuentan con un dato asociado al municipio o CNM. Por otro lado, no es posible realizar análisis más desagregados debido a la dificultad de obtener información a escala de veredas o corregimientos en esta región.
A pesar de los retos, la información disponible es una fuente clave para empezar a comprender las condiciones socioeconómicas de la población de la amazonia colombiana; así mismo, este ejercicio realizado con esa información arroja algunas lecciones.
En este estudio estimamos las estadísticas para varios indicadores en los niveles municipal, departamental y para todo el bioma amazónico colombiano. El análisis municipal muestra la alta heterogeneidad entre los municipios que hacen parte -completa o parcialmente- del BAC. Sus diferencias responden a condiciones geográficas, biofísicas e históricas y se reflejan en los indicadores de todas las dimensiones. Esa información permite conocer no solo el contexto regional (BAC), sino también entender las condiciones particulares de niveles administrativos menores, de tal manera que sirva para sustentar el diseño políticas, planes y estrategias que articulen los objetivos nacionales con las necesidades locales.
Esperamos que este ejercicio esencial de caracterización y análisis de interacciones entre indicadores y categorías sea un paso para dilucidar el problema de la deforestación en el bioma amazónico.
Esta es una prioridad en la agenda mundial y es relevante ahora que Colombia será la sede del 16º encuentro de las partes del Convenio de Diversidad Biológica -COP16. Para esta conferencia se ha adoptado el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el cual tiene cuatro objetivos a largo plazo, relacionados con la Visión de la Diversidad Biológica para 2050 (CBD, 2022). De manera resumida, estos objetivos son:
- Se mantiene, se aumenta o se restablece la integridad, la conectividad y la resiliencia de todos los ecosistemas, aumentando sustancialmente la superficie de los ecosistemas naturales para 2050; se detiene la extinción de especies amenazadas conocidas causada por la actividad humana y, para 2050, el ritmo y el riesgo de extinción de todas las especies se reduce a la décima parte, y la abundancia de las especies silvestres autóctonas se incrementa a niveles saludables y resilientes; se mantiene la diversidad genética de las especies silvestres y domesticadas, salvaguardando su potencial de adaptación.
- La biodiversidad se utiliza y gestiona de manera sostenible y las contribuciones de la naturaleza a las personas, entre ellas las funciones y servicios de los ecosistemas, se valoran, se mantienen y se mejoran, restableciéndose aquellas que actualmente están deteriorándose, apoyando el logro del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras para 2050.
- Los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos, y de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, según proceda, se comparten de manera justa y equitativa, y en particular, cuando corresponda, con los pueblos indígenas y las comunidades locales, y se incrementan sustancialmente para 2050, al tiempo que se garantiza que se protegen adecuadamente los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, contribuyendo así a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con instrumentos de acceso y participación en los beneficios acordados internacionalmente.
- Se obtienen medios de implementación adecuados, incluidos recursos financieros, creación de capacidad, cooperación científica y técnica y acceso a la tecnología y su transferencia, para implementar plenamente el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y estos resultan igualmente accesibles para todas las Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, reduciendo progresivamente el déficit de financiación de la biodiversidad de 700.000 millones de dólares al año, y armonizando las corrientes financieras con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la Visión de la Diversidad Biológica para 2050.
Claramente, el logro de todos estos objetivos tiene que ver con la diversidad biológica, cultural y étnica de la región amazónica. Globalmente se reconoce la condición de país megadiverso de Colombia, con el BAC siendo uno de los repositorios más relevantes de biodiversidad en el país y en América Latina. Entender la relación de la sociedad con ese gran acervo de biodiversidad y el papel de las comunidades locales e indígenas en la gestión sostenible de la misma es clave para garantizar que el flujo de contribuciones de la naturaleza a las personas se mantenga y se mejore. Como se mencionó arriba, la conservación de gran parte del BAC se genera en zonas donde el bienestar de su población es precario; comunidades que enfrentan condiciones de pobreza extrema y limitado acceso a esquemas de bienestar social efectivos para satisfacer sus necesidades de salud, educación y vivienda, entre otros. La deuda en la distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad se mantiene en el Bioma Amazónico Colombiano. Por tanto, conocer y monitorear las condiciones socioeconómicas de la población que habita el BAC -zona mundialmente estratégica para la conservación-, no solo permite hacer seguimiento al cumplimiento de ese mandato de la CDB, sino identificar y ejecutar mecanismos basados en la naturaleza y en las comunidades que generen el bienestar en mora para esas poblaciones.
Bibliografía
CBD. (2022). Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Decisión adoptada por la conferencia de las partes en el convenio sobre la diversidad biológica. ONU Programa para el medio ambiente, Convenio sobre Diversidad Biológica, CBD. 19 dic. 2022.
Guío-Rodríguez, C.A. & Rojas-Suárez, A. (2019). Amazonia Colombiana: dinámicas territoriales. Ideas Verdes – Análisis Político Número 22. Fundación Heinrich Böll Stiftung, Bogotá.
IDEAM. (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, 466p.
Instituto Igarape & InSight Crime. (2021). Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia Colombiana. Instituto Igarape, Rio de Janeiro. 62p.
[1] Esta nota está basada en los resultados del estudio que se compilan en el documento CEDE titulado “Estado socioeconómico del bioma amazónico colombiano a la luz de la COP 16”. Documento CEDE 2024-27. Uniandes, Bogotá. Disponible en https://ssrn.com/abstract=4899152. Dicho documento fue producido en el marco de un proyecto de investigación ejecutado por CEDE-Universidad de los Andes y financiado por The Nature Conservancy, TNC, bajo el contrato COLOMBIA 139-FY24. Sin embargo, las ideas no necesariamente reflejan la visión de TNC. Queremos agradecer a Jorge Luis Montero y a Santiago Maldonado, asistentes de investigación del proyecto, quienes recolectaron y organizaron la mayor cantidad de la información utilizada en la estimación de indicadores y contribuyeron con excelentes y útiles ideas a lo largo de todo el proceso. También queremos agradecer a Priya Shyamsundar, Ian Luby, Catalina Góngora, Diana Ardila, Juliana Delgado, Carolina Polanía, e Isaí Victorino, de TNC global y TNC Colombia por sus ideas, discusiones y contribuciones a lo largo de la ejecución del proyecto. Esta investigación también fue parcialmente financiada por le red SDGNexus (grant number 57526248), Programa “Exceed – Hochschulexzellenz in der Entwicklungszusammenarbeit”, financiado por DAAD con fondos de German Federal Ministry for Economic Cooperation (BMZ). Esta fuente de financiación no estuvo involucrada con el estudio.
[2] Profesor titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia. jmaldona@uniandes.edu.co
[3] Investigadora asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia. romoreno@uniandes.edu.co, rociomoreno@yahoo.com
